perse
Ciudad de México.– El epicentro de la trama del “Cártel Inmobiliario”, bajo investigación del Gobierno y la Fiscalía de la Ciudad de México, atraviesa las administraciones panistas de Jorge Romero Herrera y Christian Von Roehrich de La Isla, este último con una orden de aprehensión en su contra, aunque vecinos de la Alcaldía Benito Juárez han denunciado que este esquema continúa en la actual gestión de Santiago Taboada, todos ellos figuras del panismo en la capital.
Christian Von Roehrich de la Isla es acusado de cometer actos de corrupción durante su gestión como Alcalde en una investigación paralela a la del “Cártel Inmobiliario”. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), informó ayer que la orden de aprehensión es por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades. Posteriormente aclaró a SinEmbargo Al Aire que el panista se encuentra prófugo.
“Lo teníamos ubicado, se presentó, se hizo una pesquisa, pero la persona ya no estaba en el domicilio. No estaba ubicable en otros de los puntos, por eso decimos que está sustraído de la acción de la justicia”, comentó Lara. “Se han activado todos los protocolos, notificaciones, se informó a fiscales de otros estados con los que tenemos comunicación; se informó a migración, autoridades de Interpol, todo se tendrá que hacer porque está todo presentado, mientras esté así se activarán todos los procedimientos, la intención es que sea llevado ante el Juez. Esperábamos que tuviera la disposición, pero no, se sustrajo”.
La acusación en contra del Alcalde movilizó ayer en la noche a la cúpula panista, la cual cerró filas con Christian Von Roehrich de La Isla. “Ya quedó claro el Plan B del Presidente, el Plan de venganza porque perdieron la mitad de la capital del país”, acusó Marko Cortés, dirigente nacional panista, quien aseguró que todo se trata de una “venganza política” de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Si tocan a uno, tocan a todos”, puntualizó.
En la rueda de prensa, el Diputado Jorge Romero Herrera, exalcalde de Benito Juárez quien también ha sido vinculado a la corrupción inmobiliaria que investiga la Fiscalía capitalino, dijo que “existe una campaña de persecución desde el Gobierno de la Ciudad de México” e indicó que la Fiscalía capitalina quiere dejar en el imaginario de la gente la idea de un cártel. “Todas y todos los que estamos aquí tenemos carpetas de investigación en esa Fiscalía”, sostuvo.
En respuesta, Ulises Lara negó que haya una intención política y precisó que se trata de una investigación paralela a la relacionada con el “Cártel Inmobiliario”, derivada de la detención de dos exfuncionarios en julio y en octubre pasados, que permitieron realizar una investigación de cómo operaban presuntamente Von Roehrich de la Isla y otras tres personas que también laboraban para la Alcaldía durante su mandato, las cuales ya fueron detenidas.
“Son contratos realizados en 2017, que fueron ampliaciones líquidas para poder hacer obras, sobre todo de recolección de escombros y otros trabajos, que sumaron cantidades muy importantes, en total poco más de 200 millones de pesos, y que la investigación demostró que estos contratos fueron asignados a dos empresas distintas que habían sido creadas recientemente, su objeto social no se relacionaba necesariamente con la venta de maquinaria, limpieza de escombros, mantenimiento de edificios”, señaló.
Lo cierto es que habitantes de la Benito Juárez, quienes se han visto afectados por el “Cártel Inmobiliario” a través de los daños que las constructoras les han causado a sus viviendas y a la zona, han dicho a este medio que aunque el boom inmobiliario en la Alcaldía inició en la administración de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), fue con el Diputado federal Jorge Romero (2012-2015) y el Diputado local Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) cuando las prácticas ilegales se hicieron evidentes.
“Con Jorge Romero y Cristian Von Roehrich muchas constructoras se pasaron de pisos en los edificios, cuando se daba uno cuenta de que no eran los pisos señalados denunciábamos como vecinos, pero en la Delegación no nos hacían caso”, contó a este medio Eugenia, quien ha vivido más de 40 años en la Alcaldía Benito Juárez y que en los últimos 10 años ha visto cómo el “Cártel Inmobiliario” modificó su vecindario.
En ese sentido, cuarenta familias que habitan el condómino City Towers, ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía Benito Juárez exigieron a Santiago Taboada, actual Alcalde de la demarcación y a los exfuncionarios del PAN que han encabezado administraciones pasadas que den la cara por el fraude inmobiliario del que han sido víctimas.
“Yo les tomo la palabra, si tocan a uno, los tocan a todos. Todos los responsables, por favor, que se presenten en la Fiscalía a la buena y que den la cara por lo que hicieron. Yo tengo representados que son de la tercera edad, con capacidades diferentes que compraron en este edifico porque les dijeron que iba a tener salidas de emergencia, todo moderno, todo accesible y viven en sus jaulas de oro porque sus familiares con capacidades diferentes no pueden salir de sus departamentos porque no está habilitado como se lo prometieron y, todavía peor, por la parte de la autoridad no fue a revisarlo”, comentó a SinEmbargo Al Aire Rodrigo Muñoz, abogado de los afectados.
En tanto, Carlos Alberto Ulloa, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), expresó en días pasados que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez era una práctica que se venía dando desde el año 2008 y las autoridades en turno tenían conocimiento de ello.
“La afectación para los habitantes de Benito Juárez es que hay un deterioro en el nivel de vida porque es más transporte público, más uso de las vialidades y más uso de agua. Es un problema grave que está en la Alcaldía Benito Juárez y es una práctica que se venía dando desde 2008 hasta la fecha”, comentó esta semana a SinEmbargo Al Aire Carlos.
El Gobierno capitalino, a través de la Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), estima que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos y comprende la construcción de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022 y por los cuales se presentarán las denuncias penales correspondientes contra quien resulte responsable.
En el periodo de 2012 a 2015 se edificaron 27 inmuebles con 68 niveles excedentes; de 2016 a 2018, 58 inmuebles y 188 niveles excedentes; de 2019 a 2022, 40 inmuebles y 66 pisos excedentes; y de 2008 a 2011, cinco inmuebles con 12 pisos excedentes, informó el viernes pasado el titular de la Seduvi.
Ayer, la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Christian Von Roehrich. Pero los señalamientos alcanzan a uno de los principales liderazgos del Partido Acción Nacional, el actual Diputado Jorge Romero. Señalado por “capturar” dinero para la reconstrucción tras el sismo de 2017 en su paso por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el coordinador de los diputados federales panistas fue Jefe delegacional de la Alcaldía Benito Juárez entre 2012 y 2015, periodo en el que de acuerdo con las denuncias se hicieron evidentes las prácticas irregulares del sector inmobiliario.
De acuerdo con la investigación en curso de la FGJ-CdMx, el modus operandi implicaba que servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
“El problema es muy grave porque tenemos a personas que han comprado un inmueble de buena fe, el ahorro de toda su vida o créditos hipotecarios y el problema en el que se encuentran radica en el uso de suelo, también en las autorizaciones fuera de la norma”, señaló el titular de la Seduvi a este medio.
Hasta el momento son cinco los detenidos por este caso. El primer arresto se dio el 30 de julio, cuando se detuvo a Luis Vizcaíno Carmona, director general de Jurídico y de Gobierno en la Alcaldía Benito Juárez entre 2009 y 2016. Se le acusa de enriquecimiento ilícito. El 19 de octubre, fue detenido Nicias René Aridjis Vázquez, quien fungió como director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018, también por el mismo delito.
En agosto, Vizcaíno Carmona fue vinculado a proceso y recibió prisión preventiva por al menos tres meses, mientras se realiza la investigación. Aridjis Vázquez, en cambio, aunque fue vinculado a proceso, recibió prisión domiciliaria por motivos de salud, por lo que sólo estuvo preso unas horas.
Además de la orden de aprehensión contra Von Roehrich de La Isla, la Fiscalía capitalina informó este jueves que tres personas más fueron detenidas con relación al Cártel Inmobiliario: se trata de Ismael “N”, José “N” y Alejandro “N”, quienes fueron arrestados por uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa. Los tres fueron identificados como exservidores públicos. Los tres se encuentran en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un Juez determinará su situación legal.
Antes de que la Fiscalía de la Ciudad de México informara sobre el “Cártel Inmobiliario”, los vecinos ya habían denunciado estas irregularidades ante la Alcaldía, pero sin obtener respuesta. Recuerdan que Luis Vizcaíno Carmona y Nicias René Aridjis Vázquez sólo los recibían, escuchaban sus demandas y les decían que “iban a revisar”.
“Nunca nos hicieron caso, las constructoras decían que la Alcaldía les había dado permiso y no había poder humano que los moviera. Han hecho muchos edificios, han dejado sin árboles nuestra colonia, tiran los árboles y ponen puros matorrales; se ha ido perdiendo la tranquilidad, antes las casas eran chicas, cuando mucho de uno o dos niveles y todos los vecinos nos conocíamos, ahora ya quedamos muy poquitos”, dijo en semanas pasadas Eugenia, quien también forma parte del Comité Vecinal.
Lee el texto original en SinEmbargo
