Y sin embargo aquí estamos

Por Gabriela María De León Farías

En un país donde la violencia y la impunidad no son excepciones, sino la norma, en México,las familias de los desaparecidos enfrentan un calvario que desnuda la descomposición del Estado de Derecho y la siniestra colusión entre autoridades y crimen organizado. Para comprender la magnitud de esta tragedia, es necesario mirar hacia dos escenarios que, aunque separados por décadas y geografías, convergen en un mismo abismo: los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau y el Rancho Izaguirre en Jalisco. Ambos son símbolos de la capacidad humana para la crueldad sistemática, pero también de la resistencia de quienes se niegan a ser silenciados.

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Auschwitz-Birkenau, el infame campo de exterminio nazi, fue el resultado de un Estado que perdió toda noción de humanidad y diseñó una maquinaria de muerte industrializada. Este horror, ocurrido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, llevó al mundo a un punto de inflexión. Al término de esa guerra, la comunidad internacional, horrorizada por las atrocidades cometidas, estableció un nuevo orden basado en los derechos humanos. La creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron intentos concretos para asegurar que nunca más se repitieran crímenes como los de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, hoy, en México, parece que hemos retrocedido a ese lugar oscuro, donde la vida humana ha perdido su valor y la impunidad es la ley.

El Rancho Izaguirre, un lugar aislado en Jalisco, ha sido descrito como un centro de reclutamiento, entrenamiento y exterminio. Pero aquí no fue un Estado el que diseñó esta maquinaria de horror, sino ciudadanos mexicanos, en connivencia con autoridades corruptas. Lo más escalofriante es que, al igual que en Auschwitz-Birkenau, fueron también ciudadanos organizados, como los Guerreros Buscadores, quienes destaparon este infierno mientras buscaban a sus seres queridos desaparecidos. Estas familias, lejos de recibir apoyo, han sido revictimizadas, agredidas e invisibilizadas por un Estado que prefiere mirar hacia otro lado.

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Las familias de los desaparecidos viven en un limbo de incertidumbre y dolor. No solo enfrentan la desaparición de sus seres queridos, sino también el miedo constante a ser silenciados por el crimen organizado o ignorados por un Estado que parece más interesado en proteger su imagen y la de los delincuentes, que en garantizar justicia. En el caso del Rancho Izaguirre, las autoridades no solo han minimizado los hechos, sino que participaron en la limpieza del lugar destruyendo toda evidencia, obstaculizando cualquier posibilidad de esclarecer la verdad y quitandole la posibilidad a las personas buscadas de ser encontradas por sus familiares. Esto no es solo una falla del sistema; es una traición a los principios más básicos de humanidad y justicia.

La colusión entre autoridades y crimen organizado es el cáncer que corroe a México. En lugar de ser garantes de la ley, muchos funcionarios se han convertido en cómplices de la barbarie. Esta situación no solo evidencia la ausencia del Estado de Derecho, sino que también nos obliga a preguntarnos: ¿en qué momento permitimos que nuestro país se convirtiera en un lugar donde la vida humana vale menos que el silencio y la complicidad?

El caso del Rancho Izaguirre no es solo una tragedia mexicana; es una advertencia para el mundo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad juró nunca más permitir que se repitieran las atrocidades de Auschwitz-Birkenau. Sin embargo, en México, hemos retrocedido a ese lugar oscuro donde la vida es desechable y la impunidad es la norma. Este no es solo un problema de seguridad o de corrupción; es una crisis de humanidad.

México se ha convertido en un espejo distorsionado de aquel orden internacional basado en los derechos humanos que surgió después de 1945. Hoy, las fosas clandestinas y los centros de exterminio como el Rancho Izaguirre son una burla a los principios que alguna vez nos unieron como civilización. Las familias de los desaparecidos no solo buscan a sus seres queridos; están luchando por la dignidad de un país que ha perdido su rumbo.

Es hora de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad histórica y garantice justicia, verdad y reparación. Pero también es hora de que la comunidad internacional mire hacia México con la misma urgencia con la que miró hacia Auschwitz-Birkenau. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de un país, sino la supervivencia de los principios que nos hacen humanos. Las familias de los desaparecidos no pueden seguir esperando. México no puede seguir esperando. El mundo no puede seguir esperando. La oscuridad de Auschwitz-Birkenau no debe repetirse nunca más, en ningún lugar. Y sin embargo, aquí estamos.

Gabriela María De León Farías

Maestra en Derechos Humanos

Especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas

Ciudadana