Por Ethel Arredondo
Torreón, Coahuila.- El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y el Centro para Migrantes Jesús Torres 24/7 emitieron un pronunciamiento público en el que denunciaron presuntos actos de violencia, discriminación y abuso cometidos por guardias de seguridad de Ferromex en contra de tres migrantes que llegaron a la Comarca Lagunera el pasado 26 de mayo.
De acuerdo con el documento, los afectados son dos ciudadanos venezolanos y un ciudadano marroquí que buscaban abordar el tren para continuar su trayecto migratorio, debido a que sus condiciones económicas y migratorias no les permitían acceder a otros medios de transporte como autobús o avión.
Las organizaciones señalaron que la condición de migrantes coloca a estas personas en una situación de vulnerabilidad, pues se encuentran lejos de sus países de origen, enfrentan limitaciones económicas y buscan oportunidades laborales que les permitan sostenerse y apoyar a sus familias.
En el pronunciamiento, acusaron a un grupo de guardias de Ferromex de utilizar su posición y el equipo que portan para ejercer actos de discriminación, intimidación y violencia contra personas migrantes.
“Se toman la atribución como si fuera un derecho de discriminar, despojar de lo poco que tienen, de golpear, de amedrentar y violentar el derecho de solo ser tratada como persona con dignidad”, señalaron.
Las organizaciones afirmaron que los tres migrantes fueron víctimas de tratos que calificaron como inhumanos. Indicaron que, debido a que algunos de ellos no hablan ni comprenden plenamente el español, enfrentaron mayores dificultades para defenderse o comunicarse durante los hechos denunciados.
Asimismo, sostuvieron que los migrantes fueron presuntamente golpeados, insultados y discriminados por su nacionalidad, además de ser tratados como delincuentes pese a que, según el pronunciamiento, no opusieron resistencia ni realizaron actos agresivos contra el personal de seguridad.
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Los organismos también denunciaron que los afectados habrían sido despojados de algunas de sus pertenencias y sometidos a situaciones degradantes. Entre las acusaciones más graves, señalaron que fueron lanzados a aguas sucias y contaminadas.
“Fueron agredidos físicamente, verbalmente, denigrados al ser lanzados a aguas sucias y contaminadas, despojados de las pocas pertenencias que cargan consigo cuando buscan economizar el poco dinero que traen, pasando hambre, sed, cansancio y enfermedad”, expusieron.
El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y el Centro para Migrantes Jesús Torres 24/7 señalaron que no buscan revictimizar a las personas afectadas, sino visibilizar una situación que consideran recurrente en el trato hacia la población migrante.
Añadieron que su compromiso es denunciar cualquier acto que vulnere los derechos humanos de las personas migrantes y señalaron que los hechos dejaron a las víctimas en una condición de temor.
En el documento, ambas organizaciones recordaron que los derechos humanos deben garantizarse para todas las personas sin importar su nacionalidad o situación migratoria, y lamentaron que algunos cargos o funciones de seguridad sean utilizados, según afirmaron, para discriminar, criminalizar, amedrentar o violentar a personas en condición de vulnerabilidad.
También destacaron que detrás de cada persona migrante existe una historia de vida, una familia y un proyecto personal, por lo que rechazaron que se les asocie automáticamente con actividades delictivas.
“Ser migrante no es sinónimo de delincuente sino de alguien que necesita”, señalaron.
Finalmente, hicieron un llamado a Ferromex para revisar sus protocolos de actuación y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
Las organizaciones solicitaron que estos hechos no se repitan y reiteraron que toda persona merece un trato digno, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
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