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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo por el que se determina el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, cuando se celebrarán elecciones en Coahuila y el estado de México.
El financiamiento que aún debe ser aprobado por el Consejo General, dio luz verde a un monto de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos para el Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes ($5,936,016,484); Actividades específicas ($178,080,495); Franquicia postal ($118,720,329) y Franquicia telegráfica ( $693,490), donde Morena será el mayor beneficiado.
En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión, Uuc-kib Espadas Ancona, señaló que pese a lo poco prestigioso de entregarle dinero a los partidos políticos “garantiza el pleno desarrollo democrático de nuestros procesos electorales y que la política sea un ejercicio compartido por la sociedad mexicana sin el peso determinante del dinero privado”.
Los montos fueron aprobados a partir de la fórmula establecida en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos tomando en cuenta los resultados de la elección ordinaria
federal para elegir diputaciones federales por el principio de Mayoría Relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política.
El financiamiento que corresponde a cada partido político y que será discutido esta semana en el Consejo General, es el siguiente:
Asimismo, el Uuc-kib Espadas Ancona, dejó en claro que el INE está obligado a formalizar la entrega de estos recursos y no puede alterar los montos que se asignan a cada fuerza política.
“Estos son dineros que garantizan dos cosas fundamentales en nuestra democracia, la primera es permitir que haya partidos competitivos, aunque no dispongan de grandes donativos de intereses privados” y “que los ciudadanos puedan en plena libertad expresar su auténtica voluntad en las urnas gracias a un mínimo de equidad”, apuntó.
De cara a la reforma político-electoral constitucional que se discute en el Congreso, el Consejero Espadas Ancona consideró que se debe entender y valorar el efecto del gasto público en la democracia mexicana, para garantizar el derecho de la ciudadanía a darse sus gobernantes desde hace casi tres décadas y tener en cuenta las otras experiencias que han llevado a destinos diferentes.
