Redacción El Coahuilense
Como ya se advertía con el ascenso del régimen talibán en Afganistán, las mujeres, adolescentes y niñas están atravesadas gravemente por una serie de violencias estructurales donde la interpretación de la sharia las ha cooptado, de forma paulatina a acceder al derecho humano primario: La libertad.
Con el inicio del 2025, las medidas para privarlas del espacio público se han recrudecido, agregándose dos nuevos mandatos; la prohibición de tener ventanas hacia la calle y la expulsión de las trabajadoras de las ONG.
Al cierre de diciembre del 2024, el régimen talibán modificó los principios islámicos -y con ello, los derechos de la sharia– golpeando así, específicamente a las mujeres quienes, desde hace 3 años, han librado una lucha de resistencia para no doblegar ante la conquista del talibán que imperó luego de que el régimen tomara Kabul, capital del país.
Desde la caída política de Kabul y el colapso inminente del país, las nuevas autoridades de facto han desmantelado por completo la nación; destruyeron todo marco legal e institucional, incluyendo, los avances que las afganas habían conquistado en materia de igualdad de género tras 20 años de lucha, por lo que la ONU ha nombrado al país como aquel que es gobernado por la misoginia más extrema.
No más ventanas; la mujer en el espacio privado
El pasado 30 de diciembre, los talibanes anunciaron una nueva política que, de acuerdo con el portavoz del régimen, Hamdullah Fitrat, tendrá por objetivo salvaguardar la sharia y velar por los vecinos; la política consiste en tapar -y dejar de construir- ventanas que den hacia espacios utilizados por mujeres como por ejemplo, la cocina o sus dormitorios.
De acuerdo con las autoridades, esto corresponde a la Ley de Moralidad que pretende proteger a la población y evitar a los hombres mirar hacia espacios de mujeres, ante un asunto como este, los talibanes han encontrado como única solución tapar toda ventana de los inmuebles, como resultado, las mujeres -prácticamente ya recluidas, sin acceso al trabajo, ni a la educación-, quedarán completamente confinadas al espacio privado, en algunos casos, sin ninguna ventana disponible en su hogar.
Hasta entonces, se desconoce cómo se conducirá esta nueva política, pues si bien estipula que las ventanas deberán ser bloqueadas por «paredes u otros medios», no hay mayor detalle sobre dónde se concentrará la aplicación de la ley, es decir, si la construcción de los nuevos inmuebles contemplará esto y cómo las autoridades procederán para cubrir, casa por casa, estas áreas con vista hacia los espacios ocupados por mujeres.
El veto de las mujeres para trabajar en las áreas de la salud
El 2 de diciembre, el mulá y teólogo Haibatulá Ajundzadá ordenó un decreto que estipula la prohibición a las mujeres de ordenarse en profesiones sanitarias, espacio académico único donde, hasta entonces, podían profesionalizarse y servir al Estado atendiendo partos y cuidando a las mujeres y niñas afganas.
El asunto, no sólo representa una cooptación directa a las mujeres que se desempeñaban en el área de la salud, sino también, el veto de estas profesionales representaría un problema nacional grave: No hay quién pueda atender a las mujeres.
Por decreto en la sharia, algunos profesionistas de áreas rurales tienen prohibido atender a las mujeres, por lo que en estos casos, eran las profesionistas quienes sostenían el sistema de salud y garantizaban que las niñas, adolescentes y mujeres pudieran acceder a servicios de odontología, ginecología y demás asistencias médicas o de enfermería.
De acuerdo con el Ministerio de Salud esta orden del Ajundzadá afectaría a un aproximado de 160 institutos médicos que, hasta diciembre del 2024, permitía a las mujeres estudiar, educarse y atender en estos espacios, particularmente, como dentistas, enfermeras y matronas.
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En Afganistán, la vida de miles de mujeres e infancias depende por completo de las manos de las profesionales sanitarias, cortar la posibilidad de su formación implica que se ponen en riesgo la vida y se deja en una desoladora vulnerabilidad, particularmente a las mujeres en gestación.
«Sin profesionales femeninas, es menos probable que las mujeres reciban atención prenatal durante el embarazo y que den a luz en clínicas seguras.» (UNICEF)
Hasta la publicación de este artículo, el decreto ordenado por autoridades talibanas no ha sido publicado y tampoco se tiene mayor información, sin embargo, UNICEF advierte que las alarmas se mantienen encendidas, en primera instancia, por el riesgo inminente que esto implica y por supuesto, porque esto representa una extrema misoginia entre las mujeres relegándolas al espacio privado y negándoles la posibilidad de recibir un salario, participar en la esfera pública y de profesionalizarse en las únicas áreas donde aún tenían posibilidades de sostenerse.
«Si ninguna niña puede asistir a la escuela secundaria y ninguna mujer puede asistir a la universidad o a los institutos de medicina, ¿de dónde saldrán las profesionales de la salud del futuro y quiénes atenderán a las mujeres afganas cuando sean más vulnerables? Para que los servicios esenciales estén disponibles para todos los géneros, deben ser prestados por todos los géneros”, Mickael Le Paih, representante de Médicos Sin Fronteras en Afganistán
La expulsión de las ONG que empleen a mujeres
El último día del 2024, el régimen talibán anunció la expulsión de toda organización nacional e internacional que emplee a las mujeres en sus filas, siendo esta, la última ofensiva del régimen para privar a las mujeres y niñas de acceder a sus derechos.
El hecho no apareció de un momento a otro, en realidad, las ONG han sido la piedra en el zapato de los talibanes quienes, desde su ascenso al poder, no han visto con buenos ojos estos espacios. Desde el 2022, realizaron un llamamiento donde exigieron a las trabajadoras de ONGs internacionales suspender su trabajo, esto a causa de no respetar la sharia y no utilizar, siquiera, el pañuelo islámico.
Desde entonces, la presencia de las mujeres en, por ejemplo, Naciones Unidas disminuyó drásticamente en los últimos dos años y aunque la ONU pidió reconsiderar el hecho, los talibanes no han quitado de la mira estos espacios. A dos años de exigir la renuncia de las afganas, ahora, prepara el segundo embate por sacar a las ONG -donde laboran mujeres– de su país.
El anuncio ha producido la preocupación internacional y, a pesar de que los talibanes han negado que estén «obstaculizando» el trabajo de las personas, Tom Fletcher de la ONU ha denunciado de manera reiterada que diversas organizaciones humanitarias han enfrentado la aprehensión de sus miembros, particularmente, de mujeres quienes son castigadas por la Policía de la Moral.
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La palabra de los talibanes se ve contrariada cuando, explícitamente, su carta reza que se cancelará la interrupción de todo trabajo femenino en instituciones no controladas por el régimen.
Tras el ascenso talibán en 2021, mujeres, madres, adultas mayores y adolescencias realizaron una ola de protestas pacíficas en Afganistán, sin embargo, los grupos talibanes ejercieron actos de extrema violencia en contra de las manifestantes, quienes fueron golpeadas, algunas vivieron secuestros, enfrentaron torturadas y recluidas en contra de su voluntad en espacios sin acceso a agua, alimento, ventilación, ni medicamentos.
El informe, que recopila diversos testimonios de mujeres víctimas de este hecho, denuncia que todas estas mujeres fueron puestas en libertad después de que fueron obligadas a firmar un documento que las comprometía a no volver a manifestarse jamás, ni a mencionar nada de lo vivido durante la manifestación y los días posteriores que vivieron privadas de su libertad.
Esto sucede a la par de que los talibanes refieren al pueblo afgano y a la comunidad internacional que «solo desean paz» y prometen garantizar los derechos de las mujeres. Este suceso es un parteaguas importante, un anuncio de lo que vendría los tres años posteriores, donde la violencia se convertiría en una rutina devastadora para las infancias y mujeres afganas.
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