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CDMX.– Como a la mayoría de los mexicanos, me horrorizó profundamente la desaparición de los 43 estudiantes durante el sexenio del expresidente Peña Nieto (2012-2018). Se trata de uno de los crímenes de estado más atroces y brutales en la historia reciente de México, y aún no conocemos el motivo. El caso no ha sido adecuadamente investigado por las autoridades, pero estoy convencida de que las acciones ejecutadas por militares, policías y crimen organizado, tienen una fuerte conexión con la minería en México.
Los dos miembros que quedaban del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (quienes han investigado el caso desde 2015), partieron de México el 31 de julio de 2023. Su relación con el gobierno federal ha colapsado debido al ocultamiento sistemático de información por parte de la Secretaría de la Defensa y a la falta de voluntad del Presidente López Obrador para procesar a miembros del ejército. El Presidente se apoya cada vez más en las fuerzas armadas para gobernar el país. Ha ampliado su tamaño, otorgándole tareas tradicionalmente asignadas a civiles, tales como seguridad interna, turismo, distribución de gasolina y libros de texto, la construcción y control de aeropuertos. El presupuesto original de la Secretaría de la Defensa se ha excedido en alrededor de 23 por ciento.
En agosto de 2022, se expidieron veintidós órdenes de aprehensión en contra de militares; sin embargo, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ordenó la cancelación de dieciséis de éstas. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que López Obrador informó directamente a las familias que la acusación contra un número tan alto de soldados había hecho enojar al Ejército; ello habría de ocasionar que Gertz Manero ordenara la suspensión de algunas de las órdenes de aprehensión, y éstas suspensiones provocaron la renuncia de Omar Gómez Trejo, el Fiscal especial en la reexaminación del caso.
Adicionalmente, de acuerdo con el último reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Secretaría de la Defensa ha ocultado y sigue ocultando información esencial que podría conducir a lo que realmente les sucedió a los estudiantes.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de jóvenes estudiantes (de entre 17 y 25 años) de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se trasladó a la ciudad de Iguala, Guerrero, para apropiarse temporalmente de autobuses y viajar a la Ciudad de México a fin de conmemorar la represión contra estudiantes sucedida el 2 de octubre de 1968. De acuerdo con reportes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los autobuses son “tomados” cada año con la aceptación tácita del gobierno (y compañías de transporte). Sin embargo, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades —policía municipal, ministerial, estatal y federal— y el crimen organizado —cártel Guerreros Unidos— impidieron que los autobuses salieran de Iguala, disparando contra ellos.
Personal militar de la 35 Zona Militar y del 27 Batallón, así como miembros de los servicios de inteligencia (incluyendo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional) se trasladaron al momento de los tiroteos en contra de los estudiantes, pero no los auxiliaron: únicamente observaron. Existe evidencia de que las agresiones estaban siendo transmitidas en tiempo real y que el C4 (el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Guerrero) controlaba las cámaras con las coordenadas por las que los estudiantes pasaban; sin embargo, misteriosamente, no hicieron nada.
Conforme a los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Secretaría de la Defensa cuenta con registros de llamadas telefónicas entre personal militar, policías y miembros del cártel, en las que se expresa que secuestraron a los estudiantes entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre.
Otro misterio es la existencia de un quinto autobús. Las autoridades siempre aseguraron que los estudiantes habían tomado cuatro. Siete años después, gracias a los Expertos Independientes, el público supo que existía un quinto. Dicho autobús no fue atacado por la policía ni por miembros del cártel Guerreros Unidos. De acuerdo con varios testigos, fue escoltado por la Policía Federal hacia la salida de Iguala, caseta número tres. El GPS confirma que esa fue su ruta inicial, antes de desaparecer por la carretera.
En medio de los disparos, algo valioso estaba siendo protegido por la Policía Federal dentro del quinto autobús, a pesar del riesgo de ser detectado por testigos, cámaras y GPS. ¿Qué contenía? La respuesta más obvia es dinero, heroína, armas. Otra posibilidad es el tráfico ilegal de uranio, escondido entre otros minerales. Conforme al testimonio de Johnny Hurtado Olascoaga —uno de los líderes más buscados del cártel La Familia Michoacana—, el uranio es transportado ilegalmente de Guerrero a los puertos de Lázaro Cárdenas y Colima, donde es entregado directamente a barcos chinos. La producción de uranio en México está reservada al gobierno. Cuando una compañía minera encuentra uranio, debe reportarlo y cerrar el depósito.
Personal militar de la 35 Zona Militar y del 27 Batallón, así como miembros de los servicios de inteligencia (incluyendo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional) se trasladaron al momento de los tiroteos en contra de los estudiantes, pero no los auxiliaron: únicamente observaron. Existe evidencia de que las agresiones estaban siendo transmitidas en tiempo real y que el C4 (el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Guerrero) controlaba las cámaras con las coordenadas por las que los estudiantes pasaban; sin embargo, misteriosamente, no hicieron nada.
Conforme a los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Secretaría de la Defensa cuenta con registros de llamadas telefónicas entre personal militar, policías y miembros del cártel, en las que se expresa que secuestraron a los estudiantes entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre.
Otro misterio es la existencia de un quinto autobús. Las autoridades siempre aseguraron que los estudiantes habían tomado cuatro. Siete años después, gracias a los Expertos Independientes, el público supo que existía un quinto. Dicho autobús no fue atacado por la policía ni por miembros del cártel Guerreros Unidos. De acuerdo con varios testigos, fue escoltado por la Policía Federal hacia la salida de Iguala, caseta número tres. El GPS confirma que esa fue su ruta inicial, antes de desaparecer por la carretera.
En medio de los disparos, algo valioso estaba siendo protegido por la Policía Federal dentro del quinto autobús, a pesar del riesgo de ser detectado por testigos, cámaras y GPS. ¿Qué contenía? La respuesta más obvia es dinero, heroína, armas. Otra posibilidad es el tráfico ilegal de uranio, escondido entre otros minerales. Conforme al testimonio de Johnny Hurtado Olascoaga —uno de los líderes más buscados del cártel La Familia Michoacana—, el uranio es transportado ilegalmente de Guerrero a los puertos de Lázaro Cárdenas y Colima, donde es entregado directamente a barcos chinos. La producción de uranio en México está reservada al gobierno. Cuando una compañía minera encuentra uranio, debe reportarlo y cerrar el depósito.
Los Filos-Bermejal, la segunda mina más grande de oro en el país, se localiza a una hora de la escuela, y la mina Equinox Gold, que extrae 250 mil onzas de oro anualmente, a solo cuarenta y cinco minutos. Las empresas mineras han estado presentes en Guerrero desde la fiebre del oro. El suelo también es rico en plata, cobre, plomo, hierro, zinc, mercurio, antimonio, uranio y tungsteno, que, combinado con una topografía atropellada, hace de Guerrero un territorio vulnerable al extractivismo y al crimen organizado.
Además, la riqueza mineral no ha beneficiado a las comunidades locales. Guerrero es el segundo estado más pobre del país, con alrededor del 66 por ciento de su población viviendo en la pobreza. Aún así, la minería florece, a pesar de que opera en un contexto violento de territorios en disputa. Por un lado, el crimen organizado extorsiona a las empresas mineras exigiéndoles derecho de piso. Por el otro lado, las “apoya” de forma aparentemente no solicitada, usando dos métodos distintos y bien documentados.
El crimen organizado desplaza a comunidades enteras de zonas que las mineras quieren explorar. De otra forma, desplazar a las comunidades sería mucho más lento y costoso. Los cárteles tienen sus propios métodos para “despejar” la tierra. Tomemos el caso de El Porvenir. En su libro publicado en 2016, el periodista Francisco Cruz hace referencia a una nota publicada por el periódico Digital Guerrero. Varios sicarios, para mostrar de lo que son capaces, le habrían arrancado el corazón a un niño (un niño vivo) frente a los miembros de su comunidad, para obligarlos a abandonar su tierra. Eso era lo que estaba sucediendo en Guerrero, cerca de la normal de Ayotzinapa.
El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en desplazamientos forzados (50 personas o más), con alrededor de seis episodios anuales. El Mapa 2 muestra el número de desplazamientos forzados entre 2010 y 2020 en Guerrero.
El crimen organizado también apoya a la minería a través de amenazar, desaparecer y asesinar activistas medioambientales. La Ley Minera actual (2023), aún tiene un fuerte impacto negativo en el medioambiente, así como en los derechos de los pueblos originarios y la integridad y seguridad de las comunidades. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que el 14 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado.
Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras organizaciones civiles estiman que el porcentaje es cercano a 31 por ciento. El contraste entre dos realidades muy distintas es revelador: Guerrero es aún uno de los estados más pobres del país, y al mismo tiempo, el sexto productor de oro en el planeta. Activistas y comunidades originarias intentan proteger sus tierras y recursos, especialmente el agua. Uno de los métodos en uso es la lixiviación con cianuro. Una enorme cantidad de minerales es concentrada en pilas a fin de rociarla con una solución de cianuro —que requiere millones de litros de agua— a fin de extraer el oro. Este proceso puede contaminar el agua del subsuelo, contaminar la atmósfera por periodos de hasta cinco años, envenenando a personas y animales que beban o simplemente respiren, causando convulsiones y posibles parálisis respiratorias.
Adicionalmente, para acceder a los depósitos minerales, montañas enteras son destruidas en tan solo algunas horas, afectando bosques enteros, y la manera en que viven las comunidades aledañas. Aunque la reforma de 2023 a la Ley Minera es un buen comienzo, no es suficiente. Se requiere una reforma constitucional que reconozca plenamente los derechos de los pueblos originarios a votar y tener control sobre el uso de la tierra, como siempre lo ha exigido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En 2022, Global Witness (una organización internacional no gubernamental fundada en 1993, basada en Londres y Washington D.C.), estableció que México es el país más peligroso en el mundo para practicar el activismo medioambiental; en 2021, cincuenta y ocho medioambientalistas fueron asesinados, sin contar a los desaparecidos. La mitad de éstos pertenecían a pueblos originarios.
Desde 2005, una ola de violencia sacude a los municipios de Arcelia y Cocula en el norte de Guerrero, zona estratégica para el tráfico ilegal —tráfico de personas, minerales, armas, drogas— desde Oaxaca, Puebla, Morelos y el sur de Guerrero, hacia el Estado de México y Michoacán, conectando con los puertos de Lázaro Cárdenas y Colima. Esta situación empujó a sus comunidades a organizarse en autodefensas y policías comunitarias: grupos de civiles armados que buscan defenderse tanto del crimen organizado, como de megaproyectos que intentan desplazarlos, del tráfico de personas, y en este caso, del tráfico ilegal de minerales. Conforme a diversos estudios académicos, existen alrededor de 50 grupos de autodefensa en México (versus 150 bandas de crimen organizado), y 20 de éstos están en Guerrero. El Mapa 3 muestra las carreteras hacia los puertos de Lázaro Cárdenas y Colima, así como la ubicación general de los cárteles en la zona.
Tlataya es un importante caso de violencia relacionado con minería, ocurrido también en 2014. Veintidós jóvenes visitaron Tlataya buscando comprarles a miembros de ejército, ilegalmente, armas de fuego para autodefensa. El cártel La Familia Michoacana pagó y dio la orden a miembros del 102 Batallón de Infantería, para que los masacrara. En ese entonces, se estaba gestando un importante movimiento civil de autodefensa, compuesto por pobladores tanto de Tlataya (en el Estado de México), como de Arcelia (en Guerrero), pues son comunidades vecinas. Aparentemente, La Familia Michoacana decidió darles una lección y disuadir a todo aquel que estuviera organizándose como autodefensa.
Los veintidós jóvenes esperaban, refugiados en una bodega aislada en Tlataya, a miembros del 102 Batallón. Según lo previamente acordado, ahí les entregarían las armas. Este tipo de acuerdo, basado en corrupción y coimas, no es inusual, como lo observan periodistas y académicos. Sin embargo, cuando miembros del Batallón llegaron al lugar, les apuntaron a los jóvenes y los ejecutaron a todos. Posteriormente, manipularon la escena para que pareciera una confrontación: como si los veintidós jóvenes fueran traficantes de droga.
Este no es el único caso de violencia en la zona, hay muchos otros. En 2014, alrededor de treinta personas fueron asesinadas desde un Blackhawk cerca de Zacazonapan. De acuerdo con el periodista Francisco Cruz, posiblemente se trataba de un grupo de narcos intentando tomar control de una mina; sus cuerpos desaparecieron en menos de una hora. En 2012, una confrontación en Luvianos (cerca de Tlataya) que no fue reportada en su momento, dejó alrededor de 35 cuerpos sin vida después de ser acribillados por personal militar y policías. Éstos recogieron los cuerpos con camiones de basura. Ambos casos se mantuvieron bajo secreto de estado.
En contraste, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa recibió atención pública inmediata. La escuela se había convertido, gradualmente, en un espacio de reunión para activistas y comunidades afectadas por la minería y el crimen organizado en la zona. Todo comenzó cuando Evelia Bahena y Diana Brito fueron amenazadas y atacadas por reportar la violencia sufrida diariamente en el megaproyecto La Media Luna, desde 2006.
La escuela de Ayotzinapa es un internado rural fundado en 1926. Sin embargo, al gobierno del Partido Revolucionario Institucional después de Lázaro Cárdenas, nunca le gustó la idea de llevar educación al campo y, poco a poco, la escuela se convirtió en un blanco político. Finalmente, uno de sus estudiantes se convirtió en uno de los líderes insurgentes más importantes de la historia del país: Lucio Cabañas. Desde su asesinato en 1974, la escuela lleva un fuerte estigma político, siendo objeto de agresiones gubernamentales continuas.
Regresando a la noche del 26 de septiembre, Julio César Mondragón, estudiante de 22 años, casado, padre de una niña de un año, sobrevivió varios ataques. Sin embargo, decidió regresar y ayudar a sus colegas. La mañana siguiente, su cuerpo fue hallado sin rostro, cerca del C4. Uno de sus ojos yacía en el suelo, a unos metros de distancia. La imagen fue diseminada en redes sociales. Académicos y periodistas —como Francisco Cruz Jiménez y Raúl Villamil Uriarte, quienes han investigado seriamente el suceso— sugieren que el crimen contra Julio César y su difusión trataba de mandar un mensaje: No se metan con nosotros, con nuestro negocio —tráfico humano, armas, droga, extorsión, secuestro—, y, especialmente, no se metan con la minería. Como lo expresa Villamil:
“El rostro de Julio César, el estudiante de Ayotzinapa, es uno de los primeros ejemplos de toda la didáctica pedagógica del terror que estaba por venir. Una imagen a contracorriente de la “frescura” de las fotos autorreferenciales del presidente. Un rostro sin cara, sin expresiones faciales […]El que le hayan extirpado la mirada es una profecía, es una violencia condenatoria, ellos no quieren que los jóvenes vean, que se den cuenta, que atestigüen, que condenen, que legislen, que persigan, que cuestionen”.
Una narrativa inverosímil del caso Ayotzinapa llamada “Verdad Histórica”, fue construida por el anterior Procurador General de la República, Murillo Karam. Su intención era crear una versión pública en la que la responsabilidad se ciñera a los cárteles, al Presidente Municipal de Iguala y dos policías. El gobierno federal intentaba ocultar la participación de cualquier otra autoridad. En resumen, ocultar un crimen de estado de alto nivel.
Conforme a testimonios de testigos protegidos y demás evidencia, los estudiantes fueron divididos en diferentes grupos. Dada la notoriedad de los eventos y para ocultar la operación, dicen las fuentes que los estudiantes fueron subsecuentemente asesinados en distintos momentos y que algunos aún estaban vivos el 4 de octubre. Gracias a conversaciones telefónicas entre miembros del cártel Guerreros Unidos (DEA, 2013), policías municipales y un militar identificado como “Coronel”, se hizo evidente que los perpetradores creían que saldrían impunes de la atrocidad. Y no era una idea descabellada. Se sabe que en los últimos cinco años, 4,000 personas han sido reportadas en Guerrero como desaparecidas, además de la existencia de docenas de fosas comunes. El Secretario de la Defensa previo, General Salvador Cienfuegos, prohibió la entrada a las instalaciones del 27 Batallón a toda persona que no formara parte del ejército, obstruyendo así la investigación. En una entrevista, dijo “Ahí no hay nada que ver”, “no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, como lo reportó la periodista Carmen Aristegui en 2015. Años después, luego de que Cienfuegos fuera procesado por el Departamento de Justicia de EE.UU. en 2020 por tráfico de drogas, fue extraditado a México; López Obrador aseguró que la Administración de Control de Drogas estadounidense había fabricado las acusaciones en su contra, implicando la inocencia del general.
El primer gran paso en la construcción de la supuesta “Verdad Histórica” se dio el 28 de octubre de 2014, cuando la Marina condujo una operación secreta —oculta durante siete años— en la cual lanzó restos de osamenta humana, balas y ropa ensangrentada en el basurero de Cocula, así como una bolsa con restos de la osamenta de uno de los estudiantes en el Río San Juan. El Procurador General argumentaba que los 43 estudiantes habían sido ejecutados en ese basurero, y sus restos dispersados en el río.
Existen varios videos en los que aparecen miembros de la Marina torturando a personas privadas de su libertad, forzándolas a auto-incriminarse. Nueve de cada diez detenidos en el caso, presentaron algún tipo de tortura; testigos clave han sido asesinados para obstruir la investigación. Adicionalmente, no solo se sabe que la armada tenía a varios soldados infiltrando la escuela, sino que también usó sofisticados métodos de espionaje por lo menos durante veinte años y Pegasus spyware desde 2010.
A la fecha, de los 43 estudiantes secuestrados, solamente los restos incompletos de tres de ellos —Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz— fueron encontrados. Uno en 2014, en el Río San Juan, dentro de una bolsa de plástico plantada por la Marina. Los otros dos, entre 2019 y 2020, en la Barranca de la Carnicería.
Esa noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron secuestrados y siguen desaparecidos; otros dos fueron ejecutados frente a testigos; otro, severamente torturado, desollado vivo y ejecutado; dos, lesionados con daños permanentes. Una mujer que iba en un taxi, recibió el impacto de una bala; un autobús que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones, fue atacado, resultando muertos su chofer y un jugador de 15 años; alrededor de cuarenta personas fueron lesionadas. Algunos de los estudiantes sobrevivientes, se refugiaron en casas de personas desconocidas que los acogieron a pesar del miedo.
De acuerdo con el reporte del Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a partir de la “Guerra contra las drogas” del expresidente Felipe Calderón, se ha presentado un aumento exponencial del 98 por ciento en desapariciones forzadas; ello demuestra una cercana relación entre las desapariciones y el empleo del ejército para realizar tareas de seguridad interna, estrategia que se mantiene y va en aumento. El Comité subraya la casi absoluta impunidad ante este delito, con un promedio de 28 desapariciones diarias en México (100,000 han desaparecido entre 1964 y 2023, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
Han pasado nueve años desde que los 43 estudiantes fueron secuestrados, y no puedo más que pensar en sus familias. ¿Los encontrarán algún día? ¿Los responsables darán cuenta por los crímenes cometidos, incluyendo el expresidente Peña Nieto? ¿Algún día sabremos la verdad?
La escritora mexicana Ximena Santaolalla escribe sobre el caso.
SinEmbargo reproduce con autorización este texto publicado originalmente en ReVista, de la Universidad de Harvard, cuyo título original es: Crimen de estado, extracción y cárteles. El significado de la minería en Guerrero, México.
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