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Las cifras de la violencia contra las mujeres en México no pintan un panorama alentador para 2023. Además, el presupuesto asignado para la igualdad de género y el Plan B de la reforma electoral dejan mucho qué desear. Pese a ello, el trabajo incansable de activistas feministas están llenando los vacíos del Estado. Estas mismas activistas han marcado agendas importantes para el año próximo.
El gobierno mexicano comenzará su marcha el próximo 2023 con un presupuesto de poco más de 348 mil millones de pesos para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Más de la mitad de ese presupuesto será usado en el programa de pensiones para adultos mayores.
El resto del dinero se reparte entre programas de fertilizantes, agricultura y energía, dejando con recursos insuficientes a refugios y programas de prevención y atención de las violencias machistas. Aun así, se ha anunciado que el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF) contratará a más personal especializado para atender a víctimas de violencia.
Sin embargo, nada asegura que la violencia contra las mujeres vaya a disminuir el año entrante dada la falta de recursos para combatirlas a través de otras políticas públicas.
Paridad de género y derechos electorales de mujeres indígenas están en riesgo
Junto con el déficit presupuestal, el 2023 llegará con el recién aprobado Plan B de la reforma electoral. En él se estipulan por lo menos dos medidas que ponen en peligro los avances en materia de paridad de género y otra más que representa un retroceso importante en el reconocimiento de las comunidades indígenas.
Una de ellas establece que el principio de paridad quedará a consideración de los partidos políticos, lo cual borra su carácter de obligatoriedad. Esto puede traer casos como los del Estado de México y Coahuila, donde este 2022 se dictaminó que el INE no tiene facultades para obligar a los partidos a postular a mujeres para sus candidaturas.
Asimismo, el llamado Plan B estipula que los organismos electorales tampoco tienen por qué incidir en las conductas que deben ser juzgadas por otras autoridades, tales como el abuso o el acoso sexual y el incumplimiento de la pensión alimenticia. Lo anterior atenta contra la Ley 3 de 3, la cual estipula que ningún agresor puede ocupar un cargo público por la impunidad y el peligro que sus redes de poder suponen para las víctimas.
Por otro lado, el decreto aprobado por la Cámara de Senadores también elimina diversos artículos que reconocen la diversidad cultural de México y las diferentes formas de autogobierno de los pueblos. Esto representa un grave retroceso en el reconocimiento de la identidad y de los gobiernos autogestivos de las entidades originarias del país.
El Plan B volverá a discutirse en 2023 en el Congreso. Además de este pendiente, el Congreso y la Cámara de Senadores tienen otras iniciativas guardadas en la gaveta que sí constituyen avances importantes para las mujeres mexicanas.
Las leyes impulsadas desde el activismo feminista
Entre las reformas que han quedado suspendidas y deben retomarse en 2023 se encuentran la Ley Sabina, la Ley Vicaria, la Ley de Violencia Ácida, la Ley Camila y la Ley Monzón. Todas estas iniciativas locales y federales han sido impulsadas por mujeres activistas, madres y víctimas de violencias machistas que han decidido acompañar a quienes atraviesan por situaciones similares a las suyas.
Tres de estas iniciativas (la Ley Sabina, Ley Vicaria y Ley Camila) buscan proteger los derechos de las madres y de las infancias frente a expresiones de violencia como la sustracción de hijas e hijos y el incumplimiento de la pensión alimenticia. La Ley Vicaria ya ha sido aprobada en 15 entidades de la República, mientras que la Ley Sabina ha sido presentada en estados como Morelos, Oaxaca, Baja California, Michoacán y la Ciudad de México.
Por otra parte, se espera que para 2023, el gobierno de Puebla apruebe la Ley de Violencia Ácida y la Ley Monzón. La primera de ellas propone sancionar los ataques contra mujeres perpetrados con sustancias químicas; la segunda, por su parte, busca quitar la custodia de hijas e hijos a padres feminicidas.
Estas y otras iniciativas no serían posibles sin el trabajo de colectivas como el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, CAM-CAI, la Red Nacional de Refugios, Nos queremos vivas Neza y activistas como Cynthia Bravo, Norma Andrade, Araceli Osorio y Helena Monzón, entre una lista enorme que no cabe en estas líneas.
Las mujeres que conforman estos frentes están decididas a no dejar que la violencia machista siga arrebatando espacios y cobrando miles de vidas al año. Aún cuando muchas de ellas trabajan sin recursos y en el abandono del Estado mexicano, están dispuestas a acompañar a todas aquellas para quienes el 2023 augura un destino incierto.
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