Redacción El CoahuilenseCiudad de México.– Los institutos electorales que organizarán las elecciones a Gobernador que tendrán lugar en ocho estados y la Ciudad de México cargan a cuestas acusaciones de corrupción, irregularidades e incumplimiento de los deberes de sus funcionarios, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y observaciones hechas por las auditorías locales.
Dos de los principales casos son los del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) que ha sido señalado por la Auditoría Superior local por irregularidades en más de 500 millones de pesos a lo largo de cinco años, y el Instituto Electoral de Veracruz, en donde al menos 290 servidores del organismo han sido sancionados en ese mismo plazo de tiempo.
A consideración del doctor Marco Arellano Toledo, exconsejero electoral distrital, el panorama de los organismos públicos locales electorales (Oples) es “delicado” no sólo por las problemáticas en las cuales se han envuelto sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones y del gasto, sino también por la injerencia de las fuerzas políticas de cada estado.
“Hay una serie de contradicciones, en algunos Oples, en donde en la propia integración del Consejo está transminada por las fuerzas políticas”, señaló. “Hay correas de transmisión de las fuerzas políticas que, a través de la cooptación o a través de algunos algunos mecanismos de presión, se han hecho de algunas mayorías o han intentado hacerse algunas mayorías en los propios consejos por parte de los partidos políticos a nivel estatal, y esto es delicado”.
Otra de las preocupaciones que expuso el politólogo son las relaciones que existen entre los consejos generales de los institutos electorales locales y los partidos en poder a nivel estatal, pues en algunos casos esto puede ser un factor influyente en la vida del instituto electoral.
“En la mayoría de los organismos públicos electorales locales –de todas las entidades, no sólo aquellas que van a celebrar elecciones–, hay una relación directa –sí institucional, pero a veces también extrainstitucional– entre el partido en el poder, o los partidos en el Congreso, y el propio Instituto Electoral local”, advirtió.
“Lo que hemos visto y lo que ha documentado gran parte de académicos investigadores es que esa relación con las entidades locales, con el poder local, a veces se tiende al tutelaje o al tratar de subordinar intereses”.
IRREGULARIDADES EN VERACRUZ Y PUEBLA
El actual Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz está presidido por Marisol Alicia Delgadillo Morales, quien fue designada para el cargo en 2022. A su lado están las y los consejeros Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y Fernando García Ramos.
En el OPLE veracruzano se registraron un total de 292 servidores públicos sancionados entre 2020 y 2023, siendo los motivos de las reprimendas incumplimiento en presentar en tiempo y forma, o por completo, su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses; “negarse a realizar el conteo, sellado y agrupamiento de la documentación electoral, evitando con ello la certificación respectiva, derivada de la actividad de traslado y resguardo de las boletas electorales en su Consejo de adscripción”, y hasta “daño culposo al patrimonio” del organismo.
Además, el Órgano de Fiscalización Superior observó en el ejercicio fiscal de 2020 un total de 15 millones 299 mil 596 pesos de “Importe pendiente de liquidar y/o depurar del saldo al 31 de diciembre de 2020”; y para 2021 identificó igualmente un monto de 17 millones 409 mil 183 pesos de importes pendientes de liquidar o depurar su saldo, de los cuales 4.077 millones derivaron en ocho denuncias de hechos que a su vez conformaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado en contra de servidores públicos de los Consejos Distritales y/o Municipales 2020-2021.
Un año después, nuevamente el Órgano de Fiscalización Superior dio cuenta de que se presentaron, a lo largo de 2022 y a inicios de 2023, un total de siete denuncias contra exservidores públicos ante la Fiscalía Especializada por un monto de un millón 036 mil 447 pesos pendientes de aclarar.
En total, detectó 27 millones 892 mil 388 pesos ejercidos irregularmente para el año fiscal de 2022.
El Consejo General del Instituto Electoral de Puebla (IEEP) está conformado por su Presidenta, Blanca Yassahara Cruz García; y los consejeros Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga –quien fue asesor de la Jefa Delegacional de la entonces Delegación capitalina Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, hoy afín a Morena–, Sofía Marisol Martínez Gorbea, Evangelina Mendoza Corona, Susana Rivas Vera, Juan Carlos Rodríguez López y Jesús Arturo Baltazar Trujano.
En diciembre de 2022 el rotativo El Heraldo de México publicó que hay una denuncia ciudadana donde se señaló a Baltazar Trujano como posible responsable de enriquecimiento ilítico, tráfico de influencias, utilización de recursos de dudosa procedencia y la contratación de servicios con sobrecosto.
A su vez, el Consejero acusado aseguró que se trataba de una campaña de desprestigio en su contra a manos de quien en ese momento se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del IEEP, César Huerta Méndez.
Pese a esta polémica, Baltazar Trujano formó parte de la terna de finalistas que analizó el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados para reemplazar a cuatro consejeros electorales del INE a inicios de 2023.
En 2021, aún bajo la presidencia de Miguel Ángel García Onofre, la ASEP emitió solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones por el ejercicio irregular de 80 millones 022 mil 965 pesos en el IEEP, entre ellos derivado de la compra de materiales y útiles de oficina, servicios de alimentos, e impuesto retenido en nómina. Y dos años antes, en 2019, detectó el Instituto Electoral local dejó sin aclarar el gasto de 486 millones 002 mil 882 pesos, correspondientes al rubro “Ayudas sociales”.
Además, en el 2021 y 2022 fueron inhabilitados por tres meses del ejercicio de su cargo público los consejeros presidentes de los municipios Ciudad Serdán y Libres, José Gilberto Medina Alonso y Miguel López Avelino, respectivamente, por incurrir en una falta administrativa al realizar actos u omisiones que “incumplan o transgredan” el cumplimiento de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, “observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética”.
SUMAN MILLONES DE PESOS SIN SOLVENTAR
Después de que el INE declarara desierto el proceso de designación para la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) en 2021, un año después fue designada al puesto Elizabeth Nava Gutiérrez, quien igualmente participó en el proceso para formar parte del Consejo General del INE pero no resultó seleccionada.
A su lado trabajan Juan Correa López, Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, Víctor Humberto Mejía Naranjo, María Elvia Magaña Sandoval, Vladimir Hernández Venegas y Hernán González Sala.
De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2023 fueron sancionados siete servidores de la institución –entre ellos el titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, un capacitador asistente electoral y un auxiliar de Junta Electoral– por motivos como incumplir con su horario laboral, y hasta incumplir con la presentación de su declaración patrimonial y “posible conflicto de intereses en su modalidad de inicio y conclusión”.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado publicó, con respecto al ejercicio fiscal de 2022, que el IEPCT había incurrido en observaciones por un total de 276 mil 931 pesos.
Aquí, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional acusó que la autoridad electoral había tomado acciones a favor del precandidato de Morena, Javier May, que “no contribuyen a la certeza ni a la equidad de la contienda” y violar la ley electoral.
En Yucatán, el Consejero Presidente Moisés Bates Aguilar tomó protesta en 2021; y se desempeña en sus funciones junto con sus compañeros Delta Alejandra Pacheco Puente, Jorge Antonio Vallejo Buenfil, María del Mar Trejo Pérez, Alicia del Pilar Lugo Medina, Alberto Rivas Mendoza y Roberto Ruz Sahrur.
A finales de octubre de 2022, los representantes del PRD y PRI denunciaron que el jefe del Departamento de lo Contencioso Electoral del Iepac, Roberto Carlos Durán Quintal, había incurrido en actos de proselitismo a favor de Morena, por lo cual pidieron su destitución del cargo.
Después de una revisión de la Cuenta Pública de 2019, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán identificó una “posible afectación” de 3.895 millones de pesos al erario público por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana yucateco (Iepac).
Y en Chiapas, donde el Consejo General está presidido de manera provisional por María Magdalena Vila Domínguez luego de que el procedimiento de selección resultó desierto porque ninguno de los participantes finalistas cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos (LGIPE).
Al igual que en otros institutos, fueron sancionados 11 servidores entre 2021 y 2023 por no presentar en tiempo, o por completo, su Declaración de Situación Patrimonial Inicial y de Conclusión; “Por actuar en contra de las normatividades y disposiciones legales que rigen el servicio publico”; por “la omisión de presentar la documentación comprobatoria al sellado y enfajillado de boletas, jornada electoral, mecanismos de recolección y sesión de cómputo; así como la cancelación del fondo revolvente, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”; así como “la violación a los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad y objetividad que rigen la función electoral, así como la imparcialidad con los que debe desarrollarse una contienda electoral”.
Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior del estado identificó un monto con observaciones de 3 millones 196 mil 457 pesos, que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana atendió de manera parcial; y en 2021 por un millón 391 mil 129 pesos que igualmente atendió sólo de manera parcial.
INSTITUTOS DEL CENTRO, ENVUELTOS EN POLÉMICAS
Pero estas no son la única polémica que suman los órganos electorales locales, pues durante sesión del Consejo General del INE a mediados de 2022, el máximo organismo electoral determinó remover a tres consejeros de Morelos al considerar que cometieron infracciones por un “indebido ejercicio de facultades exclusivas de la Presidencia” del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana (Impepac), omisión en el ejercicio de sus facultades y “la ausencia de elementos que den cuenta de una actuación debida y diligente”.
Igualmente, en la Ciudad de México, 10 servidores públicos han sido sancionados a partir de 2019 por causas que van desde “Dirigirse con palabras altisonantes hacia compañeros de trabajo” y alteraciones de oficios hasta nepotismo.
A esto se suma que a mediados de 2023, durante el proceso para solicitar la consulta de revocación de mandato en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el asesor jurídico de los denunciantes, Gustavo García, denunció que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) hizo “perdidizas” las firmas para avalar la consulta contra el panista Mauricio Tabe, como citó La Jornada.
“El @iecm sepultó la democracia directa en toda la CDMX”, escribió también el 24 de junio de dicho año García desde su cuenta de X (antes Twitter), al citar un tuit a su vez de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco que el IECM había criminalizado a quienes participaran en el proceso de revocación de la Alcaldía Xochimilco.
Y en la zona del Bajío, el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato acusó al instituto electoral local de censura a finales de 2023 una vez que se les ordenó a los medios de comunicación retirar notas informativas sobre las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, respecto a la designación de la candidata de Morena-PVEM-PT, Alma Alcaraz Hernández.
“El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, así como al derecho que tienen los guanajuatenses de estar informados y saber literalmente, sin ‘sesgos’, las posturas de los candidatos, políticos y gobernantes”, expusieron en un comunicado.
Incluso dentro del mismo Consejo General se han generado fricciones, ya que a inicios de diciembre pasado la Consejera Presidenta Brenda Canchola Elizarraraz acusó que su compañero, Luis Gabriel Mota, la había amenazado y le había faltado al respeto.
La acusación de la Consejera Presidenta surgió después de que, en sesión, Gabriel Mota la denunciara de una tendencia a negar información a los integrantes del Consejo, a lo cual se sumaron Sandra Liliana Prieto de León y Concepción Aboites Sámano; Canchola Elizarraraz negó dichos hechos.
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