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El gobierno del ultraliberal Javier Milei devaluó más de 50 por ciento la moneda en Argentina, al establecer el tipo de cambio oficial en 800 pesos por dólar frente a 391 del jueves, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, quien advirtió que el país está en riesgo de hiperinflación.
«La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal», enfatizó este martes el ministro, quien sostuvo que el país debe solucionar su «adicción» al déficit en las finanzas públicas, al anunciar que reducirán los subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas de austeridad.
Argentina sufre una grave crisis económica, con inflación anualizada de más de 140 por ciento y una tasa de pobreza que supera el 40 por ciento de la población.
«El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos, para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción», señaló Caputo en una alocución grabada previamente.
El gobierno mantiene por ahora el sistema de control de divisas que rige desde 2019, con una decena de tipos de cambio diferentes.
Milei, un economista de 53 años que durante la campaña blandía una motosierra para simbolizar su idea de recortar el gasto público, asumió el gobierno el domingo y aseguró que el país necesita un tratamiento de «shock» para superar la crisis, y descartó cualquier «gradualismo». El mandatario se propone realizar un ajuste fiscal equivalente a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
«Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios», sostuvo el ministro en alusión al dinero que gasta el erario público en mantener precios reducidos para varios rubros de consumo.
«Pero estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación, son los pobres los que terminan financiando a los ricos», aseguró Caputo.
Las medidas de austeridad incluyen reducción del tamaño del Estado, y la paralización de las iniciativas de obra de infraestructura financiada con fondos públicos que todavía no hayan comenzado. A partir de ahora, explicó Caputo, la obra pública se financiará con fondos privados.
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