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Morelia, Mich.- Finalmente, luego de dos años y tres meses de la detención de Diego Urik, un juez del estado de Michoacán lo declaró culpable por el feminicidio de Jessica González Villaseñor. Dentro de los siguientes días se dará la sentencia definitiva en este caso que marcó un parteaguas en Michoacán, uno de los estados más violentos para las mujeres en México.
Durante el juicio oral contra Diego Urik, el cual inició el 13 de junio de 2022, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán presentó 120 pruebas para comprobar su responsabilidad por la muerte de Jessica. De acuerdo con estas pruebas, y según afirmó la Fiscalía, Diego fue el único culpable en este feminicidio.
Ahora que se ha dictaminado su culpabilidad, deberán transcurrir máximo diez días para que las autoridades fijen la sentencia correspondiente para el feminicida. Tanto la familia de Jessica como su equipo defensor están solicitando la pena máxima para Diego Urik debido a la saña con la que perpetró el feminicidio de su entonces pareja sentimental.
Familia de Jessica Villaseñor pide protección
El día de ayer, durante la audiencia de cierre de alegatos, Urik había pedido al juez del caso no dejarse llevar por la presión mediática. Por su parte, su equipo defensor declaró que las pruebas presentadas no eran suficientes para determinar la culpabilidad del acusado y tildó de caprichosa a la Fiscalía por su actuación durante el proceso.
Además de esto, los padres de Diego Urik declararon que llevarían el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora que su hijo fue declarado culpable, será cuestión de tiempo para saber si verdaderamente realizarán estos procesos.
Por su parte, Verónica Villaseñor, madre de Jessica, solicitó al juez del caso que otorgara protección tanto para ella como para su familia. Esto, ante la posibilidad de que la familia de Diego Urik quiera tomar represalias contra ellos ahora que se le encontró culpable del caso; también, debido a que —según explicó la abogada Maricela Montero Andrade en diversas ocasiones a Cimacnoticias— la familia del feminicida tiene gran capital económico y político en Michoacán.
De hecho, en primera instancia, esto hizo temer que la Fiscalía actuara en contra de Jessica y favoreciera a su agresor. Sin embargo, la presión social no dejó otra opción a las autoridades más que cumplir cabalmente durante los procesos judiciales de este caso.
Redes feministas acompañaron a la familia de Jessica hasta el final
El proceso legal para dictar la culpabilidad de Diego Urik fue engorroso para la familia de Jessica González Villaseñor. La dilación por parte de la defensa de Diego y la revictimización contra la familia de la joven ejercida por la Fiscalía fueron dos grandes obstáculos que, sin embargo, lograron superarse con la determinación del día de hoy.
Tanto Cristo González Villaseñor (hermano de Jessica) como Maricela Montero Andrade (abogada y mimebra de la colectiva Incendiarias, quien dio acompañamiento al caso desde el inicio) afirman que, parte esencial para llegar a este día, fue la presión social.
Las redes feministas estuvieron presentes desde el día que Jessica desapareció en septiembre de 2020 hasta ayer jueves 26 de enero de 2023, cuando realizaron una manifestación en la Antimonumenta de Michoacán para dar aliento a la familia de “Jessi” a pocas horas de que se determinara la culpabilidad de su feminicida.
En esta manifestación, que inició a las 5:30 de la tarde y finalizó durante la noche, estuvo presente la exigencia de justicia ante un caso que indignó a la sociedad moreliana en general.
Michoacán ocupa el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a incidencia de feminicidios. Muchos de estos casos, sin embargo, permanecen en la impunidad ante la falta de voluntad de las autoridades para resolverlos. En este sentido, el caso de Jessica González Villaseñor marcó un antes y un después en la obtención de justicia para las víctimas, pues el proceso para dar con el culpable se dio (a pesar de todo) con relativa prontitud.
Este caso marca un precedente importante, el cual comprueba que la organización social realmente juega un papel central en la resolución de los casos y en la forma de obligar a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades en un país donde la justicia no debería ser la excepción.
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