Redacción El Coahuilense
CDMX.- ”Esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedarán acreditadas”, fue lo que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar el proceso electoral del que resultó ganador Felipe Calderón Hinojosa, sobre Andrés Manuel López Obrador en 2006.
En ese entonces, en el proyecto de sentencia que elaboraron los magistrados Alfonsina Navarro y Miguel Lauro para validar las elecciones del 2 de julio de ese año aseguraron que el presidente Fox puso en riesgo con sus declaraciones la legitimidad del proceso y no hubo ni un solo magistrado que no hiciera el señalamiento de que su intromisión fue la mayor irregularidad.
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Los magistrados dividieron en dos tipos las expresiones presidenciales: aquellas que promovían sus programas de gobierno y las que oscilaban entre la libertad de expresión y la intromisión en procesos electorales, pues aunque no eran señalamientos expresos a candidatos o partidos, ”las críticas y descalificaciones hacia otros participantes del proceso incidieron en la imagen de éstos ante quienes capten su sentido, pues los adjetivos de mesiánico o populista se pueden entender dirigidos a los candidatos que orientaron sus programas a modelos diferentes alejados del impulsado por el gobierno actual”.
El propio Vicente Fox, quien actualmente es una de las voces que reclama “elección de Estado” en México, tras el triunfo de Claudia Sheinbaum, y también en Venezuela con Nicolás Maduro, reconoció que intervino en las elecciones de 2006:“operé para que ganara México. Fui respetuoso de la democracia y de la libertad. Fui respetuoso de la Constitución. Y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la Ley”, es lo que ha dicho.
El proceso electoral de 2006 sigue siendo recordado como un fraude por parte de la izquierda, y en particular por el obradorismo, pues Felipe Calderón, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), ganó con una mínima diferencia de 0.56% sobre López Obrador de la Coalición Por el Bien de Todos, quienes denunciaron diversas irregularidades antes, durante y después de dicha jornada.
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En su libro “¡Gracias!”, editado por Planeta, el presidente López Obrador recuerda sobre este proceso lo siguiente: “La injerencia de Fox en el proceso electoral no tuvo límite: desde el principio hubo plena correspondencia entre el Gobierno federal y el equipo de campaña de Felipe Calderón y ambos hacían reuniones conjuntas. La coordinación era plena: por ejemplo, iba Calderón a un estado y detrás iba Fox; o al revés, iba primero Fox y después Calderón”.
Pese a todo esto, el proceso fue defendido por el PAN, aunque no así por el tercer candidato de esa elección, Roberto Madrazo, quien en 2018 ofreció una entrevista admitiendo que en las actas el partido, López Obrador estaba por arriba de Calderón: “no reconocí a Calderón porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI en donde iba a demostrar él su triunfo, respaldado en actas del PRI. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas”, dijo.
Sin embargo, a pesar de reconocer la injerencia de Vicente Fox y las denuncias de fraude, los magistrados del Tribunal Electoral validaron los comicios de 2006 porque para anularlas era necesario un “escenario excepcional, con irregularidades evidentes y sin el menor resquicio de duda”.
FOX INTERVINO, CALDERÓN NO
El antecedente de injerencia en elecciones federales reconocido por el Tribunal Electoral es lo ocurrido con Vicente Fox y su intención de influir en los comicios a favor de Calderón. En 2012, no fue así pues cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, el Tribunal validó la elección sin darle peso a las injerencias del entonces presidente y las denuncias de la coalición Movimiento Progresista, conformada por PRD-PT-Movimiento Ciudadano, y su candidato López Obrador.
Los magistrados descartaron la presunta intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral y la supuesta compra y coacción del voto de distintos actores políticos, esto pese a que la coalición evidenció las declaraciones hechas por Calderón Hinojosa a favor de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota. Y otros dichos más del ex presidente y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, denostando algunas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador en el debate entre candidatos organizado por el entonces IFE.
De la misma manera, denunciaron la intervención de gobernadores priistas a favor de Peña Nieto, pero lo que resolvió el Tribunal Electoral fue que las pruebas presentadas resultaron insuficientes, pues muchas de ellas estaban basadas en notas periodísticas, testimonios o entrevistas, con lo que no establecieron un vínculo con los agravios.
En este proceso electoral fue que Josefina Vázquez Mota denunció que fue abandonada por los panistas por apoyar al priista Enrique Peña Nieto. Años después, dijo que Felipe Calderón no la apoyó pese a que militaban en el mismo partido y que los gobernadores panistas tenían la instrucción de no apoyarla en sus actos de campaña, incluso ha mencionado un supuesto acuerdo entre el entonces presidente y Peña para que éste llegara a la Presidencia.
EL PROCESO DE 2018
En la línea del tiempo sigue el proceso electoral de 2018, en el que si bien Enrique Peña Nieto no tardó en reconocer el triunfo holgado de López Obrador, sí hubo un intento de las derechas y empresarios para impedir que el candidato de Morena llegara a la Presidencia, pero no pudieron evitarlo porque fue respaldado por una jornada histórica en la que obtuvo 30 millones de votos. En su libro “¡Gracias!”, el presidente describe que unos meses antes de las elecciones de 2018 las élites de poder en México estaban tan desesperadas por su crecimiento en las encuestas que volvieron a operar en su contra.
Visitaron a Enrique Peña Nieto para proponerle, primero, que el comediante Eugenio Derbez fuera el candidato presidencial común del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional (PRI), lo que significaba bajar del proceso a Ricardo Anaya Cortés y a José Antonio Meade Curibreña.
“Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ‘Señores, por favor, sean serios’. También supe que intentaron convencer a Carlos Slim para participar como candidato único del PRIAN, ofreciéndole la declinación de Meade y Anaya; la veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío argumentando que él tenía otro oficio. Era y sigue siendo un hombre de negocios y, por cierto, nada tonto”.
Ese 2018, el Tribunal Electoral no tardó en reconocer y validar las elecciones, al desestimar todas las impugnaciones presentadas: “después de haber realizado el cómputo final, analizado la validez de la elección y determinado la elegibilidad del candidato electo, se concluyó que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador fue el candidato que obtuvo el mayor número de votos, que la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es válida, y que el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos satisface los requisitos de elegibilidad”.
2024, SIN INTERVENCIÓN
De esta manera llegamos a 2024, meses en los que los partidos de oposición y su candidata, Xóchitl Gálvez, han denunciado desde antes y después de la jornada electoral del 2 de junio, una “elección de Estado”, por señalamientos contra el presidente López Obrador y su supuesta intervención a favor de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Un día después de los comicios, Xóchitl Gálvez presentó impugnaciones por “el actuar del Estado mexicano al impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum”. Dijo: “todos sabíamos que nos enfrentábamos, a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos”.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, declaró que aunque reconocían los resultados del PREP, “señalamos que la elección no fue limpia, ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja… No podemos dejar pasar que esta fue una elección de Estado, en la que el presidente intervino directamente, violentando de forma reiterada la Constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda”.
Sin embargo, el proyecto que se conoce del Tribunal Electoral propone declarar improcedentes todas estás denuncias de la oposición. Acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque admitió como hechos probados sus dichos respecto a los comicios en 34 conferencias mañaneras, los consideró como “conductas aisladas e inconexas” que no demuestran una intervención sistemática y reiterada en favor de la Presidenta electa.
“Ninguno de los hechos en que se pretendió relacionar al titular del Ejecutivo Federal, valorados en lo individual o de manera conjunta, implican que tuviera una incidencia trascendental en la elección; éstas sólo implicaron pronunciamientos aislados sobre diversos temas, algunos relacionados con los hechos denunciados”, se concluye.
Otra cosa relacionada con el presidente es sobre la publicación y difusión del libro “¡Gracias!”, concluyeron: “si la parte actora sólo adjunta notas periodísticas o publicaciones de redes sociales que dan cuenta de las supuestas expresiones en el citado libro, sin aportar mayores elementos tales como el propio libro, o cualquier otro medio de prueba que permita corroborar la veracidad de lo señalado en las citadas notas, no es posible tener por acreditada la irregularidad aludida”.
En el documento, los magistrados argumentaron que la petición de nulidad del PAN, PRD y PRI se basa, fundamentalmente, en notas periodísticas y publicaciones en redes sociales, pero que más allá de eso, no se presentaron pruebas de actos o actividades para establecer una concatenación de conductas sistemáticas para tratar de influir en el resultado electoral.
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