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Guerrero, Gro.- A 20 años sin justicia tras la agresión sexual perpetrada por militares hacia Inés Fernández Ortega, se llevó a cabo la audiencia de vista final contra el militar Hugo Humberto García de León, quien es uno de los elementos señalados por la tortura ejercida en perjuicio de la mujer indígena me’phaa.
A través de un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, instó a las autoridades a garantizar la protección y el acceso a la justicia a Inés, quien por más dos décadas “ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia, a pesar de los diversos obstáculos y los riesgos que ha tenido que enfrentar para acceder a la justicia”.
La audiencia estaba agendada para el pasado 17 de octubre; sin embargo, fue pospuesta debido a que Hugo Humberto G. se encuentra preso en el Campo Militar número uno de la Ciudad de México y debía acudir a un juzgado de procesos federales en esa entidad, pero no se hicieron los trámites necesarios para que el inculpado acudiera a comparecer.
Esta decisión preocupó a Inés y su defensa, ya que existe el temor de la presencia de presiones por parte del Estado y el propio Ejército para que el militar no sea sancionado por la agresión perpetrada en 2002.
“Lo que pido como víctima es que a la persona que está detenida se le dicte una sentencia. No solo es para mí como mujer me’phaa, sino para todas que han vivido agresiones sexuales”, señaló Inés Fernández en conferencia de prensa a su salida de la audiencia realizada el 24 de octubre.
Cabe recordar que otro de los responsables de la agresión en contra de Inés, Salvador Aguilar Otáñez, murió tras una pelea en la cárcel militar número uno.
Dos décadas sin justicia para Inés
El 22 de marzo de 2002 Inés se encontraba en su domicilio, cuando un grupo de militares entraron a su hogar y abusaron sexualmente de ella frente a sus cuatro hijos.
La presentación de la denuncia ante las autoridades supuso para Inés un camino que no ha culminado a 20 años, incluso la mujer declaró que fue tachada de mentirosa por parte del personal de la instancia a la que acudió.
Debido a la impunidad en el caso, Inés Fernández, la Organización de Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’paa (OPIT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, el 14 de junio de 2004 presentaron una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2006 la Comisión rindió su informe de admisibilidad en el caso y recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para la reparación integral de los derechos violados, otorgando dos meses para ello.
Posteriormente, la CIDH concedió una prórroga de tres meses al Estado para presentar el escrito de demanda. Sin embargo, las autoridades mexicanas incumplieron las recomendaciones, por lo que el 7 de mayo de 2009 la Comisión decidió someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Fue así como el 30 de agosto de 2010 la CorteIDH declaró que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada de Inés, dando lugar a un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en 2012, en el que las autoridades mexicanas ofrecieron una disculpa pública a la mujer mepha’a.
Violencia e impunidad sistémica
El caso de Inés se suma al de Valentina Rosendo Cantú, quien en 2002 también fue víctima de violencia sexual por parte de militares en el estado de Guerrero. Para Valentina Rosendo Cantú, el acceso a la justicia estuvo plagado de irregularidades por parte de las autoridades mexicanas, por lo que en 2010 su acusación llegó a la CorteIDH, donde nuevamente se responsabilizó al Estado por dicha agresión y las omisiones que le prosiguieron.
Finalmente, tras varios años de ejercer presión, el 7 de junio de 2018, la Jueza Federal Iliana Contreras condenó a los responsables de la violación de Valentina Rosendo Cantú a 19 años de prisión.
Ernestina Ascencio Rosario, una mujer náhuatl de 73 años, también vivió en carne propia la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas. El 26 de febrero de 2007 perdió la vida tras haber sido agredida sexualmente por miembros del Ejército Mexicano.
En 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para reabrir el caso, y este 2022 diversas organizaciones han pedido que se realice una investigación independiente para, por fin, alcanzar la justicia.
Lo anterior es reflejo de la impunidad que permea en torno a las violaciones ejercidas por las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con Amnistía Internacional, son más de cuatro mil casos perpetrados desde 2014, de los que se tiene registro.
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