Redacción El Coahuilense
San Salvador.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el lunes que llegó a un acuerdo migratorio con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, según el cual El Salvador acordó aceptar a los migrantes de cualquier nacionalidad que sean deportados de Estados Unidos y mantenerlos en sus cárceles.
“Ha ofrecido alojar en sus cárceles a peligrosos criminales estadounidenses detenidos en nuestro país, incluidos aquellos con ciudadanía estadounidense y residencia legal”, declaró Rubio a la prensa tras su reunión con Bukele
Prácticamente no hay precedentes en la época contemporánea de que un país democrático envíe a sus propios ciudadanos a cárceles extranjeras.
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“Ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad como ésta (…) Estamos profundamente agradecidos. Hablé con el presidente Trump sobre esto hoy temprano”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio pareció sugerir que el traslado de prisión se centraría en miembros de pandillas como la MS-13 (de El Salvador, Honduras y Guatemala) y el Tren de Aragua de Venezuela, que han adquirido la ciudadanía estadounidense.
“Cualquier inmigrante ilegal e ilegal en Estados Unidos que es un criminal peligroso -MS-13, Tren de Aragua, lo que sea-… ha ofrecido sus cárceles”, agregó Rubio.
Bukele goza de gran popularidad por su ofensiva contra las pandillas, basada en un régimen de excepción que, desde 2022, ha dejado a unos 83 mil detenidos, sin orden judicial, muchos de ellos inocentes, por lo que es criticada por grupos de derechos humanos.
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Emblema de esa guerra antipandillas, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), considerada la cárcel más grande de América Latina, fue inaugurada por Bukele hace dos años en las afueras de Tecoluca, 75 km al sureste de San Salvador.
La prisión, rodeada de enormes muros de concreto, está diseñada para 40 mil detenidos, pero actualmente hay unos 15 mil de las pandillas MS-13 y Barrio 18, que por décadas aterrorizaron a la población salvadoreña.
La política de seguridad de Bukele bajó a mínimos históricos los homicidios en El Salvador, según sus críticos a costa de los derechos humanos.
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