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Ciudad de México.- En México al menos 27 mil 222 mujeres han sido asesinadas desde el año 2015 a enero de 2023, pero sólo el 24.04 por ciento de estos crímenes (6 mil 546) fueron vistos como feminicidios, revelan las cifras oficiales.
En el año 2022, por ejemplo, un total de 3 mil 756 mujeres fueron privadas de la vida en todo el país, pero de estos casos, sólo 948 fueron clasificados como feminicidios. Es decir, el año pasado 10 mujeres fueron asesinadas al día, una muestra de las violencias que enfrentan día a día las mujeres.
La cifra total de asesinatos de mujeres del año pasado es 0.75 por ciento mayor a la de 2021, año que cerró con un total de 3 mil 728 casos en los que a las mujeres les arrebataron la vida, de los cuales, nuevamente, 980 se investigaron como feminicidios.
Si bien la cifra de feminicidios tuvo un ligero descenso al reportarse en 2022 un total de 948 contra los 980 de 2021, el número de casos catalogados como homicidios dolosos de mujeres creció al registrarse un total de 2 mil 808 casos, contra los 2 mil 748 homicidios dolosos contra mujeres perpetrados en 2021.
Es decir, aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir del año 2015, muestran una aparente tendencia de contención, la tipificación como feminicidios en proporción de la de homicidios dolosos de mujeres es aún limitada y apenas un poco mayor a la de años anteriores.
La experta en litigio estratégico, Karla Micheel Salas, una de las abogadas del caso González y otras vs. México, mejor conocido como “Campo Algodonero”, destacó que las cifras de violencia contra las mujeres siguen siendo desgarradoras a pesar de la exigencia del movimiento amplio de mujeres y de los diversos grupos feministas.
“Lamentablemente llegamos a un 2023 donde la respuesta del Estado mexicano sigue siendo de corte militar, sin perspectiva de género y sin lograr establecer una coordinación entre los diferentes órganos de gobierno que atienda integralmente la violencia contra las mujeres y las niñas. Lamentablemente la respuesta del Estado mexicano no ha estado en la proporción y con la intensidad de cómo la violencia contra las mujeres va incrementándose año con año […] Y creo que esa falta de respuesta, en buena medida, también lo que refleja es este incremento de la violencia contra las mujeres”, destacó la especialista.
La tipificación de los feminicidios surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. La antropóloga e investigadora mexicana, especializada en etnología, María Marcela Lagarde y de los Ríos, comenzó a definir este tipo de crímenes y los nombra como feminicidios, iniciando no solo la lucha social-política sino también la jurídica para el reconocimiento de esos crímenes.
El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido.
De esta manera, el feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales.
En el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.
Pero fue hasta el 6 de febrero de 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la entonces Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República o FGR).
Activistas por los derechos de las mujeres y expertas en el estudio de la violencia de género consideraron que la mala clasificación en la materia persiste porque a la hora de clasificar los asesinatos y hacer sus investigaciones, las autoridades ministeriales se resisten a abrir las carpetas de investigación como feminicidios.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló en entrevista con SinEmbargo que en este 2023 se llega a otra Conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) con las mismas exigencias.
“El número de asesinatos de mujeres no baja y cada vez vemos una mayor saña en las maneras de cómo las matan. Nos preocupa la actuación de las autoridades y las fiscalías en el sentido de que salen de inmediatamente para decir —violando todo el debido proceso y revictimizando— que las mujeres se mataron, se suicidaron y eso nos preocupa mucho porque a pesar de que se tienen los marcos legales y los protocolos, las autoridades no los están aplicando debidamente”, detalló la experta.
Y añadió: “Sigue habiendo esta exigencias para que las autoridades reconozcan y prioricen que hay un problema grave de violencia contra las mujeres y que su máxima expresión es el feminicidio”.
Karla Micheel Salas destacó a su vez que hablar de feminicidio responde a una clasificación jurídica que, por lo que muestran las cifras, no está considerada por las propias fiscalías o secretarias de seguridad pública, a la par que pudiera corresponder a una manera para “maquillar” las cifras.
“Vemos también que las fiscalías, por no querer elevar las cifras, pues siguen insistiendo en querer clasificar como homicidio doloso y no como feminicidio, pero lo más importante para nosotras es que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio, porque es importante identificar si existen razones de género al momento en que la mujer fue asesinada”, destacó la abogada.
Agregó que las “cifras que tenemos donde solo un porcentaje se reporta como feminicidio, en realidad no son fiables y responden a la poca coordinación que hay entre las autoridades”.
Durante el primer mes del presente año, al menos 298 mujeres fueron asesinadas, de estos crímenes 68 casos son investigados como feminicidios, es decir, el 22.81 por ciento. El total de mujeres victimadas en enero es casi igual al registro en el mismo periodo del año anterior que registró 293 casos, de los cuales, 80 fueron considerados feminicidios.
Las entidades con el mayor número de asesinatos de mujeres al arranque de este 2023 son Estado de México con 41 asesinatos, de los cuales, 7 son considerados feminicidios; Guanajuato, con 32 asesinatos, todos considerados como homicidios dolosos y ninguno clasificado como feminicidio.
En tercer lugar se ubica Baja California con un total de 24 asesinatos, de los cuales, solo dos son considerados feminicidios; Jalisco, en cuarto lugar, con un total de 19 asesinatos de mujeres, de los cuales, cinco fueron clasificados como feminicidios; Chihuahua, con 17 casos, de los cuales solo tres fueron reconocidos como feminicidios y finalmente Oaxaca con un total de 16 casos, de los cuales, 10 se investigan como feminicidios.
ALZA DE DELITOS CONTRA MUJERES
Además, al menos 513 mil 959 mujeres han sido atacadas en el mismo periodo —desde 2015 a enero de 2023—, agresiones por las que interpusieron una denuncia. Las lesiones dolosas contra mujeres crecieron, por ejemplo, el año pasado al menos un 7.93 por ciento en comparación con la misma cifra del 2021.
Otros delitos cometidos contra mujeres tuvieron importantes incrementos, como la trata de mujeres que subió al menos un 24.95 por ciento durante el 2022 con un total de 636 víctimas de trata, contra los 509 casos registrados en 2021. Y este delito sigue al alza, pues en enero de 2023 se registraron al menos 53 denuncias de mujeres víctimas de trata, un crecimiento de 60.60 en comparación con los 33 casos registrados en el mismo periodo de 2022.
María de la Luz Estrada destacó que frente al crecimiento de las diferentes formas de violencia de género es urgente que se impulsen estrategias de prevención y atención, con base en diagnósticos puntuales, y que éstas sean impulsadas sobre todo a los ejecutivos estatales.
“A pesar de contar con las instancias, no estamos viendo cuál es esa estrategia (de prevención y atención) a nivel federal en coordinación con las instancias estatales y municipales; estrategias donde realmente se genere la prevención de las situaciones que están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres”.
La titular del OCNF insistió que las organizaciones feministas y de derechos por las mujeres aún exigen que se garantice el acceso a la justicia, pero con perspectiva diferenciada.
“Lo mínimo que pedimos es que en los protocolos de investigación se integre la premisa de que toda muerte violenta debe de ser investigada como feminicidio y que se sanciona a las autoridades que no lo están haciendo”, apuntó.
Casos como los Debanhi Susana Escobar, en Nuevo León, Ariadna Fernanda López, en Morelos y Luz Raquel Padilla Gutiérrez, en Jalisco, registrados en 2022 han ilustrado “la indolencia, las deficiencias en las investigaciones” con las que aún operan las autoridades, pero principalmente las resistencias para reconocer la violencia feminicida en México, a pesar de la existencia de las Alertas de Violencia de Género (AVG).
Uno de los casos más recientes es el de Ariadna Fernanda López, hallada sin vida el 31 de octubre pasado en la carretera “La Pera-Cuautla”, en Tepoztlán, donde la autoridad concluyó que la causa de muerte había sido broncoaspiración por intoxicación alcohólica, un dictamen que fue cuestionado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al señalar que fue feminicidio. Hasta la Fiscalía General de la República reveló que Ariadna murió a causa de un golpe contundente en la cabeza, producido por descargas de un objeto o por contacto de la cabeza contra una superficie dura.
En tanto, los feminicidios de Mariana Lima Buendía y de Lesvy Berlín Rivera Osorio, son dos grandes casos emblemáticos que muestran la práctica de señalar suicidios.
Lesvy Yoseline Peralta Aguirre, de 21 años, fue encontrada muerta el 16 de octubre de 2016 en la vía pública, justo al exterior de la vivienda de su novio, ubicada en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El cuerpo tenía huellas de violencia: moretones en brazos y piernas, y además sus uñas estaban arrancadas. Para la familia era claro que la joven había sido asesinada, sin embargo las autoridades clasificaron el caso como “suicidio”.
El 18 de abril de 2014, el cuerpo de María Fernanda Catalina Rico Vargas fue hallado sin vida en el departamento donde residía con su ex pareja en Ecatepec, Estado de México. Las autoridades mexiquenses le dijeron a sus padres que la joven se suicidó, pero las lesiones que vieron en el cuerpo de su hija, e inconsistencias en el caso de inmediato generaron dudas a Silvia Vargas Velasco, madre de la víctima, quien está convencida que a la joven la asesinaron y por eso ha luchado por años para que investiguen la muerte de su hija, sin que hasta el momento lo hayan podido reclasificar.
Pero además, hay muchos otros casos que se desconocen o no han tenido el impacto mediático.
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