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SAN JÓSE. El régimen de Nicaragua ordenó el arresto de otros cinco sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua, detenidos en las últimas horas por la Policía Nacional, con lo que suman 15 los religiosos encarcelados en el país, incluido dos obispos, denunció el obispo de Managua, Silvio Báez, y la abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina.
Los sacerdotes nicaragüenses detenidos entre la noche del viernes y la mañana de ayer son Silvio Fonseca, Mykel Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez y Miguel Mántica, todos de la Arquidiócesis de Managua, según un reporte de Molina, autora del estudio ‘Nicaragua:
¿Una Iglesia perseguida?’.
“La dictadura sandinista ha desatado esta semana una feroz cacería contra los sacerdotes llevando a la cárcel a varios de ellos, que vienen a añadirse a dos obispos que ya estaban presos”, señaló, por su lado, Báez, a quien el papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por motivos de seguridad, en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica.
Según fuentes de la Iglesia nicaragüense, el Gobierno pidió que no mencionaran el nombre de Álvarez en las homilías y los detenidos se habrían negado aduciendo que como cristianos tenían que orar por los presos.
Báez, quien reside en Miami y a quien las autoridades declararon “traidor a la patria” y despojaron de su nacionalidad, dijo a través de la red social X que “sigue la furia de la criminal dictadura de Ortega desatada contra la Iglesia”.
La relación entre la Iglesia y el gobierno se deterioró en medio de las protestas del 2018, luego de que Ortega acusó a religiosos de apoyar a los opositores en lo que consideró un intento de golpe de Estado.
Una investigación de la abogada Molina sostiene que desde 2018 hubo 740 ataques contra la Iglesia y que 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsados, desterrados o se les prohibió ingresar al país.
MINISTERIO DE INTERIOR
La ola de arrestos coincide con la reactivación de funciones del Ministerio de Interior y activistas nicaragüenses en el exilio prevén un aumento de la “represión” con la dependencia, que busca “prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional del país, establecidos por la Revolución”.
La cartera del Interior, fundada en 1979, estaba a cargo de la seguridad del Estado y de la Dirección Quinta (encargada de la contrainteligencia, infiltración y operaciones en el extranjero), ejerció un férreo control contra opositores, religiosos, empresarios, periodistas, activistas de derechos humanos y críticos durante el primer Gobierno sandinista.
Según la plataforma digital Confidencial, esa cartera “se encargó de espiar, perseguir, encarcelar y asesinar a los considerados enemigos de la revolución”.
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