Redacción El Coahuilense
Las Unidades de Análisis y Contexto para Atender la Violencia Feminicida (UAyC), fueron creadas en el 2023, como una política preventiva frente a la violencia feminicida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y a un año de distancia, se mantienen bajo opacidad, su eficacia porque se desconoce si el presupuesto destinado empata con resultados tangibles que permitan confirmar si ha salvado la vida de mujeres, niñas y adolescentes en el país.
Fue precisamente en 2023 cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) otorgó financiamiento para la Unidades de Análisis y Contexto para Violencia Feminicida (UAyC). Con este apoyo, en teoría, se detectarían casos como el de Ania, donde el feminicidio se relaciona con otros delitos e, incluso, con el crimen organizado.
Ania Margoth Acosta fue una actriz colombiana que migró a México hace tres años para impulsar su carrera. Sin embargo, desapareció en junio de 2023 en Morelia, Michoacán, antes de trasladarse a Jalisco.
En febrero de 2024 se hallaron sus restos mortales en una fosa clandestina, la embajada de Colombia en México informó que Ania era víctima de trata de personas y la organización Idheas, quien acompaña a la familia, apunta que su desaparición, así como posterior feminicidio, estaría vinculado con la delincuencia organizada.
Como en el caso de Ania, miles de feminicidios permanecen impunes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos cinco años se han cometido 18 mil 469 asesinatos de mujeres en todo el país. Entre enero y diciembre de 2023 fueron asesinadas 3 mil 408 mujeres, pero solo 827 casos se investigan como feminicidio.
Inicio de las Unidades de Contexto
Las Unidades de Análisis de Contexto para Atender la Violencia Feminicida (UAyC), surgen como parte de las recomendaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) para atender la Alerta de Violencia de Género, teniendo como objetivo hacer análisis de patrones criminales vinculados al feminicidio y con ello, establecer acciones de prevención.
Este sistema multidisciplinario, se puso en marcha por primera vez en el Estado de México en el año 2015 como una herramienta para contener y prevenir la violencia feminicida que arreciaba en la entidad, pues se alcanzó un número de 60 mujeres víctimas de feminicidio sólo en ese año, según documentó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
A partir de esa fecha, 22 entidades federativas implementaron fiscalías, subfiscalías, direcciones o unidades especializadas en investigación de feminicidio, pero sólo siete (Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Veracruz) tienen actualmente en sus estructuras Unidades de Análisis de Contexto para los delitos relacionados con el género.
Asimismo, las UAyC responden a la obligación del Estado Mexicano para establecer una política pública preventiva ante el feminicidio, esto tras la resolución en el caso Campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y también, como un seguimiento que dé respuesta a sus compromisos refrendados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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La estructura de dichas Unidades de Análisis de Contexto, dice Ana Yeli Pérez Garrido, deberían constar, por lo menos, de tres niveles y estar en la misma jerarquía que una Fiscalía especializada. Quedando conformada así, de la siguiente manera:
El primer nivel, estaría conformado por abogadas y abogados encargados de revisar carpetas de investigación y sistematizar la información relevante a través de una metodología. Tendrían a su disposición personal de otras áreas que colaborarían con ellos, como serían geógrafas y estadistas, alguna consultoría de criminología y criminalística.
El segundo nivel, sería conformado por personal de ciencias sociales; como antropología, sociología, estadística y cualquier otra disciplina que se requiera, para que llevaran a cabo los análisis técnicos.
El tercer nivel, tendría que contar con una relatoría, quien comparte los productos o informes de la Unidad con la persona titular, y una coordinación, quien se encargaría de informar y negociar la implementación de los informes por parte de las y los agentes del Ministerio Público.
“La función del análisis y contexto tiene la finalidad de prevenir, como tender líneas de investigación para que el Ministerio Público tome más allá del caso concreto […]
La dirección de la Unidad puede pedir información y la Fiscalía pedir colaboración. En el caso de la Fiscalía del estado de México, cuenta con la Especializada en Feminicidios, Fiscalía Especializada en Trata de Personas y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de delitos en materia de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares; en la coordinación entonces la Unidad puede alimentarse de los datos de las tres fiscalías para hacer sus análisis de contexto y viceversa para devolver información o para aportar líneas de investigación sobre modus operandi, patrones, etcétera, requeridos por la Fiscalía”, señaló Ana Yeli Pérez
La violencia que atravesó a Ania es multifacética; la desaparición, la trata y la violencia feminicida, todos, delitos que están estrechamente relacionados entre sí y que las Unidades de Análisis y Contexto debieron anticipar y examinar para salvaguardar la vida de Ania.
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Sobre esta misma línea, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, documenta que desde 2010 a la fecha se han reportado 116 mujeres de origen colombiano en condición de desaparecidas, todas menores de 39 años.
En materia de feminicidio, se tiene el registro de otras víctimas de origen colombiano. Ellas son Daniela N, víctima de feminicidio en diciembre de 2023 en Cancún, Quintana Roo, estado que cuenta con una Unidad de Análisis y Contexto de feminicidio desde 2021, y Laura Cristina Quintero, víctima de feminicidio en agosto de 2019 en la Ciudad de México, la cual tiene su propia UAyC.
El caso de Ania permite ejemplificar el tipo de estructuras criminales internacionales que coexisten en México y su operatividad al cometer una variedad de delitos que se entrelazan.
Sin duda el tema de desaparición de mujeres en México es un tema que atañe a quienes nacieron en este país y también a las que transitan, llegan o atraviesan el territorio.
Nula inversión de entidades
A través de búsquedas especializadas, se encontró que las siete unidades de contexto fueron creadas en fechas anteriores al acuerdo para impulsar esas unidades y también a la publicación de la Guía de creación y funcionamiento de las unidades de análisis y contexto para violencia feminicida.
Posteriormente, sólo dos estados, Aguascalientes y Guanajuato, impulsaron sendas iniciativas para sus Unidades, pero no se han aprobado, y otras dos entidades, Oaxaca y Tlaxcala, obtuvieron recursos federales para su instalación este 2024.
Datos proporcionados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), indican que durante 2023 se financiaron proyectos para la consolidación de Unidades de Contexto en cinco estados: Ciudad de México, Colima, Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí, con una inversión de 12 millones 581 mil 837.76 pesos. Aunque promovió la creación de dichas instancias en 14 entidades federativas a través de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG).
Hasta el momento se carece de un documento oficial por parte de Conavim el cual incluya una fiscalización del presupuesto que coincida con resultados.
A nivel federal, el Gobierno de México ha invertido 34 millones de pesos 019 mil 240.33 de 2019 a 2024 en la creación y consolidación de las Unidades de Contexto, así como en el desarrollo de metodologías, en nueve entidades federativas: Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.
El único Estado que aportó para el funcionamiento de dicha instancia fue Quintana Roo, quien destinó 892 mil 500 pesos para su funcionamiento de 2021 a 2023.
Al hacer una revisión sobre la continuidad de dichas Unidades de Análisis y Contexto, se encontró que la correspondiente al estado de Colima, a pesar del financiamiento federal, no está en la estructura Orgánica de la Unidad Especializada en Feminicidios y Homicidios Dolosos de Mujeres (UEFH).
Mientras que la de Michoacán, lugar donde desapareció y fue asesinada Ania, actualmente se ubica en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
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Esto va en contra del objetivo que había comentado Pérez Garrido, porque debería contar con la misma jerarquía de una Fiscalía Especializada.
Por su parte, Ciudad de México obtuvo dos financiamientos, uno en 2022 y otro en 2023, para dotar de análisis de contexto a la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Sin embargo, según el propio directorio de la Fiscalía capitalina, la estructura es atendida por una sola persona. Ana Yeli Pérez señala que esto se debe a que el resto de integrantes se contrata con los recursos federales y solo de manera temporal.
Quintana Roo y San Luis Potosí han recibido apoyo federal para la institución y fortalecimiento de sus Unidades de Contexto desde 2021 y hasta 2024.
De hecho, la instancia de San Luis Potosí ha tenido resultados, según cuenta Sandra Gallegos Candelaria, analista criminal de la Unidad de Análisis y Contexto del estado, dicha unidad se creó en 2021 para dar respuesta a una de las medidas de la Alerta por Violencia de Género (AVG), con el objetivo de abatir el rezago en las carpetas de investigación de feminicidio y a hacer un diagnóstico sobre el delito.
Entre los logros de esa Unidad de Contexto del Feminicidio, está la reactivación de 200 carpetas de investigación:
“Por reactivado me refiero a la incorporación de nuevos actos de investigación que no se habían llevado a cabo, ya sea por falta de conocimiento de los agentes del Ministerio Público o por la carencia de herramientas con policías de investigación o bien por carecer de herramientas, como es la perspectiva de género para conocer del contexto de las víctimas”, señaló Sandra Gallegos
Esto les permitió que de un caso de feminicidio de 2016, después de que llegara a la Unidad en 2021 y se hiciera su análisis de contexto, se conociera al agresor y se le vinculara a proceso. “(La unidad) funcionó, tanto así que nosotros también emitimos periciales en antropología social, emitimos opiniones técnicas en ciertas disciplinas y eso de alguna u otra manera son elementos que fungen como órganos de prueba en juicios”, explicó la analista.
A la par elaboran cada año análisis macrosociales sobre el fenómeno de violencia feminicida en el estado, que abonarían a establecer medidas de prevención. Sin embargo, Sandra Gallegos no sabe si estos estudios son compartidos por la Fiscalía estatal con otras dependencias o si se habla de ellos en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Poco seguimiento y evaluación
Pese a los buenos resultados en San Luis Potosí, para esta investigación no se encontró alguna evaluación que haya hecho la Conavim respecto a los resultados del financiamiento a las Unidades de Análisis y Contexto.
Sin embargo, sí se encontró una auditoría a los Subsidios a Entidades Federativas y Municipios que brinda la Conavim para el ejercicio fiscal 2021, en dicho documento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo algunas recomendaciones:
Fortalecer sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, los recursos autorizados sean entregados a tiempo a las entidades y se sustenten las causas por las que, en su caso, dichos recursos no fueron utilizados para cumplir con el programa referido.
Fortalecer sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, los oficios de cancelación de subsidios se fundamenten de acuerdo con las causales de cancelación.
Implementar un sistema informático para el registro, control, supervisión y seguimiento de la documentación remitida por las entidades federativas, con la finalidad de contar con información integral, oportuna y confiable del otorgamiento del subsidio.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró que en el periodo 2020-2021 el programa Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en el cual están los subsidios para que los estados atiendan las Alertas por Violencia de Género (AVG), era susceptible de mejora y sugirió realizar una evaluación de los procesos, diseñar una encuesta de satisfacción y sistematizar los resultados.
Según el portal de Transparencia presupuestaria dichas acciones no han tenido avance.
Respecto a los recursos de la Alerta por Violencia de Género (AVG), Miranda Carballo, politóloga del ITAM e investigadora en temas de género, expuso en una investigación que:
“La falta de mecanismos oportunos, así como el no cumplimiento del uso de los recursos asignados crean una simulación de atención a la violencia de género que viven las mujeres en el país diariamente, esto permite que se sigan creando condiciones para que las y los políticos no atiendan los compromisos a los cuales se comprometieron y continúen manteniéndose impunes y permitiendo que en el territorio mexicanos las mujeres sigan estando constantemente violentadas”, indicó Carballo
Instancias que se quedan en el tintero
Para Sandra Gallegos, analista criminal de la Unidad de Análisis y Contexto del estado San Luis Potosí, el encuentro de mayo de 2023 organizado por la Conavim para impulsar las Unidades de Análisis y Contexto, le fue de utilidad, porque conoció cómo trabajaban algunas de esas instancias y les permitiría generar sinergias. Sin embargo, a partir de esa fecha no se ha concretado ninguna nueva unidad.
En Aguascalientes el diputado Salvador Maximiliano Ramírez, propuso la creación de esa instancia el 15 de junio de 2023, pero lo hizo sin especificar la asignación de personal para su operación y mucho menos, los recursos económicos destinados para tal fin. A la fecha la iniciativa no ha sido aprobada.
Al respecto Angélica Contreras Ruvalcaba, de la organización Cultivando Género, quienes trabajan en Aguascalientes, afirma que necesitan una Fiscalía Especializada en la investigación de feminicidios, ya que la entidad no cuenta con ella “¿Un área especializada es necesaria? Sí, para que se concentren los temas de género específicamente, con personal capacitado, que se dedique exclusivamente a la investigación”, explicó.
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Ejemplo de ello es el caso de feminicidio de Cynthia Nataly, el cual fue clasificado como suicidio por parte de las autoridades de Aguascalientes, aún cuando tenía huellas de tortura y otra clase de violencias.
De hecho, este es uno de los motivos por los cuales la Conavim impulsa la creación de las Unidades de Contexto, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2015 al 2023, en promedio, únicamente el 25 por ciento de las muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidio.
Pero para Contreras Ruvalcaba de Cultivando Género, no basta con que haya Unidades de Contexto para el feminicidio, sino que es necesario, a la par, reforzar las medidas de prevención y de atención:
“No se piensa en la perspectiva de género incluyendo el tema de cuidados, se tiene que repensar el modelo de atención y además no hacer un copy-paste (copiar-pegar) de lo que funciona en la Ciudad de México o en otros lugares, se tiene que adecuar a las características de ese lugar”, dice
La directora de organización feminista hidrocálida.
Algo similar a lo acontecido en Aguascalientes ocurrió en Guanajuato, el 16 de noviembre de 2023 la diputada Martha Edith Moreno, presentó una iniciativa para crear la Unidad de Contexto, sin que hasta el momento se aprobara.
La diferencia es que en Guanajuato la organización Las Libres, han asumido las tareas de la Unidad de Contexto en los casos de feminicidio y muertes violentas de mujeres, donde la Fiscalía General del Estado de Guanajuato asume el trabajo científico criminológico y la organización hace la parte social y de género, para encontrar los elementos de la violencia estructural.
Pero en caso de que se conforme dicha unidad, advierte Cruz, es necesario que legisladoras y legisladores se tomen en serio su trabajo garantizando presupuesto, personal especializado y seguimiento:
“Copiamos cosas que existen en otro lugar nada más para que estén en las leyes, se escuchan bonito, pero en la vida real no se traduce en eso […] se necesita un montón de expertís, un montón de especialistas, un montón de trabajo serio invertido y eso no está sucediendo en ninguna Unidad de Contexto que yo conozca”, mencionó Cruz Sánchez
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La crítica de Cruz Sánchez respecto a que las Unidades de Contexto se están creando al vapor y para simular el cumplimiento de las Alertas por Violencia de Género (AVG), toma sentido cuando se observa el caso de Puebla, donde se creó una Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer en 2017 con una metodología de sólo diez páginas sin que hubiera resultado alguno.
Al contrario, una investigación del portal Manatí evidenció que la Fiscalía poblana ha encubierto los feminicidios como homicidios dolosos, mismos que van al alza.
Como en el caso de Ania Margoth Acosta, la desaparición de mujeres en territorio poblano estaría vinculada a la trata de personas, la mayoría de víctimas mujeres tiene de 15 a 19 años de edad y colectivos de víctimas han denunciado la vinculación de estos delitos, y a los feminicidios, como ocurrió con Esmeralda Gallardo, madre que buscaba a su hija Betzabé Alvarado.
Sin embargo, como lo señala Carballo en el estudio Las alertas de género y la violencia contra las mujeres en México: fallas institucionales, diagnósticos equivocados, si no se destina el presupuesto necesario para cualquier medida de las Alertas por Violencia de Género (AVG), incluyendo las Unidades de Análisis y Contexto, la violencia feminicida no disminuirá.
“Es primordial que tanto los gobiernos estatales como los locales destinen parte de su presupuesto para poder combatir la violencia de género de manera sistemática y concisa. Los subsidios que aporta el gobierno federal, en particular este que debería ser de carácter de emergencia, no deberían ser la base del combate a la violencia de género en el ámbito local”, apunta Miranda Carballo.
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