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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó atraer los cuatro amparos presentados por la empresa Elektra para frenar el pago de más de 25 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Por tres votos en contra y sólo uno a favor, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN rechazaron la solicitud del ministro Luis María Aguilar Morales para atraer los cuatro amparos y discutirlos en el Alto Tribunal.
Los recursos fueron promovidos por Elektra, compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego, pero posteriormente fueron hechos suyos por el ministro Aguilar Morales, quien proponía la discusión de ellos en el Pleno, lo cual fue rechazado por Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel.
Esto no quiere decir que la empresa deberá pagar los más de 40 mil millones de pesos de adeudos en impuestos que el SAT le reclama, sino que deberá acatar las diversas decisiones que tomen los Tribunales encargados de estudiar los asuntos o, en su caso, los fallos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El 22 de agosto pasado, Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, acusó en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que Elektra “ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de la sentencia que lo obligue al pago de impuestos”.
Una de ellas, dijo, de la cual era causante el ministro Aguilar Morales derivado de las solicitudes de atracción, mismas que no habían sido resueltas y pendientes desde hace ocho meses sin aparente justificación.
“Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados, desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”, acusó el procurador Fiscal.
Ante esta situación, adelantó que el gobierno del presidente López Obrador presentaría una queja en contra del ministro por ese comportamiento, desde su punto de vista irregular. “Este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos”, sostuvo.
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