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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor de Morena y aliados y 21 en contra de la oposición la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial para transferir sus recursos, estimados en 15 mil millones de pesos, a la Tesorería de la Federación.
En medio de advertencias de jueces, magistrados y organizaciones de que la reforma representa una vulneración a la autonomía del Poder Judicial y una afectación a los derechos laborales de trabajadores del mismo, la Comisión reformó el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia.
Así también se reformó la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios de del Estado, con lo que desaparecen cinco fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, seis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al iniciar la discusión, diputados de oposición indicaron que no corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reformar la normativa del Poder Judicial sino a la Comisión de Justicia, por lo que solicitaron rectificación de turno e incluso un parlamento abierto para escuchar a los afectados, sin embargo, su petición fue votada en contra por la mayoría de Morena.
La diputada panista Margarita Zavala acusó que la reforma impulsada por Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, es una «venganza» del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus fallos y que afectará los derechos de 55 mil trabajadores del Poder Judicial, por lo que adelantó que van a presentar una acción de inconstitucional para frenar la modificación.
Con la diputada Zavala coincidió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que se pronunció ayer en contra de la reforma, al advertir que atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores judiciales pues eliminaría prestaciones que ayudan a la subsistencia de sus familias.
La Asociación exigió se respete su derecho a tener una remuneración “que les permita llevar una vida digna y realizar su función en beneficio de la sociedad con absoluta autonomía e independencia y libre de influencias y presiones externas”.
En tanto, el diputado Hamlet García Almaguer sentenció que los fideicomisos permitían privilegios al interior del Poder Judicial y dijo que su extinción en comisiones los pone “en agonía” y que lo “único que los mantiene vivos es la respiración artificial que le está otorgando la oposición, por eso hoy es un buen día, porque está por terminar”.
Para concretar el recorte, siete leyes serían reformadas y los recursos de los fideicomisos extintos tendrán que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para darles “un mejor uso en beneficio de la nación», de acuerdo con Mier Velazco.
Al corte del 30 de junio de 2023, los saldos de los fideicomisos que se proponen desaparecer son los siguientes: pensiones complementarias de mandos superiores 789 millones 397 mil 493 pesos; pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo 2 mil 972 millones 640 mil 326 pesos; plan de prestaciones médicas 145 millones 66 mil 123 pesos; manejo de producto de la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos 177 millones 831 mil 290 pesos: y remanentes presupuestales mil 386 millones 20 mil 861 pesos. Todos los fideicomisos corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el Consejo de la Judicatura Federal, el fideicomiso pensiones complementarias de magistrados y jueces tiene un saldo de 4 mil 722 millones 319 mil 850 pesos; fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces 76 millones 571 mil 294 pesos; fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de la SCJN, 69 millones 75 mil 827 pesos; y el fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal tiene 4 mil 308 millones 993 mil 45 pesos.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo desaparecía el fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN, que tiene un saldo de 15 millones 493 mil 63 mil pesos.
Previo a la discusión, Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dijo que el PAN votará en contra de la reforma si la extinción de los fideicomisos trastoca derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo, dijo que si abona a eliminar privilegios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se opondrán.
“El PAN no pretende defender súper bonos para ministras o ministros, el PAN no pretende defender viáticos infinitos, el PAN no pretende defender miles de asesores, no nos interesa, ya lo hemos dicho muchas veces, eso no lo defiende yo creo que ya nadie. Lo que nosotros pretendemos defender son los fideicomisos en donde la misma Suprema Corte de la Justicia o el Consejo de la Judicatura en su particularidad, menciona que son fideicomisos para cumplir con los derechos laborales de miles de personas, no de ministros”, expresó.
La reforma para extinguir los fideicomisos surgió del conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de la Federación, el cual escaló luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional su Plan B de reforma electoral; la determinación del máximo tribunal provocó que el presidente anunciara su Plan C que consiste en que Morena y aliados ganen la mayoría en el Congreso de la Unión para impulsar una reforma al Poder Judicial.
El titular del Ejecutivo también reprochó al Poder Judicial frenar el traslado de Guardía Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la liberación de implicados en el caso Ayotzinapa o del abogado Juan Collado, por lo que ha insistido en que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular.
Se prevé que la reforma sea discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 17 de octubre.
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