perse
Ciudad de México.- En el último año, la situación de seguridad en México ha mantenido su complejidad, presentando problemáticas particulares en diversas regiones del país. Aunque los datos oficiales muestran una contención en el número absoluto de víctimas de homicidio doloso, expertos en seguridad y analistas coinciden en que estos aparentes avances carecen de sustancialidad, debido a que la disminución es, en términos agregados, marginal.
Este cierre de año, por ejemplo, la violencia se apoderó de nueva cuenta del estado de Guanajuato, cuando la madrugada del 17 de diciembre, un comando armado irrumpió en una fiesta en la exhacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato y sin mediar palabra, disparó contra las y los asistentes, dejando 12 personas muertas y 12 heridas. Además, los agresores incendiaron varios vehículos antes de huir.
A nivel nacional, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), correspondientes al periodo de enero a octubre de 2023, se han registrado 25 mil 4 víctimas, marcando una disminución del 4.16 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron 26 mil 92 víctimas.
En cuanto a los asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios, se reportan 711 víctimas, reflejando una disminución del 13.81 por ciento en comparación con los datos registrados de enero a octubre de 2022, que fueron 825 víctimas.
“No podríamos hablar todavía de una disminución [en los homicidios] que sea estadísticamente significativa. Pero que aun cuando lo fuese, aquí la cuestión que habría que dilucidar es si esta información nos estaría dando eficacia de la estrategia o por el otro lado, nos habla de desplazamientos y cambios de lógicas en el predominio de los cárteles, que son los principales generadores de la violencia homicida en el país en el territorio nacional”, señaló en entrevista con Sin embargo, Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
La situación del secuestro presenta un panorama diferente, ya que el número de víctimas no ha experimentado una reducción; por el contrario, ha aumentado en un 8.57 por ciento. Durante los primeros 10 meses del presente año se reportan al menos 671 víctimas, en comparación con las 618 registradas en el mismo periodo del año anterior.
El número de personas desaparecidas y no localizadas, en lo que va del 2023 asciende a 11 mil 4 personas, lo que representa un incremento del 21.59 por ciento más que el total de personas reportadas como desaparecidas en todo el 2022, que fue de 9 mil 50.
“Los homicidios dolosos no son el único delito de alto impacto. Falta el secuestro, la desaparición, la extorsión —conocida como el cobro de piso—, que incluso han afectado la presión en algunos productos como el aguacate y el limón. Es decir, la métrica o el parámetro no debe ser exclusivamente las cifras de homicidio doloso. Y aunque solamente fuera eso, los datos arrojaron una disminución, porque también hay un cambio en los patrones de mediciones”, detalló el Profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada.
Las entidades con el mayor número de homicidios dolosos registrados son Guanajuato, con 2,668 víctimas; Estado de México, con 2,222; Baja California, con 2,025; Chihuahua, con 1,749; Jalisco, con 1,656; Michoacán, con 1,482; Guerrero, con 1,411; Morelos, con 1,214; Sonora, con 1,165; y Nuevo León, con 1,091. Por otro lado, las entidades con el menor número de víctimas de asesinatos son Baja California, con 22; Yucatán, 28; Aguascalientes, 74; Durango, 83; y Campeche, 87.
Aunque a nivel nacional, el homicidio doloso registra una disminución marginal, en al menos 10 entidades federativas el número de víctimas por homicidio doloso sí creció. Se trata, en su mayoría, de estados que son considerados como “seguros” debido a que son de los que concentran el menor número a nivel nacional; sin embargo, en el periodo de enero a octubre del presente año, sus víctimas aumentaron con respecto al mismo periodo del año anterior.
En otra época, el tema de violencia y criminalidad tenía que ver mucho con una competencia en las zonas urbanas. Hoy tenemos mucha gobernanza criminal en zonas rurales que se manifiesta en problemas importantes, por ejemplo, lugares como Zacatecas, también lugares más conocidos por esto por esta la presencia de estos grupos, como en Guerrero, Michoacán. Ha crecido mucho el control de los grupos criminales en zonas rurales”, señaló en entrevista José Andrés Sumano Rodríguez, investigador del Colegio de la Frontera (Colef).
El estado de Campeche es el que presenta el mayor crecimiento de víctimas de homicidio doloso con un aumento del 35.93 por ciento, pues de 64 víctimas reportadas de enero a octubre de 2022, para el mismo periodo del presente año la cifra es de 87.
En Chiapas, el recrudecimiento de la violencia, que ha generado miles de desplazados, también se ve reflejado en las cifras de homicidios dolosos con un crecimiento del 31.31 por ciento, debido a que se han registrado al menos 464 víctimas en contraste con las 352 reportadas en el año anterior.
En el estado de Morelos, el incremento es del 25.02 por ciento, ya que, de 971 casos reportados en los diez primeros meses de 2022, al mismo periodo de 2023 ya van 1,214. Querétaro y Aguascalientes, otras dos entidades consideradas de baja incidencia homicida, registran un alza del 20.43 por ciento y 12.12 por ciento, respectivamente.
La Ciudad de México, que a inicios de año y el año anterior reportaba y festejaba una disminución en la violencia, en el periodo de enero a octubre, el número de víctimas de homicidio doloso (717) creció al menos un 13.62 por ciento en comparación con el número registrado en el mismo periodo del año anterior, que fueron 631.
Quintana Roo, que en los últimos años ha mantenido un crecimiento en el nivel de violencia, reporta un aumento del 14.36 por ciento con 597 personas asesinadas de enero a octubre del presente año en comparación con las 522 del mismo periodo de 2022.
En tanto que de los estados que sí se ubican en el ranking de las 10 entidades más violentas, en cuanto a homicidios dolosos, solo Sinaloa, Chihuahua y Estado de México reportan incrementos del 10.83 por ciento, 2.22 por ciento y 1.36 por ciento, respectivamente, en el número de víctimas de homicidios dolosos.
“Hay una variación y hay cambios en los estados que han sido los más violentos en el país. Hay un desplazamiento de los estados más violentos. Hasta el 2013, el estado más violento del país era Chihuahua, que concentró en los dos sexenios que van del 2006 al 2012, alrededor de 28 mil personas, pero cuando vemos los últimos cinco años, nos encontramos que en el estado de Guanajuato, por ejemplo, hay más de 24 mil personas asesinadas. Esto implica un cambio en las lógicas de la disputa por el poder”, explicó Arellano.
Uno de los factores clave que ha influido en la dinámica delictiva es el conflicto territorial entre las dos principales organizaciones del crimen organizado en el país: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta disputa se refleja en enfrentamientos entre grupos locales asociados a estas organizaciones, desencadenando episodios de violencia en varias ciudades del país.
Los expertos explicaron que las transformaciones en las dinámicas criminales también están vinculadas al auge del fentanilo y los cambios en las rutas de tráfico.
Puertos del Pacífico, carreteras estratégicas y fronteras de Sonora y Baja California han cobrado una relevancia significativa para los grupos criminales, generando disputas por el control de estas zonas, tanto para el narcotráfico como para el tráfico internacional.
La situación en diferentes estados presenta matices importantes. Mientras que Coahuila ha logrado convertirse en un caso de éxito en la reducción de la violencia, otras entidades como Jalisco, Zacatecas y Guanajuato siguen enfrentando altos niveles de gobernanza criminal.
“La complejidad se agudiza en lugares como Monterrey, donde disputas políticas y la ausencia de acuerdos complican la situación, recordando épocas anteriores de tensión”, dio Sumano.
Zacatecas, estratégico por su ubicación, aunque en las cifras de víctimas de homicidios dolosos presenta una disminución del 22.10 por ciento, los especialistas destacan que continúa siendo un foco rojo.
Arellano enfatizó que, mientras hay estados como Jalisco, Baja California y Chihuahua que persisten entre los más violentos, la disminución significativa en homicidios en Tamaulipas y Sinaloa podría reflejar lo que algunos analistas llaman “un periodo de paz narca” debido al dominio de un solo grupo criminal, más que a mejoras estructurales en las fuerzas de seguridad, procuradurías y fiscalías.
“Llama la atención la disminución que tuvieron, por ejemplo, Tamaulipas y Sinaloa, que habían sido en el 2006 y el 2014, estados con mucha violencia homicida, con enfrentamientos en calles, narcobloqueos, etcétera y a partir del 2015 una disminución muy drástica, muy importante en el número de homicidios que se cometen en esos estados. Esto habla de alguna manera de lo que algunos autores llaman la paz narca, es decir, un predominio tan fuerte de un solo grupo criminal, que la violencia homicida disminuye de una manera muy importante. No es cierto que sea por una cuestión de que las policías, las procuradurías y las fiscalías incrementan enormemente su eficacia. No hay un cambio estructural en la actuación de las policías”.
Chiapas en este año ha estado en los titulares de noticias y se ha caracterizado por un recrudecimiento de la violencia, pues a las violencias históricas que han afectado al estado, como la colonial, capitalista, industrial y paramilitar, se le ha sumado una nueva forma de violencia que ha desencadenado numerosos episodios violentos y ha perpetuado el desplazamiento de miles de personas e incluso comunidades enteras: la violencia armada perpetrada por grupos de la delincuencia organizada.
“La disputa del crimen organizado por distintos tipos de mercados ha llegado ya hasta San Cristóbal, Tapachula y prácticamente todo Chiapas está en esa disputa entre varios cárteles, pero dos de ellos ya están disputando directamente el control del territorio: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación”, detalló el sociólogo Raúl Romero, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La violencia se ha reflejado en las cifras oficiales de homicidios dolosos, ya que el número de víctimas de homicidio reportados en Chiapas de enero a octubre de 2023, que se sitúa en 464, creció doloso creció 31.81 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, que acumuló 352 casos.
Además, otros indicadores muestran las consecuencias de la violencia que enfrenta Chiapas. El informe “Chiapas un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado” del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reveló que, en la región, al menos 16 mil 755 personas fueron desplazadas en Chiapas desde 2010 hasta 2022.
El académico explicó que la creciente violencia por parte del crimen organizado se suma a la combinación de violencias históricas que ha experimentado Chiapas a lo largo de los años.
“La violencia colonial, la violencia capitalista, la violencia paramilitar y la violencia militar se han combinado ahora con la violencia del crimen organizado. Es decir, como si no hubiera suficientes problemas, ahora llega la violencia del crimen organizado”, señaló Romero.
El especialista resaltó que todas estas formas de violencia convergen en la actualidad en Chiapas, generando un profundo malestar entre las comunidades que han sufrido atrocidades como desapariciones forzadas, feminicidios, desplazamientos forzados, secuestros y ejecuciones en masacres.
Esta situación encendió las alertas y la preocupación de organizaciones de derechos humanos, activistas y expertos, pues existe un temor creciente de que esta situación pueda desencadenar una guerra civil y comunitaria en Chiapas, según alertó a mediados de este año el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN.
SUBREGISTRO EN LAS CIFRAS
Aunado a ello, los especialistas destacaron la posibilidad de un subregistro. La dependencia de denuncias en un contexto con cifras negras superiores al 90 por ciento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de las estadísticas.
“Sí hay posibilidad de subregistro. No es lo mismo en todos los estados. Hay una sospecha importante de posible maquillaje de datos, mandando casos a homicidios culposos o clasificándolos como causa no determinada. Como las cifras del secretariado dependen en gran medida de lo que reporta en las fiscalías y de carpetas de investigación, uno tiene que tener mucho cuidado cuando revisa estos datos”, señaló Andrés Sumano.
Para ejemplificar las dudas en los registros, Saúl Arellano destaca un caso llamativo: Guanajuato. Esa entidad, conocida por su alta incidencia de violencia homicida, de los 4 mil 390 homicidios registrados de enero a octubre, 2 mil 268 son dolosos y 1 mil 722 son clasificados como homicidios culposos, muchos de ellos catalogados como accidentes de tránsito. Esta clasificación sorprende, dijo Arellano, ya que el INEGI no reporta tantas muertes por accidentes en Guanajuato. Es decir, a nivel nacional, Guanajuato concentraría más del 10 por ciento de todos los homicidios culposos, una anomalía estadística significativa.
Arellano explicó que los accidentes se distribuyen de manera aleatoria y estadísticamente se deben distribuir de acuerdo con el peso demográfico, es decir, una entidad que tiene más habitantes, evidentemente, tendría más accidentes. Sin embargo, contrario a la distribución aleatoria de accidentes, Guanajuato supera en cifras de muertes por accidente a entidades con mayor población, como la Ciudad de México y el Estado de México.
Estas discrepancias levantan sospechas sobre la calidad del registro, sugiriendo posibles errores o, con un enfoque más crítico, un deliberado registro equívoco por parte de la fiscalía para reducir artificialmente el número de víctimas de homicidio intencional.
“El uso perverso de las cifras que hacen tanto los gobiernos estatales como el federal para legitimar que están haciendo bien su trabajo nos debería llevar a cuestionar cómo se genera la información, cómo se procesa y cómo se presenta y qué tanta fiabilidad tenemos de estos datos, porque es con lo que tenemos que trabajar. No es del todo descalificable la información, no estoy diciendo eso, lo que digo que hay detalles que permiten decir que la información no nos está dando todo el retrato de lo que pasa en la realidad”, detalló Arellano.
CRECE NÚMERO DE DESAPARECIDOS
En el tema de desaparecidos, tampoco fue un año favorable, donde destacaron los señalamientos por acontecimientos lamentados por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, como el Censo de Personas Desaparecidas y la renuncia de Karla Quintana en medio de denuncias por la falta de transparencia en el nuevo censo.
Además, la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas, al corte del 30 de noviembre, es de 113 mil víctimas. La cifra de personas, en tan solo 11 meses del presente año, ya es un 21.59 por ciento superior en contraste con todos los reportes de 2022.
La Comisión Nacional de Búsqueda sufrió un duro golpe cuando la Comisionada Karla Quintana tuvo que dejar el cargo por presiones. El pasado 23 de agosto, la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, presentó su renuncia “inmediata e irrevocable” al cargo a través de una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El experto en derechos humanos Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México, señaló en entrevista con SinEmbargo que “frente a la intención política de cerrar el sexenio con buenos números, menos que los del sexenio de Felipe Calderón o con el que tenía Enrique Peña Nieto, pues ahí se empezó a caer la Comisión Nacional de Búsqueda”.
El pasado 7 de noviembre, Karla Quintana confirmó que su renuncia se debió a diferencias sustanciales en cuanto a la forma y la finalidad del proceso de actualización del Censo de Personas Desaparecidas, ya que en dicho proceso se involucra personal de la Secretaría de Bienestar sin especialización, con falta de transparencia y, lo más grave, dijo, se está realizando con la intención de “reducir” el número de registros de personas desaparecidas.
Uno de los puntos de preocupación de los colectivos radica en los problemas relacionados con el censo que está siendo levantado para la base de datos de personas desaparecidas, en los cuales, los mismos colectivos y organizaciones de derechos humanos han puesto en duda.
Yolanda Morán, representante del Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, expresó su preocupación por iniciativas que podrían reducir las cifras de desaparecidos.
“Ahorita con lo que quiere hacer de los registros, el que quieran borrar y bajar las cifras de desaparecidos, […] son cuestiones de que cada vez vamos más mal”, expresó en entrevista Yolanda Morán.
El 31 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en tres meses estaría listo el censo de personas desaparecidas en el país con el número actualizado, del que, señaló, es menor al registro actual, lo cual, argumentó, al ir “casa por casa” han corroborado que algunas personas sí están con sus familiares.
La organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM), que aglomera a más de 76 colectivos a nivel nacional, ha manifestado su inconformidad por el censo que el Gobierno federal está realizando, ya que consideran que existen diversas irregularidades con la intención de minimizar las cifras de desaparecidos y que, incluso, se está presentando revictimización.
“Los colectivos que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) manifestamos preocupación ante la noticia donde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha estado utilizando el registro de vacunación COVID-19, como fuente de información para confirmar casos de supuestas localizaciones. Nos preocupa que esta acción pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de gobierno”, indicó la organización en su comunicado.
Por su parte, la organización Fundar aseguró que el censo que se está realizando para dimensionar las personas desaparecidas del país no está sustentado en una metodología clara y sigue trasladando la responsabilidad a las familias, quienes deben notificar a las autoridades la información que obtienen sobre el paradero de las personas desaparecidas, tarea que, en muchos casos, ha sido revictimizante.
Mientras tanto, los colectivos de búsqueda han manifestado que la estrategia implementada en este nuevo censo “parece estar diseñada para confirmar sólo aquellos casos en los que se presume localización con la intención de disminuir la cifra de personas desaparecidas del mismo Registro”, por lo que, incluso, refirieron que desde el pasado mes de abril han notado “movimientos irregulares en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas”.
Yolanda Morán destacó que la desarticulación de figuras clave, como Karla Quintana, quienes formaban parte del equipo operativo especializado en el tema de personas desaparecidas, sugiere que el compromiso inicial del Presidente de hacer del tema de desaparecidos una prioridad para su sexenio está siendo dejado de lado.
“Efectivamente, Karla (Quintana) ya se fue. Todo el equipo operativo que ella tenía, que conoce lo de los registros, que conoce todo lo que es el tema de desaparición, ya no está. El Subsecretario Alejandro, también ya se fue. También los que investigaban a fondo lo de Ayotzinapa. Creemos que realmente se está ya deshaciendo el señor Presidente de este compromiso que desde un inicio nos hizo las familias de desaparecidos. Dijo que iba a ser un tema prioritario, pero ¿cómo está eso si ya nos está dejando blanco?”, señaló la madre buscadora.
El 23 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); sin embargo, su nombramiento ha sido severamente cuestionado por organismos de derechos humanos y principalmente por colectivos de búsqueda.
Los Consejos Ciudadanos de Búsqueda pidieron el pasado 31 de octubre la revocación del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y demandaron que se reponga el proceso, pues acusaron que no se transparentó ni se optó por un perfil con experiencia especializada.
“La designación de la nueva titular de la CNB se llevó a cabo mediante un proceso simulado donde sólo se permitió a las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos postular candidaturas, sin transparentar los resultados”, denunciaron los consejeros.
Asimismo, calificaron de “inconcebible” que se haya optado por el nombramiento de “una persona con un perfil político, no técnico, sin experiencia y un nulo conocimiento y dominio del bloque normativo nacional e internacional sobre desaparición, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como aspectos en materia forense”.
La representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos calificó esta elección como una ofensa y violación a la ley, ya que coincidió en denunciar que no se realizó una convocatoria adecuada.
“Nos ponen oficialmente a la Maestra Teresa, o sea, no tengo nada en contra de la Señora. Sabemos que tiene capacidad, es inteligente, pero desconoce mil por ciento el tema de desaparecidos. Eso para nosotros es una ofensa que nos traigan a alguien para aprender y no a avanzar, entonces están desmantelando todo”, dijo Morán.
“El gran punto es que no estamos encontrando a los desaparecidos. De poco nos sirve decir se gastaron tantos millones de pesos, se contrataron tantos cientos o miles de personas, se invirtió tanto en recursos humanos, en recursos económicos, en recursos materiales, si la consecuencia de eso no es una mayor capacidad de búsqueda, no es decir que efectivamente están encontrando a más personas desaparecidas…”, abundó Daniel Vázquez.
NECESARIO REPLANTEAR LA ESTRATEGIA
Los especialistas coincidieron en que la falta de avances significativos sugiere la necesidad de replantear las estrategias de seguridad, enfocándose en soluciones integrales que aborden las complejidades locales y la conexión entre autoridades y grupos criminales.
Andrés Sumano destacó que la estrategia de saturación militar, principalmente a través de la Guardia Nacional, ha mostrado limitaciones y, en algunos casos, efectos contraproducentes.
El estancamiento en la reducción de la violencia, según el investigador del Colef, sugiere que la estrategia centrada en el despliegue militar no ha logrado los resultados esperados. La colaboración efectiva entre niveles federal y local, la construcción de capacidades locales y el abordaje de las conexiones entre autoridad y crimen organizado son clave para superar los conflictos y problemáticas actuales y avanzar hacia una situación de mayor seguridad en el país.
“Este sexenio ha reproducido las mismas fallas de anteriores administraciones, en particular dos: la primera tiene que ver con las improvisaciones de funcionarios en las áreas civiles en materia de seguridad y de procuración de justicia. Lo segundo, derivado de estas improvisaciones, los programas y políticas son resultado de ocurrencias y supuestos que no están bien fundamentados y diagnosticados y caen en la generalización. Entonces esto lleva a que la problemática se va agudizando y al mantener estos mismos errores, los resultados se agravan”, coincidió Javier Oliva.
Saul Arellano atribuyó la falta de resultados más visibles en materia de seguridad a un problema de diagnóstico fundamental. Haciendo referencia a las declaraciones reiteradas del actual Presidente de la República durante su campaña, Arellano señala que el Gobierno ha identificado la desigualdad y la pobreza como los determinantes principales de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, cuestiona la efectividad de esta premisa al argumentar que, aunque se haya reducido en seis millones el número de personas en situación de pobreza según la última medición del Coneval, este descenso no se ha traducido proporcionalmente en la disminución de la criminalidad durante el sexenio.
“Me parece que hay un problema de origen, que es un problema de diagnóstico. El Gobierno de la República lo dijo una y otra vez, siendo candidato el actual Presidente de la República, que los determinantes principales y detonadores de la violencia y la delincuencia son la desigualdad y la pobreza. Asumiendo sin conceder, que se redujo en seis millones el número de personas pobres en la última medición del Coneval. En esa misma proporción hubiera descendido la delincuencia, pero no ocurrió así, es decir, el sexenio, si bien es cierto, ha avanzado en algunos indicadores sociales, esto no ha sido o no ha tenido como correlato la disminución de la violencia y la delincuencia. Al revés, tenemos el recrudecimiento en muchas zonas. Además de que de origen no había evidencia suficiente para sostener que son la desigualdad de la pobreza las que generan el crimen”, señaló.
Arellano argumenta que, contrario a la afirmación de que la pobreza y la desigualdad son los motores del crimen, el crimen organizado, según su perspectiva, sigue el dinero y tiende a establecerse en lugares con mayores niveles de riqueza. Para respaldar su punto de vista, menciona ejemplos específicos, como los casos de Manzanillo en Colima y Apaseo el Alto en Guanajuato, donde inversiones millonarias coinciden con un notable aumento en los indicadores de violencia.
“En Manzanillo, Colima, es la sede más puerto más importante de América Latina, cantidades impresionantes de contenedores que se mueven ahí, pero tiene una de las tasas más altas de homicidio doloso en el país, como municipio. Rebasa los 100 homicidios por cada cien habitantes a nivel anual, esa es una tasa que quintuplica la media nacional. En Apaseo el Alto, tiene una tasa de disminución de pobreza de casi 10 puntos, se instaló ahí la Toyota, tuvo un crecimiento demográfico muy importante, casi 10 mil personas en casi 10 años, y tiene una tasa de homicidio de más de 150 casos por cada 100 mil habitantes”, ejemplificó.
El especialista destacó que es necesaria la realización de un nuevo diagnóstico, “el crimen no obedece a la lógica de la política pública, esa es una lección que debe tener el Gobierno, tanto el de la república como de los estados”.
TE RECOMENDAMOS LEER:
