Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Personas al frente de la «La Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990», encargados de elaborar un informe que permita saber qué pasó con las personas desaparecidas durante ese tiempo, han denunciado que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) ha ejercido «una franca obstrucción» para entrar a sus archivos.
La Sedena les ha reiterado que ya no obtendrán más información. El plazo para que La Comisión de la Verdad entregue su informe al gobierno de México, vence en septiembre de 2024.
«En un principio la Sedena mostró una disposición inicial al colaborar pasivamente, nos dejó entrar en los archivos, pero en la medida en que fuimos avanzando en nuestra investigación esa colaboración pasiva se convirtió en franca obstrucción», señaló el Comisionado David Fernández.
Y, es que, aunque en un principio la Sedena mostró disposición para colaborar con los trabajos de La Comisión de Verdad, fue pasando por varios estadios, y a medida que se fue avanzando en la investigación, los elementos castrenses cambiaron de opinión.
El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y, si alguno de los integrantes del Ejército no entrega la documentación consignada en el Decreto Presidencial derivan en un acto de franca desobediencia ante un mandato del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, no hace sentido ya que es bien sabido que las fuerzas castrenses son expertas en seguir una cadena de mando y, en mantener la lealtad ante sus superiores.
Toda vez que los canales establecidos para recopilar la información no dieron frutos, debido a los escasos archivos que les fueron proporcionados y, a la información testada, decidieron retirar a sus investigadores y, acudir a una nueva instancia.
Para lograr el acceso a la información que la Sedena, no estuvo en disposición de compartir, acudieron a los requerimientos de transparencia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Mediante el mecanismo de solicitud de información, interpusieron alrededor de 150 solicitudes y, en específico, el tema de los: «vuelos de la muerte», el Ejército solo les entregó una tercera parte de la información y, testada -por lo cual no era legible-, es decir, estaba incompleta.
Ante los hechos, el también sociólogo, David Fernández, detalló que existen diversas formas de llegar a la verdad y, que no todas, tendrían que pasar necesariamente por los archivos de la Sedena, dijo:
«Las personas comisionadas haremos nuestro informe, hay otras fuentes de verdad, de las víctimas que hemos entrevistado, de un millar de víctimas que nos han dado elementos para hacer un retrato de lo que ha ocurrido».
«No vamos a decepcionar al pueblo de México con el encargo que nos ha confiado», puntualizó.
Resabios de resistencia
Con las declaraciones vertidas en contra de la Sedena, se establece que hoy estaría incumpliendo el derecho a la obtención de la verdad, al transgredir normas internacionales, el decreto que emitió el presidente de la República debido al cual se creó la Comisión de la Verdad y Justicia, además incumple la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Baste recordar que el mecanismo para el esclarecimiento de la verdad de los hechos acontecidos durante la llamada «Guerra Sucia»implementada y ejecutada por el Estado Mexicano durante el siglo pasado, se activó en el presente sexenio mediante decreto presidencial.
De esta forma, en el 2021 se creó mediante decreto presidencial la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, con el objetivo de llevar a cabo una investigación y, presentar, resultados finales en septiembre del 2024.
Ya en octubre del 2021, el gobierno federal habría informado a la opinión pública que Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart formarían parte de dicha Comisión de la Verdad.
Durante el arranque de los trabajos de investigación, el Comisionado y ex rector del Sistema Universitario Jesuita, David Fernández Dávalos, expresó:
“La Comisión para la Verdad y la Justicia es un proyecto histórico con alcances fundacionales. Pretende voltear al pasado, para esclarecer lo ocurrido durante la Guerra Sucia, como al futuro. Así, investigaremos y expondremos graves violaciones con miras a establecer una nueva cultura de derechos humanos”.
“La Comisión es interlocutora para la sociedad en general y, en particular, para las víctimas y sobrevivientes».
«A partir del mandato establecido en el decreto presidencial que la creó, las y los comisionados estamos dando prioridad a atrocidades individuales y no tanto a injusticias sistémicas. Por eso nos enfocaremos en las víctimas y en los autores de los crímenes”, disertó.
Lealtad a la memoria
Entre las múltiples definiciones que existen acerca del proceso cognitivo de la memoria, una de ellas podría ser: la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales.
Sin embargo, para los familiares de los desaparecidos, la memoria es algo que va más allá, la memoria significa una conexión íntima con sus seres amadas y amados.
El Comisionado, David Fernández, habría señalado con anterioridad, que, por encima de la elaboración de un informe, el trabajo de la Comisión de la Verdad consistiría en contribuir al proceso de asimilación de la verdad, para lo que comenzarían por escuchar a víctimas, responsables, actores sociales, sobrevivientes del conflicto de la Guerra Sucia:
“La comisión tiene que generar una verdad incluyente, que no solo dé cuenta de las atrocidades cometidas, sino que también ayude a explicar el conflicto y los factores de persistencia”, expresó.
De acuerdo con Lucía Lagunes Huerta, periodista, la Comisión de la Verdad en la llamada Guerra Sucia en México, reconoce la trascendencia de hacer una investigación poniendo en el centro los derechos humanos de las mujeres para reconstruir este periodo histórico y las graves violaciones de derechos humanos en este periodo de represión política y policiaca que terminará mandato este 2024.La represión del Estado Mexicano ocurrido entre 1965 1990, en cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos se infligió de manera distinta entre mujeres y hombres, haciendo de la violencia en contra de las mujeres un instrumento de control político que no terminó en los años 90 sino que se mantiene hasta el día de hoy.
Entre las atrocidades que ha identificado hasta ahora la comisión se encuentra; por ejemplo, la violencia obstétrica, es decir, mujeres que abortaron o quedaron incapacitadas para gestar debido a la tortura a la cual fueron sometidas.
Entre las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en esta época está la violencia sexual y la tortura sexual, así como la reclusión clandestina probablemente por ser hija, hermana, compañera, madre de un hombre que el Estado Mexicano identificó como enemigo.
El libro Guerrilleras, sobre la participación de las mujeres en la lucha armada durante el periodo conocido como guerra sucia, dedica uno de sus capítulos a las 43 mujeres que fueron detenidas-desaparecidas entre 1971 y 1983.
De acuerdo con la información obtenida de los expedientes oficiales, 18 casos corresponden a la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC-23), seis del Partido de los Pobres (PDLP); dos más eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), una del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y una más de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
También se registraron dos casos de mujeres que no se especificaba a qué movimiento pertenecieron, y 10 mujeres que fueron detenidas aunque no fueran guerrilleras o no tuvieran militancia política.
Tejiendo la memoria
Durante la transmisión del webinar «los vuelos de la muerte, una reconstrucción audiovisual», realizada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) participaron, la familia de la activista desaparecida en la época de la guerra sucia, Alicia Ríos Merino, David Fernández y Alan García.
César Contreras León, del Prodh, dijo que «los vuelos de la muerte fueron una operación secreta coordinada de manera sistemática, que desde el Estado mexicano, desde el Ejército Mexicano, en particular se dio. Y, lo que se relata en el video es una reconstrucción a partir de información que desafortunadamente permaneció oculta mucho tiempo».
Alicia de los Ríos, hija de nombre homónimo a su mamá, es una activista comprometida que junto con su familia han luchado incesablemente por dar con el paradero de su mamá.
En la plática del Prod, estuvieron presentes sus tías Irene e Irma, quienes dieron fiel testimonio de lo que significa buscar durante tanto tiempo a un familiar. Además del sentimiento que produce, el ir viendo como, poco a poco, otros familiares que también realizaron activismo como su hermana Martha, se les van adelantando en el camino.
El video de los vuelos de la muerte, sintetiza de manera documentada y en tercera dimensión, el escenario más probable, del destino que habría tenido Alicia de los Ríos, la activista desaparecida hace 47 años.
Durante la charla, la hija de la activista desaparecida, compartió con la audiencia que de los 46 años de lucha por saber el paradero de su madre, «estos 14 minutos de duración del video, sintetizan el valor de nuestra búsqueda».
Actualmente, tiene dos amparos presentados en contra del Centro Nacional de Inteligencia y, de la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de la omisión de entregar los archivos plenamente al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
La fecha límite de la entrega de resultados de la Comisión de la Verdad está a la vuelta de la esquina, César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, A.C., Prodh, brindó un reconocimiento a la labor de los comisionados ya que el mecanismo de esclarecimiento histórico tiene un trabajo a contrarreloj, dijo:
“Tanto los perpetradores, como las víctimas y sus familiares, están muriendo. En ese sentido, nos debería de despertar un sentido de urgencia esta labor tan encomiable».
David Fernández, abundó en los múltiples esfuerzos que se han dado por llegar a los archivos que permitan el esclarecimiento del caso, y a pesar de algunos testimonios y, de una muy pequeña porción de datos que les han facilitado, resulta clave tener acceso a los archivos para conocer su contenido.
Referente al impacto de los avances obtenidos por la Comisión de La Verdad, el Comisionado, reflexionó,
«A pesar de que tenemos una parte de los archivos de la investigación de manos del propio ejército sobre los hechos, esto no nos llevó al financiamiento de responsabilidades, ni a juicio, ni a castigo de los responsables».
«Hay que decirlo, seguimos ignorando el nombre de las víctimas, el número de las mismas y, quiénes fueron los responsables», habiendo sido, precisamente, este el propósito fundacional de la Comisión de La Verdad.
Por su parte, Alan García, quien es parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, resaltó el papel de las víctimas sobrevivientes familiares tal y como lo hemos escuchado en voz de Irma Irene y Alicia en la reivindicación de la justicia, la búsqueda de la verdad, la exigencia de localizar a las personas desaparecidas».
«La construcción de memorias y la adopción de cambios que aseguren que hechos similares no se repitan, pero que tampoco se perpetúen a lo largo del tiempo», asentó.
Asimismo, compartió que desde las oficinas en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, confió en que este tipo de material audiovisual, abona al esclarecimiento, pero también da a conocer los hechos, pero sobretodo, ayuda a no olvidar, ayuda a hacer consciencia y memoria. Abundó en que la memoria, ha sido catalogada por los organismos internacionales como el quinto pilar de la justicia, de transición en democracia.
«El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación en México, una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, a los artículos 5 y 137, que, reconoce el derecho de las víctimas y, el derecho a la conservación de su memoria», compartió con la audiencia.
El pasado martes 2 de abril de 2024, La Secretaría de Gobernación, SEGOB, publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el decreto a los artículos 5, fracción II y 137, primer párrafo de la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la relevancia del caso deriva, de que, en ambos apartados, se agregó la palabra: Memoria.
Artículo 5. Fracción II. Debida diligencia: todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos.
En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo.
Artículo 137. Las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, memoria, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes.
Alan García, realizó un exhorto:
«Yo me sumo a que se abran los archivos, desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reiteramos, el llamado para que las autoridades militares abran estos archivos indispensables para el esclarecimiento de la verdad. Y, a partir de esa apertura se pueda emprender un vuelo, un vuelo distinto».
«Un vuelo distinto, como aquel al que nos ha invitado la familia la familia de Alicia de los Ríos, un vuelo que, como decían ellas, con alegría y sin dolor los conduzca hacia la justicia, la verdad, el reencuentro, la restitución digna y la resignificación de todas las víctimas», compartió.
Sin memoria histórica no se puede alcanzar la justicia para los familiares de los desaparecidos durante la llamada guerra sucia, del siglo pasado.
Eso es lo único que piden los familiares de los desaparecidos y la sociedad en su conjunto: reivindicación, memoria y acceso a la información para llegar al esclarecimiento de la verdad.
Para dejar de ser un país, en dónde no se habla acerca de la verdad de frente y, en donde la simulación sienta sus reales.
TE RECOMENDAMOS LEER:
Síguenos en