Redacción El Coahuilense
CDMX.- Armando Hernández Cruz, actual coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), busca integrarse como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pese a antecedentes de señalamientos en su contra por presunto tráfico de influencias.
Desde noviembre de 2024, Hernández Cruz ocupa dicho cargo en la CNDH, además de desempeñarse como profesor de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, su trayectoria enfrenta cuestionamientos por hechos denunciados en 2016, cuando fungía como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).
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Ese año, la entonces diputada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ana Juana Ángeles Valencia, lo denunció de haber incurrido en tráfico de influencias con fines de beneficio económico, al utilizar su jerarquía para favorecer a su hermano, Omar Hernández Cruz. Según explicó la legisladora, Omar se desempeñaba como asesor “A” en la Contraloría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), lo que legalmente le impedía ejercer como litigante.
Ángeles Valencia explicó que Omar Hernández representó legalmente un caso derivado de la elección del 7 de junio de 2015, sin embargo, su papel como asesor en el IEDF le impedía litigar. Además, la legisladora señaló que la denuncia contra Armando Hernández derivó de una denuncia de acoso sexual contra su hermano Omar, presentada el 9 de mayo de 2016 por Eunice Sierra Ocampo, ex candidata del Partido Humanista.
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De acuerdo con Sierra Ocampo, el magistrado Hernández, quien había sido su asesor de tesis en la maestría, le recomendó contratar a su hermano Omar como abogado para impugnar los resultados de la elección. Ella accedió sin saber que Omar estaba impedido legalmente para ejercer como litigante debido a su cargo en el IEDF.
Ante estos hechos, Ángeles Valencia exigió investigar si el magistrado Armando Hernández tenía alguna relación laboral con el despacho al que pertenecía su hermano y si existían otros casos electorales litigados bajo este esquema. Asimismo, cuestionó por qué el magistrado recomendó a su hermano para representar a la ex candidata sabiendo que estaba impedido para litigar.
La diputada enfatizó que había elementos suficientes para considerar que se configuraba el delito de tráfico de influencias, según lo establecido en el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal.
A lo anterior se suma que en 2017, en el proceso de selección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la organización INCIDE social presentó un escrito donde externó su preocupación por el hecho de que, a su decir, Armando Hernández Cruz presentó cierta reticencia para que se difundiera su trayectoria curricular además de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Por otra parte, la organización refiere que, en junio de 2016, cuando era presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional respecto a la obligatoriedad de publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
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