Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Tras un mes plagado de incertidumbre, finalmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de forma unilateral impuso aranceles a productos de origen mexicano que lleguen a su país, con esto se da un revés a los compromisos para la integración de mujeres en sectores económicos.
Este revés se establece en los compromisos de género del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y al menos otros dos compromisos del Estado mexicano, los cuales se encaminan a romper brechas salariales y laborales para mejorar la calidad de vida de mujeres, suscritos en la Agenda 2030 y en los Objetivos del Milenio.
La afectación de esta decisión es un tema que ha quedado invisibilizado para las mujeres. Comenzando con que, en México la brecha salarial se mantiene como un problema vigente.
Por tanto, los aranceles complican estos compromisos para la vida de las mujeres, porque se reducirían oportunidades de empleo en sectores clave; aumentaría precarización laboral, así como las desigualdades estructurales y el estancamiento del crecimiento económico el cual se vería mermado de varias maneras por el encarecimiento de productos y reducción de inversión.
Estos aranceles limitarían el ingreso de mujeres a empleos formales y mejor remunerados y además, incentivarían la desigualdad de género al aumentar la precarización y reforzar su papel en el trabajo no remunerado y precarizado.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en la última década, la participación económica de las mujeres en México aumentó de 43% a 46%, según el INEGI pero esta cifra está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual alcanza 67%. De no diseñar estrategias oportunas para acelerar la incorporación de más mujeres, a México le tomaría 56 años alcanzar la tasa de participación económica que hoy tienen estos países.
Además IMCO aseveró:
«aprovechar el talento de las mujeres en el mercado laboral es clave para un crecimiento económico sostenible e inclusivo, especialmente ante desafíos como reducir la informalidad y mejorar la productividad. Entre 2014 y 2024, la participación económica de las mujeres en México creció a un ritmo más lento que el promedio de los países de la OCDE, por lo que el país se aleja cada vez más de la tendencia internacional de reducir la brecha de género en el mercado laboral».
Contradicciones
Hay que señalar, que de acuerdo con datos del Gobierno de México, hay contradicción en los señalamientos de Donald Trump hacia el país, porque en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP por sus siglas en inglés) muestran que las incautaciones en Estados Unidos provenientes de México, se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025.
Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas y el 74 % de las armas de alto poder incautadas en México, provienen ilegalmente de los Estados Unidos.
Los compromisos del Estado mexicano con mujeres
Recordemos que el Estado mexicano tiene varios compromisos internacionales firmados en los que está obligado a romper brechas salariales y laborales destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres.
El mismo T-Mec que dio inicio en 1994, el cual fue evolucionando al Tratado de Libre Comercio (TLC) y luego Tratado de Libre Comercio entre América del Norte (TLCAN), generó una región de libre comercio nunca antes vista y en su última etapa logró incorporar la perspectiva de género.
El 20 de julio de 2022 se anunció que México implementará la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) con el objetivo de acelerar la integración igualitaria de las mujeres a los sectores económicos del país.
Esta iniciativa consistiría en una alianza público–privada que permitirá la adopción de políticas públicas y de prácticas empresariales inclusivas para cerrar las brechas económicas de género en las posiciones de trabajo y en las remuneraciones de los sectores esenciales para la economía, para lograr una mejor recuperación económica post pandemia.
De acuerdo con el análisis del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el progreso actual a nivel mundial sólo ha permitido cerrar el 68.1% la brecha de género, lo que significa que, a este ritmo, se requerirían 132 años para alcanzar la paridad de género.
Pero hoy, ese acuerdo comercial llamado T-Mec con los compromisos de género, junto con los de la Agenda 2030 están en riesgo, así como los Objetivos del Milenio, los cuales tienen apartados destinados también a mejorar la vida de las mujeres.
Por ejemplo, México se suscribió en el 2000, a los “Objetivos del Milenio” y en su apartado tres señala el compromiso por “Promover la igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer”.
Aunado a esto, México se adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en su Meta 5, señala el impulso a la igualdad de género que debe generar el país: «las mujeres y niñas constituyen la mitad de la población mundial y, por tanto, también la mitad de su potencial. Pero la desigualdad de género prevalece y estanca el progreso social».
De acuerdo con el Banco Mundial, si se avanzara en la liberación de los derechos laborales de las mujeres y se cerraran las brechas de empleo, se puede aumentar el producto interno mundial en un 20%. Por lo que, el compromiso de renegociación del acuerdo comercial (T-MEC) también buscaba romper estas barreras y convertirse en la oportunidad de resolver los problemas en materia de igualdad de género del país y de la región.
Las brechas
El Índice Global de Brecha de Género de 2024 señala que, el país ocupa la posición 109 de 146 respecto a la participación y oportunidades económicas donde solo el 46% de las mujeres participan en la economía. Si hablamos de los ingresos por género, el país se posiciona en el lugar 119, siendo este uno de sus mayores retos por atender.
La brecha aumenta con la edad debido a factores como la maternidad o el trabajo de cuidados, al cual las mujeres destinan 37.9 horas a la semana, según datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. Esto limita su participación en los empleos provocando que algunas de ellas laboren en el sector informal donde hay poca o nula protección social, alta inseguridad y bajos salarios.
No olvidemos que la división sexual de trabajo ha colocado a las mujeres en empleos del sector secundario siendo la industria manufacturera donde tienen mayor participación (38%) y menor ocupación en la construcción (4%), según datos del informe ‘T-MEC, reforma laboral e igualdad de género. Apuesta por el adelanto de las trabajadoras’.
Al mismo tiempo, se puede encontrar una distribución del 50% en ambos géneros en el sector terciario: 52% sector de comercio y 60% en restaurantes y alojamientos; sin embargo, en cuanto a transportes, correos, almacenamiento, gobierno y organismos internacionales, su participación es mucho menor.
En cuanto a los salarios, de acuerdo con el colectivo ‘México cómo vamos’, en el primer trimestre del 2024, el ingreso laboral fue de 9 mil 781 pesos, pero las mujeres ganaban ocho mil 624 pesos frente a los 10 mil 555 pesos que ganaron los hombres. Mientras que en la informalidad, ellas percibieron 5 mil 762 pesos y ellos 7 mil 743 pesos.
Este es el panorama en el que las mujeres se insertan. Su participación es mayor en trabajos donde hay menos ingresos, están a tiempo parcial y laboran en trabajos sin remuneración dejándolas fuera del sistema de salud o con una baja participación dentro de los sindicatos.
Militarización fronteriza no fue suficiente
Tras saberse el sábado 1 de febrero sobre la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a México, el gobierno mexicano se dio a la tarea de detener momentáneamente este hecho, pero el gobierno de Sheinbaum Pardo, se comprometió a reforzar la frontera con 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) para frenar el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.
Esta militarización no fue suficiente para frenar los aranceles de productos mexicanos a Estados Unidos, aún no se detallado si estos elementos permanecerán en esa zona.
No hay que olvidar que su presencia en labores de seguridad ha estado señalada por violaciones a derechos humanos. Esta institución tuvo mil 816 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2020 y 2023 por violación a los derechos humanos. Aunado a esto, se acordó por primera vez un trabajo en conjunto para evitar el tráfico de armas hacia México.
Además, el 4 de marzo en la conferencia de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mencionó e hizo hincapié en los resultados que el Gobierno de México había obtenido tras los compromisos con Estados Unidos, pero tampoco fueron suficientes.
La mandataria mencionó:
Que en 5 meses de su gobierno tuvieron un aseguramiento de 6 mil 998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos y de 121.4 toneladas de drogas incluyendo mil 260 kilogramos y un millón 332 mil 126 pastillas de fentanilo.
Datos de CPB de 2024 publicados por el Instituto Cato de Washington revelan que 80 por ciento de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024, fueron ciudadanos estadounidenses, incluso la comisión de sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense.
Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México, 74 % de las armas de alto poder incautadas en México, provienen ilegalmente de los Estados Unidos.
Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, e incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13 mil 858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad, acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico, a Estados Unidos, para beneficio de la seguridad de ambos países.
Los compromisos de género en el T-MEC
En dicho tratado de comercio entre los tres países, se elaboró el capítulo 23 en el que se reconoció que el crecimiento económico debe ir acompañado de una participación equitativa entre mujeres y hombres, así como fortalecer derechos laborales, por ejemplo:
No discriminación en el empleo y la ocupación: garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en el empleo, prohibiendo cualquier forma de discriminación por género. Lo anterior, de la mano de la eliminación de barreras que impidan la participación de mujeres en sectores productivos que son dominados por hombres.
Promoción de la igualdad de género en el trabajo: los países firmantes deben desarrollar políticas laborales inclusivas en el que se promueva la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo y sectores estratégicos; programas de capacitación y formación profesional diseñados para fomentar su acceso a mejores empleos y condiciones laborales; y la negociación colectiva con perspectiva de género en el que los sindicatos integren la igualdad en acuerdos laborales.
Prevención y atención de la violencia y acoso laboral: reconocer la violencia de género en el trabajo como una violación a los derechos laborales; establecer medidas para que los países firmen y ratifiquen convenios internacionales sobre la prevención del acosos y la violencia en el ámbito laboral; la creación de mecanismos efectivos para denunciar y sancionar casos de violencia en el trabajo garantizando la protección a las víctimas.
Cooperación internacional para la equidad de género: colaboración con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para mejorar las condiciones laborales de las mujeres; promover iniciativas de intercambio de mejores prácticas entre los países miembros en temas de equidad salarial, acceso a empleos formales y políticas de conciliación entre trabajo y vida personal; desarrollar estudios y estadísticas sobre la brecha de género en el mercados laboral con el fin de diseñar mejores políticas públicas.
Aranceles, una herramienta de presión
En noviembre de 2024, Trump advirtió que en su primer día de gobierno que interpondría aranceles a los productos mexicanos y canadienses exportados como medida de presión para detener el flujo migratorio y de drogas que llegaban a su país.
El 1 de febrero de 2025, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), se interpusieron estos aranceles del 25% a las importaciones de México y Canada y el 10% a las de China.
Porque Trump apuntó que se han identificado rutas de tráfico de drogas a lo largo de ambas fronteras lo que ha permitido que las organizaciones criminales transnacionales operen libremente. Por otro lado, la falta de regulación en la manufactura china creó un refugio seguro para los cárteles que se dedican a la producción y tráfico de fentanilo y otras sustancias. Así que determinó una «negligencia» en la crisis fronteriza por parte de estas naciones.
Además, señaló que los aranceles interpuestos «fomentan mayor seguridad al incentivar a estos países a tomar medidas más estrictas», medida que, según declaró, administraciones anteriores a la suya fracasaron al utilizar la posición económica de Estados Unidos como una herramienta para asegurar las fronteras contra estos problemas nacionales.
Para el 2 de febrero de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo respondió la amenaza de Trump en un contundente mensaje en el que mencionó las consecuencias para México y Estados Unidos, sobre todo para este último donde 12 millones de familias estadounidense se verán dañadas, pues pagarán un monto adicional de 10 millones 427 de dólares causando inflaciones, según explicó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.
Aunque se ha atribuido al Gobierno mexicano el revire de Trump, lo cierto es que diversos sectores en Estados Unidos tuvieron una participación activa para presionar y echar abajo esta medida, pero no fueron suficientes.
Los primeros pronunciamientos en desacuerdo de los aranceles
Entre los primeros sectores que comenzaron a pronunciarse al respecto se encuentra la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, quien señaló que los impuestos amenazan con detener el progreso de las familias y los negocios del estado como incrementar el costo de los comestibles, la gasolina, la vivienda, así como industrias clave que emplean a miles de personas como la manufactura de semiconductores, la agricultura y la economía de la energía limpia.
A su postura se unieron los líderes de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona, la Asociación de Productos Frescos de América, la Autoridad de Comercio de Arizona y el Consejo Económico de Greater Phoenix (GPEC).
La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) advirtió el problema de asequibilidad de las viviendas en Estados Unidos, un problema que Trump reconoció al firmar una orden ejecutiva para aumentar la oferta y accesibilidad para la obtención de los hogares.
Por lo que, el impuesto arancelario a México y Canadá tendrá un efecto negativo a este problema debido a la dependencia de suministros de construcción como madera, acero, yeso y aluminio que aportan estos países, cuyos costos aumentaran con los aranceles.
Desde México, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Industria Nacional de Autopartes (INA), Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) expresaron que los aranceles tendrán un impacto negativo en toda Norte America, pero expresaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para buscar el dialogó con Donald Trump.
Esta alternativa fue apoyada por Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y por el El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quien explicó que las tres naciones deberán apostar por la conversación para la apertura económica y no por el aislamiento.
«Debilitar los principios del T-MEC no solo afecta al bloque económico más importante del mundo y reduce su competitividad frente a otras regiones, sino que también pone en riesgo empleos, interrumpe las cadenas de suministro y frena el crecimiento económico. Además, los aranceles afectarían negativamente el poder adquisitivo de los consumidores en los tres países» -Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
La crisis migratoria
De acuerdo con la Doctora Dolores Paris Pombo, del Colegio de la Frontera Norte (Colef), hay una crisis migratoria desde 2016 con la llegada de ciudadanos haitianos que se quedaron varados en Tijuana y Baja California cuando Donald Trump asumió su primera presidencia.
En los últimos años y sobre todo después de la pandemia, la población migrante se ha diversificado tanto como su origen nacional, características y factores de movilidad provenientes de Centroamerica, Sudamerica y desplazados mexicanos. Desde este nuevo ángulo, es como el número de deportaciones aumentarán en las siguientes semanas.
Aunado a esto, se recibirán a personas que llevan meses esperando en las ciudades fronterizas o en todo el país una cita y a quienes ya habían cruzado a Estados Unidos gracias a la política migratoria ‘Quédate en México’ y la aplicación de CBP One. No obstante, cuyas fronteras no están preparadas para recibirlas.
El pasado lunes 27 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya fueron recibidas 4 mil 94 personas migrantes deportadas a México. Aunque también se registraron personas de otras nacionalidades, las mexicanas y mexicanos llegaron a través de cuatro aviones comerciales al Aeropuerto Felipe Ángeles.
La situación no es diferente para otros países de Latinoamérica quienes se han visto obligados a recibir a 7 mil 300 personas deportadas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, todos bajo la amenaza arancelaria, una herramienta que siempre le ha funcionado al gobierno estadounidense.
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