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La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado de Puebla con el propósito de considerar como legítima defensa la acción de una mujer cuando dañe a su agresor por ejercer hacia ella, previamente o en el momento, violencia física o sexual.
La propuesta legislativa propone reformar el segundo párrafo del inciso d) de la fracción IV del artículo 26 y el artículo 28 del Código Penal.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente.
El reconocimiento a la legítima defensa continúa siendo un tema pendiente en México, esto aún cuando en 2019 se publicó la recomendación «Legítima defensa y violencia contra las mujeres» por parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en la cual se evidenció la desprotección del Estado hacia las sobrevivientes de violencia, quienes en muchos de los casos terminan en prisión por defenderse.
México, al formar parte de los países firmantes de la Convención de Belém do Pará, fue exhortado en dicha recomendación a:
Aplicar la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a sus agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros.
Incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos.
Finalmente, la recomendación destaca que la administración de justicia debe hacerse en consonancia con los postulados de la Convención y que, en caso de ser necesario, los Estados deben realizar la armonización legal necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Pese a ello, las mujeres en México que actúan en legítima defensa son criminalizadas y revictimizadas, tal es el caso de Roxana Ruiz Santiago, a quien el Poder Judicial mexiquense había declarado culpable por defender su vida ante el hombre que la agredió sexualmente en el municipio de Nezahualcóyotl en 2021.
Roxana tiene 23 años, es originaria de una comunidad indígena de Oaxaca y -como cientos de mujeres- decidió migrar para acceder a mejores condiciones de vida.
Fue así como llegó a la periferia del Estado de México, una de las zonas más abandonadas de la entidad mexiquense, misma que cuenta con dos Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cuya declaratoria se emitió por los delitos de feminicidio y desaparición.
Ya asentada en Nezahualcóyotl, Roxana trabajaba en un puesto de papas para mantenerse a ella y a su hijo. Al ser comerciante no contaba con prestaciones o derechos básicos como salud, educación y vivienda. Así vivía su día a día.
El 8 de mayo de 2021 Roxana fue agredida sexualmente por un hombre. Para defender su vida actuó en defensa propia y el agresor perdió la vida. Asustada buscó deshacerse del cuerpo; sin embargo, fue capturada por policías municipales de Nezahualcóyotl, aún cuando en más de una ocasión refirió que había sido víctima de violencia. En ese momento comenzaron los atropellos a sus derechos.
La médica legisla no realizó el procedimiento necesario para determinar la agresión sexual contra Roxana, tampoco le suministró los antirretrovirales con el fin de reducir la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual después de la agresión.
Por su parte, los Ministerios Públicos que recibieron en un primer momento a Roxana, no actuaron en apego a los derechos humanos de la mujer, aún cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el personal cercano a víctimas debe atender con debida diligencia incorporando la perspectiva de género.
Y es que sin analizar el contexto ni tomar en cuenta la agresión sexual en su contra, tanto los Ministerios Públicos como la defensora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, decidieron enviar a Roxana a prisión.
Ocho meses pasó Roxana en prisión. Luego de ello, el 15 de febrero de 2022, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad, esto gracias al acompañamiento feminista y las protestas que desencadenó su caso.
El Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco intentó hacer que volviera a prisión. La defensa de Roxana presentó un amparo para evitarlo, el cual fue resuelto a favor de la mujer.
El proceso no terminaba, pues la familia de su agresor buscaba que Roxana volviera a prisión. Los días pasaron y luego de amparos y nuevas audiencias en el caso, las autoridades de la entidad determinaron el 15 de mayo de este 2023 que la mujer sí era culpable por defender la vida, aún cuando la Fiscalía General de Justicia del Edomex y un peritaje independiente concluyó que sí fue víctima de agresión sexual.
Luego de un difícil camino, el 23 de mayo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desistió de ejercer acción penal contra Roxana Ruiz Santiago. Sin embargo, ella refiere “no sentirse completamente libre”, pues es víctima de amenazas y la familia de su agresor presentó un amparo para evitar que sea absuelta de cualquier delito.
En 2018 Cimacnoticias ya advertía que el sistema penitenciario carece de estadísticas actualizadas sobre el número de mujeres encarceladas por defender su vida cuando se encontraban en una situación de violencia extrema, por lo cual el alcance de la criminalización que viven estas mujeres queda invisibilizado y obstaculiza su acceso a la justicia.
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