Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados rezagó la discusión de cuatro reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues descartó un periodo extraordinario para aprobar las iniciativas de la primera mandataria.
Se trata de las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la constitución, la Ley de Amparo y la reforma a la Constitución para plasmar la palabra presidenta.
Aunque la discusión de las reformas estaba prevista para diciembre en un periodo extraordinario, el choque entre los coordinadores de Morena en la Cámara de diputados y el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López, respectivamente, impidió la realización del periodo extra para sacar adelante las modificaciones.
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La reforma a la Ley del Infonavit pretende que el gobierno pueda disponer de los ahorros de los trabajadores para construir casas o rentarlas y ha desatado la preocupación la oposición y trabajadores que alertan la vulneración tripartita del Fondo que asciende a más de dos billones de pesos.
Los diputados también rezagaron la discusión de las reforma a la Ley de amparo que busca reafirmar la supremacía constitucional, es decir, que los juicios de amparo que resuelvan acciones de inconstitucionalidad de normas generales en ningún caso “las sentencias que se dicten fijarán efectos generales”.
La reforma al artículo 105 también establece que las controversias constitucionales respecto de normas generales en ningún caso “su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.
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Así también olvidaron plasmar en la Constitución la palabra presidenta, pues legisladores como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República se han negado a aceptar el lenguaje inclusivo.
La Cámara de Diputados también tiene pendiente la aprobación de todas las leyes secundarias del Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas las reformas para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales tras la entrada en vigor de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y seis órganos autónomos más.
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