Redacción El Coahuilense
Oaxaca.- Los más de 12 mil integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) iniciaron hoy un paro indefinido de labores en apoyo a sus compañeros afectados por la cancelación de mil 344 plazas administrativas a través de un decreto del Ejecutivo estatal aprobado por la Cámara de Diputados local.
Los burócratas estatales emprendieron acciones de protesta, como la toma de oficinas públicas y el cierre de los accesos a los complejos de Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa, para exigir a las autoridades dar marcha atrás a un decreto que afecta a cerca de mil 400 familias.
En el municipio de Tlalixtac de Cabrera, conurbado a la capital oaxaqueña, los manifestantes cerraron los accesos a Ciudad Administrativa que previamente fue desalojado; en San Bartolo Coyotepec, los trabajadores hicieron lo mismo en el complejo de Ciudad Judicial, donde se asientan las oficinas del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, entre otras dependencias.
Los trabajadores sindicalizados también tomaron las instalaciones de las secretarías de Turismo, Cultura y Movilidad, así como la dirección del Registro Civil, ubicadas en puntos estratégicos de la capital oaxaqueña, donde colocaron sus cartulinas de protesta.
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“Hoy enfrentamos una acción profundamente injusta que afecta a mil 344 trabajadores, quienes son el sustento de sus familias. La decisión del Gobierno del estado de dejarlos sin empleo a través de un decreto arbitrario no sólo vulnera sus derechos laborales, sino también atenta contra la estabilidad de miles de hogares que dependen de su digno trabajo”, dice un comunicado del STPEIDCEO difundido esta tarde a través de las redes sociales.
El documento señala que esa situación no es responsabilidad de los trabajadores, sino el resultado de actos de corrupción e incompetencia por parte de funcionarios que no asumieron sus responsabilidades, y reprueba que ahora sus errores sean usados como pretexto para castigar a trabajadores inocentes.
El sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del estado, que en estos momentos enfrenta un proceso de renovación de dirigencia, llamó a los sindicatos de Salud y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para unirse, levantar la voz y exigir justicia.
“La lucha no es sólo por los trabajadores despedidos, sino por el derecho de todos los oaxaqueños a un gobierno transparente y justo”, señala el documento.
El pasado jueves, con 37 votos a favor, la 66 Legislatura de Oaxaca aprobó el decreto por el que se revocan con efecto inmediato mil 344 plazas administrativas pertenecientes al Gobierno estatal que fueron otorgadas durante el periodo comprendido de 2016-2022.
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Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del estado, precisó que la revocación de nombramientos de base por supresión es resultado de una revisión minuciosa efectuada por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública ante el crecimiento desmesurado y desproporcionado registrado en el sexenio anterior.
El funcionario estatal indicó que como resultado de esta revisión se detectaron nombramientos expedidos a personal sin asignación de actividades; conversión de personal de confianza y mandos medios a base directa; entrega de nombramientos a personal que no cumplía con el tiempo mínimo de seis meses; nombramientos de base entregados contraviniendo diversas disposiciones legales, y la falta de documentos y autorizaciones para la integración de expedientes.
El incremento de plazas de 2013 a 2022 representó 100 por ciento de las bases que ponen en riesgo el Fondo de Pensiones para las y los jubilados, pensionados y pensionistas, y provoca que se destinen recursos extraordinarios, detalló Vásquez Sagrero.
El consejero jurídico comentó que la supresión de las mil 344 bases representa un ahorro de más de dos mil 600 millones de pesos en los próximos cuatro años, con lo cual, dijo, mejorarán los programas de bienestar para beneficiar a más oaxaqueñas y oaxaqueños, y la realización de obras de infraestructura que permitan resarcir el rezago social de la entidad.
“Este recurso también se destinará para saldar la deuda histórica con los pueblos y comunidades mediante el fortalecimiento de la seguridad, la salud y educación, rubros que durante décadas han sido de las exigencias más sentidas de la sociedad”, concluyó el funcionario estatal.
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