Redacción El Coahuilense
Con cédula secreta y tras dos votaciones, la mayoría de los diputados de Jalisco aprobaron con 20 votos a favor, con 16 votos en contra y una abstención la despenalización del aborto en Jalisco, con lo que ya ninguna mujer deberá enfrentar prisión preventiva si lo practica después de las 20 semanas, ni sentencias hasta de cuatro años de cárcel.
En una discusión que duró poco más de una hora y en donde el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José María Martínez señaló que se votaría de forma ilegal una orden de un tribunal colegiado y no una indicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esperaba que así se acataran las resoluciones de tribunales colegiados para los nombramientos de magistrado y funcionarios públicos impugnados.
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Es así que sin ser un proceso de designación de magistrados o funcionarios del ITEI y otros organismos , la votación en las dos ocasiones se emitió por cédula ignorando las peticiones de que se hiciera de forma transparente y en el tablero electrónico ya que se trataba de la modificación a las leyes del Estado, violando así su ley orgánica, señaló la panista Mirelle Montes y quien exigía junto con José María Martínez que fuera por tablero.
De esta forma en Jalisco ninguna mujer, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, deberá tener miedo de ser perseguida judicialmente por practicar voluntariamente un aborto, incluso después de las 20 semanas de gestación y con esto deberá de garantizarse las condiciones seguras para poder realizarlo en la entidad y no migrar a otros estados en donde ya está despenalizado, tal es el caso de la Ciudad de México al que año con acudían miles de mujeres para realizarlo.
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José María Martínez exigió seriedad en el debate y no aprobar un documento lleno de falacias y no atender como obligatoria una indicación de un órgano judicial que no es terminal, es decir no era la SCJN y “lo único que tiene es que se trata de un caso concreto, incluso de una sentencia de un órgano no terminal” y que surgió a partir de una controversia interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ahora se discute una indicación que fue enviada en septiembre del año pasado, pero sobre todo se tiene que ver como un problema de salud pública y no con fines políticos, además de que desde su punto de vista no se atienden las causales de pobreza y desigualdad.
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