Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- La militarización en México provocada por los cambios de las políticas públicas migratorias ha creado un escenario idóneo para profundizar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes a sufrir diferentes tipos de violencia dentro de un entorno de impunidad y exclusión que perpetúa su precariedad.
De acuerdo con Paulina Córdoba Cantú de la Universidad Iberoamericana en su investigación ‘Impacto de la militarización de las políticas migratorias en las mujeres migrantes en el territorio mexicano’, las políticas migratorias se han ido modificando a lo largo de los años y siendo que México es un país de tránsito y destino para las personas migrantes que vienen desde el Centro y Sudamérica, aún no se ha priorizado la protección de sus derechos humanos.
La visión del gobierno mexicano en el tema migratorio se ha enfocado en priorizar la seguridad nacional afectando así los derechos fundamentales que han causado la implementación de elementos de las fuerzas armadas en las fronteras para vigilar y controlar el flujo migratorio.
El primer registro que hizo Paulina Córdova respecto a las políticas públicas fue de 1980 cuando México instauró políticas migratorias estrictas para contrarrestar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos con la Ley de Reforma y Control de Inmigrantes, la cual también sentó las bases de la militarización y el uso de fuerzas armadas para esta tarea.
Más tarde con la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la implementación de operaciones como «Guardián» en donde se cerraron los caminos y rutas hacia las principales ciudades provocando que las personas migrantes opten por atravesar el desierto de Arizona.
Para 2019, las amenazas arancelarias de Donal Trump, cuando fungió como presidente de Estados Unidos en su primera administración, hacia el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador provocaron grandes estragos intensificando la militarización en el país, pese a que el presidente mexicano había prometido un enfoque humanitario.
Fue entonces que se desplegó a elementos de la Guardia Nacional por el territorio mexicano, acto que Paulina Córdova califica como «un cambio radical hacia un enfoque militarizado» y es que, este órgano de seguridad pública fue creado como una fuerza híbrida destinada a combatir el crimen organizado y mantener la seguridad pública como un ente «confiable» ante el historial de crímenes del Ejército Mexicano.
En la práctica han incrementado las denuncias por violaciones a derechos humanos. El informe del Centro Prodh ‘CNDH: balance de su debilitamiento
institucional durante la gestión 2019-2024′ registró mil 816 denuncias hacia la Guardia Nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos.
Este no es un hecho aislado, sino un problema que el Estado mexicano ha arrastrado desde varias décadas atrás en el sexenio de Felipe Calderón cuando implementó la militarización para combatir la crimen organizado bajo la llamada «guerra contra el narcotráfico», siendo un precedente para la participación de elementos militares en asuntos internos.
Ahora con el regreso de Donald Trump en su segunda administración se enviaron a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en 18 ciudades fronterizas de Baja California (3 mil 010), Sonora (mil 987), Chihuahua (2 mil 620), Coahuila (mil 017), Nuevo León (623) y Tamaulipas (743), como parte del Operativo Frontera Norte.
Tijuana (mil 949), Tecate (500), Mexicali (561), Nogales (564), San Luis Río Colorado (550), Sonoyta (500), Agua Prieta (373), Ciudad Juárez (mil 650), Puerto Palomas (500), Ojinaga (470), Ciudad Acuña (460), Piedras Negras (557), Nuevo León (623), Colombia (623), Tamaulipas (743), Nuevo Laredo (207), Ciudad Mier (186), Playa Bagdad (94), Reynosa (135) y Matamoros (121).
Este fue el precio de la negociación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump, quienes a través de una llamada telefónica acordaron interponer una pausa a los aranceles que se pensaban poner a los productos mexicanos exportados hacia Estados Unidos en febrero de 2025.
Aunque la presidente apuntó que, México resulta ventajoso de la colocación de elementos de la Guardia Nacional debido al «reforzamiento de la seguridad», la realidad es que quienes resultaron perjudicados son los aproximadamente 300 mil migrantes que están en el país, según calculó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La violencia hacia las mujeres migrantes
Históricamente, el sistema patriarcal en el que vivimos ha provocado que las mujeres sufran violencia de matera diferenciara debido al factor de género. A esto se suma que, por su situación de movilidad, en búsqueda de mejores oportunidades, sea otro elemento determinante para que sufra dicha violencia durante su trayecto. De acuerdo con Paulina Córdoba, la violencia proviene de agentes criminales y de las propias autoridades encargados de su protección, siendo que enfrentan distintos tipos de violencia.
Comenzando por la violencia física, la cual es una de las formas más evidentes a las que se enfrentan y que se manifiesta a través de golpizas, torturas y actos de agresión que buscan intimidar y controlar a las mujeres migrantes vulnerándolas aún más. En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que los secuestros a mujeres migrantes aumentaron de 161 casos en 2022 a 221 casos en 2023, lo que representa un incremento del 37%.
A esto se suma la violencia sexual que se ejerce constantemente, se estimas altos porcentajes de esta violencia sobre ellas durante su tránsito, la cual no solo causa daños físicos y psicológicos que son severos, sino que perpetua el ciclo de deshumanización y vulnerabilidad al que están sometidas, ONU México estima que entre el 24$ y el 80% de las mujeres migrantes experimentan alguna forma de violencia sexual y Médicos Sin Fronteras (MSF) documentó un aumento del 70% de consultas por violencia sexual en Reynosa y Matamoros.
La trata de personas es una forma de violencia sexual que afecta a muchas mujeres migrantes. La táctica de muchos traficantes ha sido la utilización de engaños para atraer a las mujeres jóvenes con la promesa de empleo o una mejor vida cuando en realidad son explotadas sexualmente. Según documentó Paulina Córdoba, este fenómeno acontece cuando las rutas migratorias tienen poca frecuencia y no son vigiladas causando que el 65% de las mujeres migrantes contratan a un traficante para transitar por México, exponiéndolas a este delito.
La violencia psicológica suele pasarse por alto en muchas ocasiones y provocada por constantes abusos emocionales y mentales que afectan el bienestar de las mujeres migrantes. Se puede manifestar gracias al acoso verbal, la intimidación y la amenaza constante de deportación o detención que por lo general se ejerce por elementos de seguridad, el miedo a represalias las lleva a un estado de ansiedad y depresión.
Ante la falta de oportunidades mientras están a la espera de citas para comenzar su proceso de asilo, se ven en la necesidad de conseguir oportunidades laborales en México que les permita vivir. Este escenario ha suscitado explotación laboral, salarios mal remunerados y falta de acceso a recursos esenciales bajo condiciones abusivas de poder. Esto es calificado como violencia económica y también es una de las violencias que deben enfrentar al cruzar por México.
Las omisiones e inacciones del Estado mexicano y de sus instituciones permiten la vulnerabilidad de las mujeres migrantes desde la negación a servicios de atención médica, asistencia legal y refugios seguros. «Con frecuencia, las autoridades no solo desatienden los derechos humanos fundamentales de las migrantes, sino que también contribuyen activamente a su victimización a través de detenciones arbitrarias y maltratos», mencionó Paulina Córdova en su artículo.
Militarización, estrategia alineada con las necesidades de Estados Unidos
Pese a que las políticas migratorias deben estar alineadas con los principios de derechos humanos, en donde las autoridades deben capacitar al Instituto Nacional de Migración (INM), personal de seguridad y vigilancia en estaciones migratorias en derechos humanos e igualdad de género; la realidad muestra que el Estado Mexicano ha decidido alinearse a las necesidades de Estados Unidos.
La militarización como estrategia para frenar el flujo migratorio ha profundizado los peligros a los que las mujeres migrantes se enfrentan a lo largo de su tránsito por México. Siendo que migrar es un derecho humano establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
«Toda persona tiene derecho a circular libremente, elegir su residencia y regresar a su país. No obstante, este derecho es frecuentemente ignorado o criminalizado. Países como Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder, se imponen restricciones mediante visados, controles fronterizos y la construcción de muros y hoy una criminalización que dificulta el ejercicio de este derecho fundamental».
De esta manera, las políticas públicas migratorias no han puesto en el centro la seguridad de las mujeres migrantes, quedando así una deuda pendiente con ellas.
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