Redacción El Coahuilense
CDMX.- Son 64 municipios de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Chiapas, estados en los que se ha incrementado el crimen organizado, los que dejaron sin aclarar el destino de 839 millones 420 mil 700 pesos que debían ser destinados a la seguridad de sus habitantes.
En un recuento realizado sobre la más reciente cuenta pública de la ASF para los ayuntamientos de dichos estados del país, se concluyó que se mantiene sin aclarar ese dinero del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
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Para dicho Fondo, la Federación promueve que por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en dicho Fondo, se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
Jalisco, estado donde fue hallado un campo del crimen organizado con crematorio clandestino, es la entidad cuyos ayuntamientos tienen irregularidades con los recursos financieros que se les entregaron por concepto de seguridad pública. No se sabe dónde están 431 millones 196 mil pesos.
En Jalisco fue hallado un campo del crimen organizado con crematorio clandestino
Según los datos, son los municipios de Zapopan, Jalisco; Frontera Comalapa, Chiapas; Pinos, Zacatecas; Salvador Escalante, Michoacán y Leonardo Bravo, Guerrero los que tienen mayores irregularidades en el manejo de ese dinero que se les entrega como parte de su presupuesto.
Irregularidades en seguridad pública:
En Jalisco no se sabe el destino de 431 millones 196 mil pesos entregados para seguridad, según reportes financieros.
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Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano es lamentable que no se tenga claro el paradero del financiamiento que debió ser dirigido a la seguridad de los habitantes de esas zonas del país, pero también es necesaria la intervención de la sociedad civil para vigilar el destino de los recursos.
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Consultado por este diario, Rivas expuso que para poder revertir la violencia que existe también se necesitan mayores recursos en seguridad pero que estos sean fiscalizados por la ciudadanía, para evitar cualquier tipo de desvío.
Por ejemplo, en el municipio de Buenavista en Michoacán, localidad en la que un menor de 15 años falleció tras explotarle una mina terrestre del crimen organizado están en el limbo 17 millones 357 mil pesos que debía ser dedicados a la seguridad del lugar.
Para poder revertir la violencia, se necesitan mayores recursos en seguridad, pero que estos sean fiscalizados por la ciudadanía
Otro caso es en el estado de Zacatecas, donde según reportes de inteligencia del Gobierno de México hay una disputa territorial entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, hay 156 millones 300 mil pesos cuyo gastó no fue justificado para lo que debía destinarse.
El Chilpancingo, Guerrero, al cierre de 2024 un 86.9 por ciento de su población se sentía insegura, son 336 mil 480 habitantes y estadísticas oficiales concluyen que la violencia en la región se ha incrementado. En la localidad datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan que un total de dos millones 269 mil pesos que debían ser destinados a la seguridad de la población están en el limbo.
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