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Baja California.- El Congreso del estado de Baja California aprobó el viernes pasado una serie de reformas donde se reconoce y se define la violencia vicaria. De igual forma, se establece un castigo de hasta cuatro años de cárcel para todo aquel que incurra en este tipo de agresión que afecta tanto a mujeres como infancias y adolescencias.
Las iniciativas fueron presentadas ante las y los legisladores por la diputada de Morena Liliana Michel Sánchez Allende, actual presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del Congreso. El diseño de las reformas también contó con la participación de las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López (también de Morena) y Rosa Margarita García Zamarripa, del Partido Encuentro Social (PES), así como de Miriam Ayón Castro, representante de la Red de Mujeres Unidas por Baja California, A.C.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad, con lo que se reformará la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California. Ahora, en dicha ley, la violencia vicaria será reconocida como “acto u omisión intencional cometido contra la mujer por parte de quien mantenga o mantuvo una relación, ya sea de hecho, de pareja o similares, aun sin convivencia y que por sí misma o por interpósita persona utilice como medio al descendiente, ascendiente, dependiente económico o persona con relación afectiva de la mujer para causarle algún tipo de perjuicio o daño sicológico, patrimonial, económico, físico o de cualquier otra índole”.
Por otra parte, también se modificó el Código Penal de la entidad para establecer que quien incurra en este delito podría permanecer en prisión hasta por cuatro años. De igual manera, tanto las víctimas como los agresores recibirán terapia psicológica por separado.
Otro avance de esta iniciativa es el hecho de que también reconoce a las instituciones estatales como parte de los agentes que ejercen violencia vicaria contra las mujeres. En este sentido, las reformas aprobadas establecen que esta violencia también sucede cuando las instituciones de procuración y administración de justicia no reconocen la violencia vicaria y emiten resoluciones o sentencias «en contra de los derechos de las mujeres y del interés superior de la niñez”.
Tras la votación unánime de su congreso local, el estado de Baja California se convirtió en el número 18 de la República Mexicana en reconocer la violencia vicaria. Las últimas entidades en reformar al respecto fueron Oaxaca y Michoacán. En esta última, la pena en prisión se castigará con el doble de años que en Baja California.
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