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En Carolina del Sur, Estados Unidos se busca sancionar con pena de muerte a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, además, en estados como Texas se está impulsando un decreto para ordenar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) que retire su aprobación de la mifepristona, la primera de dos píldoras del régimen de aborto farmacológico. Lo anterior podría “alterar la práctica del aborto en todo el país y afectar incluso a los estados en los que este procedimiento es legal”, aseguró a Cimacnoticias Paula Avila-Guillén, abogada y directora de Women’s Equality Center.
Desde que el pasado mes de junio de 2022, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el fallo Roe contra Wade, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han venido en detrimento afectado directamente a cerca del 58 por ciento de las estadounidenses que “podrían en algún momento de su vida necesitar un aborto, como también de sufrir una complicación médica y que sin acceso a una interrupción del embarazo segura podría costarles la vida”, expresó Avila-Guillén.
Avanzan iniciativas para restringir aún más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Antes de la derogación de Roe contra Wade -un parteaguas que permitió dejar de criminalizar la interrupción del embarazo en Estados Unidos– en el país ya se presentaban problemas de acceso a atención médica, especialmente en comunidades rurales y de escasos recursos, detalló la abogada.
Sin embargo, tras el fallo “el problema solo ha empeorado”, afirmó. Pues al menos una de cada tres mujeres perdieron el acceso al aborto y con ello la posibilidad de elegir sobre sus vidas y sus cuerpos.
Tan solo hasta octubre de 2022, el Instituto Guttmacher (organización que apoya el derecho al aborto) documentó el cierre de por lo menos 66 clínicas que brindaban este servicio. Antes de aquel 24 de junio de 2022, en 15 estados se tenían un total de 79 clínicas. A partir del 2 de octubre, ese número se redujo a 13 (todas ubicadas en Georgia).
“Esto significa que actualmente no hay proveedores que ofrezcan abortos en 14 de los 15 estados”, destacó la organización.
Pese a este panorama, las fuerzas políticas en Estados Unidos buscan crear más limitaciones que atenten aún más contra los derechos de las mujeres en el país.
Por ejemplo, actualmente en 15 estados se restringe el acceso al aborto con medicamentos, detalla el Instituto Guttmacher. Pero no conforme con ello, en Wyoming ya se legisló para prohibir la venta de pastillas abortivas y se sancione a quien “recetar, dispense, distribuya, venda o use cualquier droga con el fin de procurar o realizar un aborto”.
La persona que viole dicha norma, podría ser sancionada con hasta seis meses de prisión y una multa de nueve mil dólares, es decir, 162 mil 933 pesos mexicanos.
Sumado a lo anterior en Carolina del Sur los legisladores caminan hacia la aprobación de la llamada “Ley de Igualdad de Protección Prenatal”, la cual busca modificar el Código Penal y definir como “persona” a un óvulo fecundado.
Lo anterior, aseguran los políticos, “garantizaría que un menor por nacer que es víctima de homicidio reciba la misma protección bajo las leyes de homicidio del estado”, mismas que contemplan sanciones como la pena de muerte.
Ante ello, Paula Avila-Guillén destaca que “no es ‘provida’ condenar a una mujer a la muerte por la asistencia médica que busca. Los legisladores antiaborto en Carolina del Sur y en otros estados tratando de criminalizar y de restringir el aborto engañan al público, porque lo único que hacen es obligar a los médicos a quedarse de brazos cruzados y dejar que las personas embarazadas sufran y, a veces mueran, antes de que puedan conseguir la atención médica esencial que necesitan”.
“Ya hemos visto lo que ocurre cuando los países prohíben el acceso al aborto y empujan a las personas a los peligros de los abortos inseguros. Se persigue a la gente, las complicaciones sanitarias se disparan y las personas embarazadas mueren. Los legisladores republicanos quieren llevar a la gente un paso más cerca de esa realidad”.
Por otro lado, en Texas la sentencia preliminar de un juez pretende ordenar a la FDA a que retire su aprobación de la mifepristona, la primera píldora del régimen de aborto de dos fármacos. Al respecto, destaca la directora de Women’s Equality Center, si la decisión se mantiene, “podría alterar la práctica del aborto en todo el país, y afectar incluso a los estados en los que el aborto es legal”.
Consecuencias de las restricciones implementadas por el gobierno de EU contra las mujeres
Avila-Guillén asegura que en Estados Unidos hay “una estrategia coordinada entre las fuerzas conservadoras para ponerle un fin por completo a los derechos reproductivos de las mujeres”.
En ese sentido, las consecuencias ya se han dejado ver. Por ejemplo, en Texas hay demandas de mujeres y de sus médicos contra el Estado porque las leyes son tan extremas que incluso cuando sus vidas están en riesgo, se les está negando el acceso al aborto por culpa de las prohibiciones.
Además, “en este momento viven 40 millones de mujeres en edad reproductiva en alguno de los estados donde se ha restringido o prohibido el aborto”, explica la abogada, provocando riesgos a su vida y sus derechos.
“Los ataques contra nuestros derechos reproductivos son motivados por políticos extremos, no por la salud ni el bienestar de nuestras comunidades y familias. El público estadounidense ha rechazado en grande estos ataques, ya que han creado desiertos de salud donde miles de mujeres no tienen acceso a clínicas, exasperando la crisis de mortalidad materna en el país y haciendo que las comunidades de escasos recursos tengan aún menos acceso a atención médica.”
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