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Con 260 votos a favor y 196 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que tienen un saldo de 15 mil millones de pesos, mismos que tendrán que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación una vez que se apruebe el dictamen en el Senado de la República.
En lo que se calificó con un “atraco” por parte de trabajadores del Poder Judicial y diputados de la oposición, la Ley Orgánica del Poder Judicial fue modificada con los votos de Morena y aliados para establecer que “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales” al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.
Durante la discusión el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena y promovente de la reforma, aseguró que la modificación es legal, pertinente, necesaria, apegada a la división de poderes y descartó afectaciones a los trabajadores del Poder Judicial.
Previo a la discusión en el Pleno, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (STPJ), Jesús Gilberto González Pimentel, y un grupo de trabajadores acudieron a la Cámara de Diputados para pedir a los morenistas no extinguir los fideicomisos judiciales, pues advirtieron que sus derechos laborales se verían afectados, sin embargo, sólo fueron recibidos por el diputado Héctor Saúl Téllez.
A la visita a San Lázaro le precedieron manifestaciones en distintas ciudades del país y una suspensión de labores en juzgados y tribunales de la Ciudad de México.
Al respecto, el diputado Ignacio Mier dijo que los inconformes son utilizados por la cúpula del Poder Judicial como “escudo humano” para frenar la desaparición de los fondos y aseveró que respetan el control constitucional que puede ejercer la Suprema Corte pero advirtió que no van a permitir que les nieguen el control presupuestal que la Constitución da a los diputados como facultad.
El coordinador morenista se lanzó contra los altos mandos del Poder Judicial, entre ellos la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a quien acusó de mentir, no procurar la justicia para los mexicanos y buscar a toda costa mantener sus privilegios.
“No hay que ser ingenuos, no hay ingenuidad, existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, expresó el legislador.
El diputado Reginaldo Sandoval, del PT, también acusó que los trabajadores del Poder Judicial son manipulados por la cúpula y los invito a «que no se dejen engañar ni manipular y salgan a defender los privilegios de la Suprema Corte”.
En contraste, el diputado Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, dijo que la mayoría de los recursos de los fideicomisos provienen de aportaciones de los trabajadores del Poder Judicial y por lo tanto, afirmó que son privados.
«Lo que están pretendiendo es una nacionalización de recursos privados, eso es un antecedente gravísimo. Lo que sigue es nacionalizar las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social o las Afores. Es un precedente gravísimo, pero además están afectando a personas de carne y hueso», dijo.
Previendo que Morena consumaría la extinción, González Pimentel insistió en que no descartan un paro nacional en el Poder Judicial para defender los fideicomisos, cuya eliminación deberá ratificar el Senado, sin embargo, dijo que esa será una decisión que se tome en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y la Asamblea Plenaria, buscando no afectar a la ciudadanía.
Durante la discusión en lo particular se aprobó una reserva presentada por Morena para establecer en un artículo Quinto Transitorio que «el Poder Judicial, a través de sus órganos competentes, deberá publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto a través del presente Decreto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación en términos del transitorio inmediato anterior, en observancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, máxima publicidad y conexos previstos en la Constitución».
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