Redacción El Coahuilense
Pese a que el gobierno de la Cuarta Transformación promovió una reforma al Poder Judicial con el argumento de erradicar el nepotismo y la corrupción, dos figuras que anteriormente se pronunciaron en contra de estas medidas ahora buscan obtener cargos clave dentro de la judicatura: Victorino Hernández Infante y Rocío Loaeza González, quienes además de estar casados, compiten por magistraturas civiles en el Estado de México.
El periodista Fermín Sánchez, en su columna Plaza Central del diario Basta, reveló que ambos cuentan con posibilidades reales de alcanzar dichos cargos debido a su cercanía con la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Sánchez también señala que Victorino Hernández es sobrino del exconsejero de la Judicatura Federal y exmagistrado electoral federal, Indalfer Infante Gonzales.
“¿Y entonces esta Reforma no termina ni siquiera con el nepotismo? – y se dicen fuertes para ser magistrados civiles, por estar apoyados por la actual presidenta de la SCJN. ¿Sabrán esto quienes operarán la elección en Edomex: el IEEM, el INE y también la Maestra Delfina Gómez y el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte?”, cuestionó el columnista.
Actualmente, Rocío Loaeza se desempeña como Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México. Su esposo, Victorino Hernández, es magistrado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito y en la misma demarcación. Ambos han manifestado su oposición a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo federal.
Hernández Infante fue uno de los magistrados federales sorteados para que su cargo sea sometido a elección popular en 2025. Además, ha sido señalado como parte del grupo de juzgadores que presuntamente pactaban resoluciones en asuntos de interés para el gobierno federal durante la presidencia del ministro en retiro Arturo Zaldívar.
La elección del próximo 2 de junio contempla un amplio abanico de cargos en el Poder Judicial, entre los que se encuentran nueve vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistraturas en el Tribunal de Disciplina Judicial, dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 más en salas regionales del mismo tribunal, además de 464 magistraturas de circuito y 386 juzgadores de distrito.
En total, 3 mil 422 personas se han inscrito como aspirantes a distintos puestos dentro del sistema judicial. El proceso representa una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reconfigurar al Poder Judicial bajo principios de transparencia, participación ciudadana y eliminación del nepotismo. No obstante, la inclusión de perfiles cercanos entre sí y con vínculos familiares genera cuestionamientos sobre la verdadera transformación que se busca alcanzar.
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