Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Hace 17 años se hizo realidad el aborto legal en la Ciudad de México, una medida histórica que ha marcado un hito en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y de las organizaciones y movimientos que implica, sobre todo, su derecho a decidir libremente acerca de ejercer o no su maternidad, en qué momento o en ninguno, si quiere serlo o no y este logro visibiliza la lucha feminista porque fueron ellas quienes lo han hecho posible.
Esta medida no solo ha contribuido a reducir la mortalidad materna, sino que también ha brindado a las mujeres la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Entre 2007 y mayo de 2023, se practicaron un total de 263.267 abortos legales, de los cuales 180.778 correspondían a mujeres residentes en Ciudad de México.
Con sólidos argumentos, datos académicos y científicos se sustentó que el aborto ilegal, clandestino e inseguro era un problema social al que las autoridades debían brindar respuesta. El 24 de abril de 2007, con el voto de una amplia mayoría de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, se despenalizó el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, las mujeres habían iniciado esta batalla a lo largo de las últimas décadas del siglo XX.
1936: Se presentó en México la primera disertación en la que se argumentó la necesidad de cambiar la ley que prohibía el aborto.
Entre 1970 y la llegada de nuestro milenio, el debate sobre el aborto en México comenzó a resonar en más lugares. En los 70, organizaciones como el Comité Nacional de Mortalidad Materna y el grupo socialista Mujeres en Acción Solidaria comenzaron a hablar sobre maternidad voluntaria, aborto legal y acceso a anticonceptivos.
1976: La Coalición de Mujeres Feministas presentó el primer proyecto de ley sobre aborto. Se realiza la Primera Jornada Nacional sobre Aborto y la Coalición de Mujeres Feministas (CMF) presenta una propuesta legislativa que, no obstante, fue ignorada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, hubo un avance importante: la creación del Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México, el cual llegó a la conclusión de que la interrupción del embarazo debía despenalizarse y México tenía que cambiar su normatividad al respecto (un consejo que tampoco fue acatado por el gobierno).
El Consejo Nacional de Población (CONAPO), constituyó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México.
1978: Se realizó una manifestación en el Monumento a la Madre en memoria de las mujeres muertas por abortos mal practicados.
1979: Se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM), en conjunto con la Coalición, presentaron un proyecto renovado de Ley de Maternidad Voluntaria.
En la década de los noventa, sobre todo en la Ciudad de México, empezó a convertirse en una preocupación colectiva, una demanda social en la agenda pública.
El Decreto se publicó el 26 de abril de 2007, dos días después de su aprobación y entró en vigor al día siguiente, el 27 de abril. El 4 de mayo de 2007, la Secretaría de Salud local publicó una normatividad interna sobre los servicios de salud relacionados con la denominada Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Bajo esta, los servicios públicos de la ILE son gratuitos para las mujeres que residen en la Ciudad de México, pero no hace falta vivir en la capital del país para acceder a esta medida. Este momento es significativo, porque además conmemora el logro de las luchas de las mujeres organizadas en la construcción de sus derechos.
Esto ha otorgado a las mujeres mayor control sobre sus vidas y cuerpos, así como la capacidad de planificar sus familias de manera responsable. Además, la despenalización del aborto representa un avance en términos de libertad y autonomía, al reconocer el derecho fundamental de las personas para tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
Antes de esta medida, el acceso al aborto estaba limitado por leyes restrictivas y normas sociales estigmatizantes, lo que impedía a las personas ejercer plenamente su autonomía reproductiva. En este aniversario, se hace un llamado al Congreso para que avance en la despenalización del aborto en todo México, en línea con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es fundamental que se garantice el derecho de todas las mujeres gestantes a acceder a servicios de aborto seguros y legales, protegiendo así su vida y su salud.
Es importante detallar que el 6 de septiembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar, por tanto, IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres que lo soliciten.
Asimismo, ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.
Ley Robles
En el año 2000, Rosario Robles —quien en ese entonces era Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, presentó la iniciativa de la Ley Robles frente a la Asamblea Legislativa. En ella propuso reformar el Código Penal de la Ciudad de México (CDMX) para ampliar los motivos por los cuales una mujer podía acceder al aborto.
Antes de la propuesta de la entonces secretaria de gobierno, las causas por los que a una mujer no se le podía castigar por abortar en la CDMX eran: haber sufrido una violación, haber abortado por una acción imprudencial o cuando hubiera riesgo de muerte para la mujer en caso de continuar con el embarazo.
Con la propuesta de Rosario Robles, la causa de muerte se amplió y quedó establecido que el aborto era legal cuando existiera un grave riesgo para la salud de la mujer. También, cuando el producto mostrara malformaciones congénitas graves o cuando el embarazo fuera producto de una inseminación artificial no consentida.
Además de eso, la propuesta de Robles Berlanga también establecía claramente que el Ministerio Público debía autorizar el aborto en caso de que una mujer lo solicitara tras haber sido víctima de una violación. Antes de la Ley Robles este era un vacío legal que, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), obstaculizaba fuertemente el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La mayoría perredista aprobó la Ley Robles en agosto del año 2000. No obstante, un mes después, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) interpusieron un juicio de inconstitucionalidad para obstaculizar su entrada en vigor. Sin embargo, a finales de enero de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la Ley Robles.
Antes de que se aprobara la propuesta de Rosario Robles, varios estados de la República Mexicana ya contaban con sus regulaciones respecto a la ILE. En Chiapas, por ejemplo, existía un precedente importante, pues en 1990, el gobierno del estado aprobó las reformas necesarias para despenalizar el aborto como método de planificación familiar.
Por otro lado, en el 2000, el estado de Morelos publicó diversas leyes y procedimientos sobre la ILE —mismas que, sin embargo, sufrieron un retroceso en 2008, cuando se reconoció el derecho a la protección jurídica de la vida desde la concepción—.
Sin embargo, la Ley Robles se distinguía de estas iniciativas por establecer de manera clara los mecanismos para poder acceder a la Interrupción Legal del Embarazo. En otras palabras, la iniciativa de Rosario Robles hacía explícito el papel de las autoridades al momento de que las mujeres solicitaran un aborto.
Con la aprobación de dicha iniciativa, la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Salud del Distrito Federal —ahora CDMX— emitieron protocolos para regular el servicio del aborto en la entidad. Además, en estos mecanismos se establecieron las obligaciones de los servidores públicos cuando una mujer solicitara la ILE.
De esta forma, la Ley Robles sentó un precedente importante a la hora de minimizar las barreras para que una mujer pudiera interrumpir su embarazo con el menor riesgo posible.
Ciudad de México, ciudad de derechos
Durante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se planteó que la penalización del aborto constituía una restricción de los derechos humanos de las mujeres.
Este se centró en un tema de análisis dentro de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, específicamente como derechos sexuales y derechos reproductivos que favorecen la toma de decisiones de las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a sus vivencias internas asociadas al cuerpo, la mente, las emociones y la salud; y a las externas de acuerdo al contexto social, político y cultural.
Las obligaciones de las autoridades en la Ciudad de México frente a estos derechos se pueden agrupar en tres categorías:
De respeto. Su no interferencia en el goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos.
De protección. Deben impedir que terceros violen o intervengan en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
De cumplimiento. Deben adoptar políticas públicas que favorezcan el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, jóvenes y niñas.
Mitos sobre la ILE
1) Es un procedimiento riesgoso y causa secuelas físicas.
FALSO. Es un procedimiento que se realiza en condiciones adecuadas, seguras y legales. Lo que más afecta a las mujeres a nivel emocional es el estigma social y no el procedimiento en sí mismo.
2) Las mujeres que interrumpen su embarazo tienen un perfil determinado.
FALSO. Las razones que llevan a las mujeres a decidir una ILE son variadas y diversas: planes de vida, contextos de violencia, situaciones económicas precarias, condiciones de salud, entre otras.
3) Interrumpir el embarazo puede aumentar el riesgo de problemas en un embarazo posterior o causar problemas de fertilidad.
FALSO. La ILE no causa problemas de fertilidad o complicaciones de embarazos futuros, pero si existen riesgos si la interrupción se da en la clandestinidad, sin la supervisión y/o atención médica adecuada.
4) La ILE ha llevado al aumento de esta práctica en la Ciudad de México.
FALSO. Las cifras refieren que las interrupciones legales del embarazo han disminuido con el paso de los años. En el año 2011 se llevaron a cabo 20 mil 319 interrupciones, mientras que en 2021 se realizaron 12 mil 295.
Interrupción Legal del Embarazo ≠ Interrupción Voluntaria del Embarazo
En la Ciudad de México, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se brinda hasta las doce semanas de gestación si la mujer lo solicita, independientemente de las razones que tenga para ello, como parte de una atención integral basada en su derecho a decidir sobre su vida productiva en condiciones de atención médica segura.
Por otra parte, la Ley de Salud local reconoce el derecho de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo como resultado o consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes y conforme a los términos de la NOM-046-SSA2-2005, no hay límite de semanas de gestación.
Para llevar a cabo ambos procedimientos, las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México deben proveer los servicios de manera segura, confidencial y gratuita, sin importar si las mujeres cuentan o no con algún tipo de derechohabiencia.
En países como Argentina, Chile y México se ha establecido un movimiento en favor de la despenalización del aborto denominado “Marea Verde”. Su símbolo, un pañuelo verde, se ha extendido por América Latina y el mundo ganando visibilidad en el verano de 2018. En Argentina, la Cámara de Diputados discutió y aprobó una iniciativa de despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación.
Sin embargo, frente al Senado fue rechazada por siete votos que demostraban que la despenalización estaba más cerca de lo que se creía. El movimiento se abrió al debate público, incorporando no solo a organizaciones y movimientos de mujeres ya constituidos, sino a mujeres, jóvenes y niñas que se integraron a la demanda colectiva como un asunto de justicia reproductiva.
Brindar a todas las mujeres el poder social, económico y político para la autodeterminación sobre sí mismas. En la Ciudad de México la marea continúa, la ILE es un gran avance, pero se trabaja aún contra la violencia obstétrica, la conciliación entre la vida laboral y reproductiva y la reproducción asistida, así como por la educación sexual en distintos ámbitos.
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