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Ciudad de México.- A María Elena Ríos, saxofonista sobreviviente de un ataque con ácido en 2019 perpetrado por Juan Antonio V. C., ya le dieron fecha de audiencia de debate : el 27 de noviembre, sin embargo, acusa que la fecha no le otorga el tiempo suficiente debido a que es ella quien carga con todas las pruebas y debe conseguir a todos los testigos.
Ríos también denunció que las autoridades en Oaxaca se han negado a darle un tribunal de alzada (colegiado), compuesto por tres jueces que garanticen la imparcialidad en el caso; por el contrario, le asignaron un tribunal unitario a cargo de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, a quien desde el pasado 4 de octubre denunció por conflicto de interés por tener nexos con la defensa de su atacante y por no garantizar parcialidad.
“La jueza María Teresa Quevedo Sánchez tiene una larga trayectoria en Oaxaca por liberar a feminicidas. Hay al menos tres casos: las desapariciones forzadas, de la activista Claudia Uruchurtu, de Zaira Leticia Morales Loyola y el feminicidio de Jocelyn Ortíz”, señaló Elena Ríos.
Como prueba de ello, hoy 25 de octubre, María Elena presentó en un medio de comunicación, la fotografía de una fiesta en la que aparece la jueza Quevedo Sánchez con dos abogados que asesoraron a Vera Carrizal.
Por otra parte, también denunció que las personas que conforman la sala del tribunal que valolará el caso tienen conflicto de interés: la magistrada Gregoria Castellanos, es madre de Víctor Jorge Velasco, el primer juez al que, a incios del proceso, Ríos removió por corrupción, Moisés Molina, quien tiene frenada una denuncia por violación sexual y Berenice Ramírez también, acusada de hacer manualidades en su oficina, en lugar de trabajar.
Su abogada, Diana Cristal González Obregón, señaló que existe una clara violación al derecho de su representada a tener certeza jurídica, al derecho a tener legalidad y un debido proceso.
Sobre la petición de tener un tribunal colegiado y. no uno unitario, la abogada penalista señaló que en la ley mexicana se establece que cuando una causa es compleja, no la debe resolver un Tribunal Unitario, la debe resolver un tribunal de juicio oral colegiado, este es el caso de María Elena Ríos, su representada. Además de que existe una violación grave en el sentido de la falta de perspectiva de género.
La abogada comentó que la fotografía fue puesta en conocimiento del Poder Judicial de Oaxaca, pero para ellos esa prueba ‘no es conflicto de intereses’, sin embargo, seguirán solicitando un Tribunal Colegiado porque esta prueba se traduce en pérdida de confianza y se compromete la imparcialidad de los propios ministros de la Corte.
Otra denuncia de González Obregón fue que el tribunal solicitó que en la audiencia del 27 de noviembre, asista presencialmente María Elena, poniendo en riesgo su vida y sabiendo que ella tuvo un atentado el 15 de septiembre, cuando balacearon su coche en el trayecto de la Ciudad de México a Oaxaca. Recordó que ella tuvo huir de su lugar de origen donde tenían arraigo, familiar y laboral para ser víctima desplazada en la Ciudad de México. Además ambas, víctima y abogada, están amenazadas de muerte, por lo cual responsabiliza Magistrado Presidente, la jueza Quevedo Sánchez y a los imputados de todo lo que le llegue pasar a su representada.
En 2019 la María Elena Ríos fue víctima de feminicidio por su ex pareja, el ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente ordenó a dos sujetos le rociaran ácido. En ese atentado María Elena tuco quemadoras graves en el 90% de su cuerpo. Juan Antonio V.C. se encuentra en prisión preventiva desde 2020; otro autor intelectual fue su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien está prófugo de la justicia; Rubén L. y Rubisel Hernández, autores materiales, están en prisión preventiva; Ponciano Hernández, otro implicado, falleció en la cárcel.
El pasado 9 de septiembre se cumplieron cuatro años sin justicia para María Elena Ríos, quien ha visto pasar en su caso a dos gobernadores, tres fiscales, tres Ministerios Públicos y cuatro jueces.
4 años de impunidad en su caso
La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz ha visto pasar en su caso a dos gobernadores, tres fiscales, tres Ministerios Públicos y cuatro jueces, quienes no le han brindado justicia y, por el contrario, la han revictimizado y violentan institucionalmente.
En entrevista con Cimacnoticias el pasado 12 de septiembre, María Elena Ríos recordó que las autoridades en Oaxaca tampoco han cumplido con la recomendación 28/2022 dirigida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al entonces gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
En dicha recomendación se menciona que el gobierno de Oaxaca y la Fiscalía General de Justicia del estado han ejercido violencia institucional y vulneraron el acceso a la justicia a María Elena Ríos desde el 9 de septiembre de 2019, cuando fue violentada con ácido.
La CNDH evidenció que la FGE de Oaxaca no elaboró un plan de protección en coordinación con otras dependencias de la administración pública estatal o municipal, ni ejecutó adecuadamente medidas en favor de la sobreviviente ni de sus familiares; y consideró que las autoridades responsables debieron realizar las diligencias de manera autónoma, sin necesidad del impulso de las víctimas o de la exposición del caso a la opinión pública a través de los medios de comunicación.
La Comisión Nacional resaltó que, en el desarrollo de sus investigaciones, la Fiscalía General y el gobierno del estado de Oaxaca presentaron información incompleta o negaron de manera reiterada su plena colaboración, con lo que se obstaculizó la investigación.
Por dichas omisiones la CNDH pidió al entonces gobernador de Oaxaca y al fiscal general de la entidad que procedieran a la inmediata reparación del daño ocasionado a la víctima y a sus familiares, “en los términos y condiciones que establece la Ley General de Víctimas”, además ordenó que se les proporcionará atención médica y psicológica de manera continua hasta que “alcancen su sanación psíquica y emocional o el máximo beneficio en su salud, atendiendo a su edad, sexo y necesidades”.
Además, se pidió el reconocimiento de la responsabilidad, lo cual implicaba ofrecer una disculpa pública a María Elena y su familia; sin embargo, al día de hoy esto no ha ocurrido y, por el contrario, se han puesto más obstáculo en su búsqueda de justicia.
Resistir ante la violencia institucional
“Eran las 10 de la mañana cuando el ácido comenzó a quemar el 80 por ciento de mi cuerpo, por inercia le pedí ayuda a mi madre, me respondió con la misma inercia y me abrazó mientras que el ácido comenzó a quemarla a ella. Desde ese momento la resistencia comenzó”, recordó María Elena en un video publicado este 10 de septiembre en sus redes sociales.
Al día de hoy Juan Antonio V. C. (autor intelectual del ataque con ácido) se encuentra en prisión preventiva justificada; sin embargo, su hijo, Juan Antonio Vera Hernández (otro autor intelectual está prófugo. Rubén L. y Rubisel Hernández, autores materiales, también se mantienen en prisión preventiva, pero Ponciano Hernández -otro implicado en el caso- falleció en la cárcel.
Una a una María Elena enlistó a las autoridades responsables de que la justicia aún no llegue a su caso. En primer lugar nombró a dos gobernadores: Alejandro Murat Hinojosa y el segundo y actual, Salomón Jara Cruz, ninguno de ellos ha cumplido con la recomendación de la CNDH.
Tres fiscales: el primero, Rubén Vasconcelos Méndez, “quien todos los días enviaba a una psicóloga para abusar de mi vulnerabilidad emocional para sacar toda la información posible y poner pasos adelante a mi agresor”.
El segundo fiscal, Arturo Peimbert Calvo, “solo entró para sacar de aprietos a Rubén Vasconcelos”.
“Voy con el tercer fiscal y a la fecha no he recibido documentos oficiales que me mantengan al tanto sobre la búsqueda de Juan Antonio Vera Hernández”, acusó.
La saxofonista recordó que este proceso ha pasado por cuatro jueces, el primero Victor Jorge Luiz Velasco Castellanos, “a quien le tembló la mano para vincular a proceso a Juan Antonio Vera Carrizal y en todo momento me negó mis derechos fundamentales”.
El segundo juez, Alfredo Bautista, “quien en pocos meses llevó a cabo lo que el primer juez se negó a hacer”. Sin embargo, en 2022, “de manera sorpresiva impusieron a Teódulo Pacheco Pacheco, ya conocido, quien abrazó las peticiones de la defensa”, lo anterior para intentar dejar libre a uno de los autores intelectuales de la violencia en su contra. “Ahora la carpeta de investigación está a cargo de una jueza”, puntualizó María Elena Ríos.
Su caso también ha pasado por diversos Ministerios Públicos, los primeros Alejandro Moreno Hurtado y Max Fernando Juárez Juárez, “quienes en varias ocasiones se atrevieron a sugerir un procedimiento abreviado y negociar con la familia de Juan Antonio Vera Carrizal”.
Acusó que sin su consentimiento los MP dieron acceso a la bodega de evidencias a la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal, donde se encuentra su computadora y de la cual, asegura, han extraído información privada para perjudicar su imagen y poniendo en riesgo la seguridad de su familia.
Ahora la MP a cargo es la maestra Luz Gabriela Pacheco, sin embargo, su correcto actuar pone la pone en riesgo, puntualizó la saxofonista.
La violencia institucional provocó que María Elena solicitara un desplazamiento forzado interno de Oaxaca a la Ciudad de México, desde donde al día de hoy intenta alcanzar la justicia.
Pero su estadía en la capital del país tampoco ha logrado que alcance tranquilidad, pues en junio de 2022 la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección decidió por unanimidad retirar a María Elena las medidas de seguridad en la Ciudad de México y únicamente concentrarlo en Oaxaca.
“Dicen que yo no corro ningún riesgo en la CDMX, como si mi agresor no tuviera poder económico y político para agredirme aquí”, expresó María Elena en entrevista con Cimacnoticias.
Meses más tarde las medidas de protección le fueron devueltas también en la Ciudad de México. Sin embargo, no es el único obstáculo que enfrenta.
Y es que actualmente tiene tratamiento médicos pendientes, entre ellos un procedimiento de injerto en todo el cuello,que requiere financiamiento del gobierno encabezado por Salomón Jara.
Sumado a ello la saxofonista recordó que la disculpa pública en su caso continúa sin concretarse, pues en primer lugar le indicaron que esta se realizaría el pasado mes de marzo, pero no fue así. Posteriormente le pidieron que eligiera un día entre junio y julio de este año; sin embargo, tampoco se ha concretado.
Detalló que actualmente su caso se encuentra rumbo a un juicio oral, pero advirtió sentirse preocupada por el bienestar de cada uno de sus testigos.
En medio de todo destaca su anhelo por continuar estudiando música y dedicarse a reconstruir sus sueños y proyecto de vida, pues, afirma, “eso jamás hará menos feminicida a quien intentó asesinarme”.
“Un día dejaré de ser la saxofonista que atacaron con ácido y volveré a ser Malena, como lo fui antes de que intentaran matarme”, sentenció.
Oaxaca ante la violencia feminicida
Cuando se perpetraron tanto la agresión con ácido, como las respuestas y omisiones de las autoridades en el caso de María Elena, ya se había decretado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que se encuentra activa en el estado de Oaxaca desde el 30 de agosto de 2018 por violencia feminicida.
En esta declaratoria se consideró a la ciudad de Huajuapan entre las localidades que requerían la implementación de acciones de emergencia, cabe destacar que precisamente en este lugar se perpetró la agresión en contra de María Elena.
Sin embargo, en su recomendación la CDNH señaló que «hay incumplimiento del gobierno de la entidad sobre las medidas recomendadas en el decreto de la alerta de género, que tiene la finalidad de crear mecanismos eficientes para investigar y sancionar a las autoridades que no realizan su obligación de protección a las mujeres».
Esto quedó en evidencia con la violencia perpetrada hacia la saxofonista, pero también en la investigación, pues no se encontraron referencias de que el estado de alerta de género se haya considerado como elemento indispensable en la investigación del caso.
Al día de hoy la violencia feminicida continúa sin ser prioridad en Oaxaca, pues tan solo de enero a julio de 2023 se han registrado en la entidad 64 muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 32 son investigadas como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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