perse
“Ser mujer en Chimalhuacán es peligro, es sobrevivir al día a día. En Chimalhuacán no hay un lugar seguro para las mujeres”, Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio víctima de feminicidio en 2017 en este municipio del Estado de México.
Para una mujer, habitar en Chimalhuacán significa sobrevivir. Y es que este municipio del Estado de México es uno de los más violentos de todo el país para las mujeres, quienes transitan por calles marcadas por el feminicidio, la corrupción, el abuso policial y la impunidad, frente a los ojos de autoridades omisas y una sociedad indolente.
Chimalhuacán es uno de los 125 municipios del Edomex, localizado al oriente de esta entidad, colindando con Nezahualcóyotl y Texcoco. Aquí habitan más de 600 mil personas, en su mayoría mujeres (374 mil 410). A ellas las autoridades las han olvidado.
Ver lo que sucede en este municipio es asomarse a una pequeña versión del país. Donde impera la violencia feminicida al interior de los hogares, en las calles, escuelas, terrenos baldíos y en los espacios laborales. Es caminar junto al Canal de la Compañía y observar cruces rosas, miedo y el olvido estatal.
De acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en esta primera mitad del año Chimalhuacán ha registrado cinco casos de feminicidio, lo cual lo ubica en el cuarto lugar de entre los 100 municipios con más registros de este delito. Sin embargo, esa cifra poco refleja la realidad que se enfrenta día a día.
Expresiones de violencia extrema contra las mujeres, consecuencias de la impunidad
Chimalhuacán cerró el 2022 con muestras de violencia extrema contra las mujeres. El 5 de diciembre de ese año Karen Eréndira Ramirez Barrera fue asesinada al interior de un hotel ubicado en el Barrio San Pablo.
El sensacionalismo de los medios de comunicación se dejó ver nuevamente con encabezados como “Bomberos sofocan incendio en un hotel y se encuentran con macabra escena en Chimalhuacán”.
Durante un bloqueo realizado por su familia el 9 del mismo mes sobre la avenida Bordo de Xochiaca la familia señaló a la expareja de la joven como el principal sospechoso por el feminicidio. Sin embargo, la justicia para ella resultó tardía.
Este caso se sumó a la historia de Ana María Hernández, quien murió luego de que uno de sus vecinos incendiara su hogar el 14 de diciembre de 2022.
Ana María tenía 40 años y vivía en condiciones de extrema pobreza en la colonia Progreso de Oriente junto a su padre, un adulto mayor quien en repetidas ocasiones recibió amenazas por parte del feminicida asegurando que atacaría sexualmente a su hija.
La tarde noche del martes 13 de diciembre de 2022 Antonio Hernández fue golpeado por lo menos en dos ocasiones por el feminicida de su hija. Cuando por tercera vez el mismo sujeto intentó golpear al padre de Ana María, los vecinos intervinieron y le aconsejaron a la víctima que se fuera y ellos cuidarían a su hija, ya que ella vivía con una discapacidad auditiva y del habla.
Sin embargo, cerca de las 24 horas los vecinos se retiraron y dejaron sola a Ana María. Entonces el 14 de diciembre el agresor prendió fuego a la casa de madera, donde se encontraba la mujer y sus perros. A más de un mes de los hechos el cuerpo de Ana María no había sido entregado a su padre, al no ser el progenitor de la mujer.
Luego de una serie de exigencias por parte de mujeres de la periferia, finalmente Ana María fue sepultada por su padre. Pero con ello las omisiones no se detuvieron, pues el 25 de diciembre el presunto feminicida fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. Aún cuando el caso cumple con razones de género para ser considerado como feminicidio.
Como el hecho de que existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima, tal como lo señala el Código Penal del Estado de México.
Para Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza -que ha acompañado a mujeres de Chimalhuacán– las demostraciones de violencia extrema contra las mujeres son provocadas por la impunidad.
“No hay detenidos en muchos de los casos. Las mujeres son regresadas a sus casas si no llegan con golpes graves. Estas violencias han sido normalizadas y permitidas en Chimalhuacán”.
Este municipio, que por años fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente es dirigido por Xóchitl Flores Jiménez de Morena, tiene instaurada una estructura de violencia y pobreza, asegura Elsa Arista.
“Las mujeres no podemos acceder a una vida libre de violencia por la negligencia de las autoridades, aún cuando somos precarizadas, no tenemos derecho a la salud o a la educación, no les interesamos”, sentenció.
Para la activista por los derechos de las mujeres, al no prevenir y no sancionar la violencia feminicida, las autoridades del municipio envían un mensaje: no habrá consecuencias si una mujer es asesinada.
Chimalhuacán ignora sentencia Mariana Lima
Las autoridades de Chimalhuacán también olvidaron que en este municipio se gestó la Sentencia Mariana Lima, nombrada así por Mariana Lima Buendía, una joven abogada que fue asesinada en 2010 en el mismo municipio.
El presunto feminicida, quien trabajaba como policía ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, aseguró que Mariana se había quitado la vida, pese a que las pruebas indicaban que él la agredía física, sexual y emocionalmente.
Por años, su versión fue respaldada por las autoridades investigadoras, quienes mostraron en todo momento la falta de debida diligencia, además de omisiones y negligencias. Sin embargo, Irinea Buendía, madre Mariana Lima, emprendió una batalla para demostrar que su hija había sido asesinada.
En un inicio el caso de Mariana Lima se investigaba como suicidio e incluso las diligencias se pausaron. Entonces su familia buscó llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Fue así como el 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país dictó la sentencia histórica “Mariana Lima Buendía”, a partir de la cual se ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, juzgar con perspectiva de género y reabrir el caso de Mariana.
Pese a la existencia de este precedente, las autoridades municipales no realizan investigaciones con perspectiva de género en casos de feminicidio y desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
“Las instituciones no nos dan respuesta oportuna cuando llegamos al Ministerio Público, en los casos de desapariciones siguen argumentando la necesidad de esperar 72 horas, siguen revictimizando a nuestras hijas, dicen que se fue con el novio, que después regresa. Pero jamás toman los protocolos que desde el primer momento tienen que atender, no hay búsqueda en vida, no hay líneas de investigación”, detalla Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio víctima de feminicidio en 2017 también en este municipio.
Y aunque Lidia Florencio explica que defensoras de los derechos humanos y madres de víctimas de feminicidio y desaparición se han dado a la tarea de capacitar a Ministerios Públicos, estos “vuelven a cometer los mismos errores” y, “lo peor de todo” es que no hay sanción para ellos.
“A seis años del feminicidio de Diana, los primeros respondientes, los Ministerios Públicos, policías, médicos, criminólogos, todos cometieron demasiados errores, pero no ha pasado nada con ellos, continúan laborando y mientras tanto siguen apareciendo Dianitas en la calle”.
Y es que en el caso de Diana Velázquez, las omisiones también fueron evidentes. La joven fue privada de su libertad, agredida sexualmente, asesinada y abandonada en un terreno baldío en el municipio de Chimalhuacán.
Las autoridades localizaron el cuerpo de Diana con signos de violencia el mismo día que desapareció; sin embargo, como primer registro de su incapacidad, ingresaron el cadáver como si fuera el de un hombre, lo que provocó que por varios días su familia se mantuviera en la incertidumbre.
Una vez identificado el cuerpo de Diana, las autoridades impusieron obstáculos por trámites burocráticos para hacer una exhumación del cuerpo, además se “perdió” la ropa que la joven llevaba el día de su feminicidio.
Entre retrasos, información incorrecta, omisiones y revictimización, el pasado mes de enero fue sentenciado uno de los feminicidas de Diana. Sin embargo, otro agresor continúa prófugo.
“A seis años seguimos en las mismas, no estoy conforme con lo que se ha hecho con la sentencia del Poder Judicial, el feminicida apeló y le redujeron más de 30 años. Es así como vemos que de alguna manera le siguen fallando a Diana”, aseguró Lidia Florencio.
Elsa Arista coincide con Lidia Florencio al asegurar que en Chimalhuacán la Sentencia Mariana Lima no es utilizada por el personal de justicia para investigar y sancionar con perspectiva de género.
“Vemos falta de acceso a la justicia, negligencia de protocolos de actuación para levantar cuerpos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio; no guardan, no preservan el lugar de los hechos. Hay negligencias que hacen que se pierdan evidencias que permitan dar con los feminicidas y enjuiciarlos. No hay atención a las familias, no hay respeto a los derechos de las víctimas”, aseguró Arista. “Aunque está la Sentencia Mariana Lima, siguen catalogando como homicidio las muertes violentas de las mujeres y además ponen una serie de candados a las familias”, sentenció.
En Chimalhuacán “la policía no me cuida”
En 2019, una joven de 12 años de edad fue privada de la libertad por policías de este municipio. Permaneció desaparecida por dos días. Cuando fue localizada se pudo observar que tenía rastros de agresión física y sexual.
Por estas violencias en abril de 2022 su mamá, Irene, junto a mujeres de Chimalhuacán, víctimas y madres, se manifestaron frente a las instalaciones del Centro de Justicia de Chimalhuacán, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La respuesta de la policía del municipio fue represión. Entre gases, golpes y amenazas las mujeres que exigían justicia para la joven fueron agredidas. ¿En quién confiar si las mismas autoridades nos agreden?, se preguntan las mujeres de Chimalhuacán.
“Cuando caminamos por la calle y vemos una patrulla, sentimos más temor porque pensamos que nos van a levantar y desaparecer. No nada más nos cuidamos de los agresores, también de los policías”, asegura Lidia Florencio.
Ante ello, la madre y defensora se niega a las diversas propuestas de la próxima gobernadora de incluir “policías de género”, pues, asegura, no es personal que se encuentra “capacitado, sensibilizado y comprometido”.
“Nos reprimen por ser mujeres. Los policías desaparecen, destruyen, asesinan y no pasa nada”.
AVGM, mecanismo insuficiente en Chimalhuacán
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio.
El Estado de México, además de ser la entidad más poblada del país, también fue el primer estado donde se decretó una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 2015 por el delito de feminicidio. En ese momento se consideró a 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
En septiembre de 2019 se decretó una segunda AVGM en el Estado de México, en esta ocasión -y por primera vez a nivel nacional- por el delito de desaparición. En este caso los municipios con alerta son: Toluca, Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
Pese a ello, la violencia feminicida no ha podido ser prevenida y mucho menos erradicada en Chimalhuacán. Así lo demuestran casos como el de Angélica María Magnolia Hernández, una mujer de 30 años dedicada a la albañilería, quien fue asesinada el pasado mes de marzo de 2023.
Ángelica era madre, dedicaba la mitad de su tiempo a trabajar para poder pagar un terreno que sería su patrimonio y el de sus hijos. Sin embargo, los hombres con los que trabajaba le arrebataron la vida en medio de la impunidad que impera en el municipio.
En San Lorenzo, Chimalhuacán, también vive Norma*, quien este año fue víctima de tentativa de feminicidio por parte de su esposo. Sin embargo, al acudir a denunciar el caso fue catalogado como violencia familiar. Pidió protección, pero esta le fue negada.
También viven en este municipio dos jóvenes que en el mes de abril estuvieron a punto de ser desaparecidas en la colonia San Agustín. Su historia se hizo conocida debido a un video en el que se observa cómo pudieron evadir a los agresores. Con la canción Vivir sin Miedo en su grabación, ellas recordaron que en Chimalhuacán “cada segundo roban amigas, matan hermanas”.
Acompañar a otras mujeres en el municipio que las ha dejado solas
Bajo la sombra de la escultura conocida como Guerrero Chimalli, colocada para dar la bienvenida al municipio, Lidia Florencio denuncia que el gobierno no invierte en las mujeres. Y es que esta figura de acero tuvo un costo de 30 millones de pesos, mientras que en el municipio no se ha podido ver un refugio que de verdad funcione, acusó la madre.
“Se necesita inversión en las mujeres, para que podamos vivir, porque se nos ha negado vivir, transitar por las calles, se nos ha negado una justicia, vivir libres de violencia”, asegura.
Pero ante este abandono, ellas han creado redes. Lidia Florencio acompaña a otras mujeres a través de la colectiva Justicia para Diana. Desafortunadamente, asegura, diariamente nos llegan bastantes mensajes a nuestras redes sociales de mujeres víctimas de violencia vicaria, violencia física, sexual y policial. A ellas las acompañan a realizar protestas, en sus procesos legales y el abrazo que les recuerda que no están solas.
Sin embargo, Lidia Florencio también reconoce que ser mujer defensora en Chimalhuacán es peligroso. “Si damos un acompañamiento y vemos una patrulla, en lugar de sentirnos protegidas, nos sentimos intimidadas”.
Por ello Elsa Arista, quien también acompaña a mujeres de Chimalhuacán, asegura que, además de atender los protocolos y las medidas que contemplan las AVGM, es realmente urgente que “se reestructure el sistema judicial” del municipio.
Chimalhuacán es un municipio demasiado olvidado, peligroso, “yo lo sé porque yo camino por estas calles”, afirma Lidia Florencio. Las mujeres en esta demarcación no necesitan “tarjetas rosas o esculturas», sino seguridad y justicia, sentenció.
“Que el destino de las niñas en Chimalhuacán sea hablar de sus sueños, no ser violadas, desaparecidas o asesinadas”, Elsa Arista.
TE RECOMENDAMOS LEER:
