Redacción El Coahuilense
CDMX.– Carlos Zamarripa Aguirre fue Procurador y luego Fiscal de Guanajuato por 15 años y 11 meses, periodo en el que la entidad se convirtió en la más violenta de México. Dejó el cargo el último día de 2024 y, pese a la falta de resultados, los últimos meses difundió desde los canales oficiales de la dependencia videos y mensajes para posicionar que su gestión dejó “la mejor Fiscalía del país”, una campaña cuyos gastos no han sido reportados; en los últimos años tampoco transparentó los recursos destinados a comunicación social y publicidad oficial.
“La única forma en la que puedes trascender es dejar huella. Dejar huella significa dejar un legado permanente en la historia”, dijo Carlos Zamarripa en febrero de 2024, en un video que presentó durante su último informe de labores. Aparece sentado en una oficina, utiliza una tableta para simular que proyecta frente a él gráficos en tercera dimensión, lo que recuerda a las series policíacas de televisión estadounidense. “Somos investigadores”, concluye la grabación.
Fragmentos del video de 10 minutos fueron retomados en una grabación difundida en diciembre entre trabajadores de la Fiscalía y que después circuló en redes sociales, en donde, de nuevo, se enaltece la imagen de Carlos Zamarripa, además de asegurar que dejó el cargo “ajeno a su voluntad”.
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Al menos desde febrero de 2024, en el contexto del último informe de labores de Zamarripa Aguirre, la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió en sus redes videos para promocionar su labor, pero en los reportes de gastos de los primeros trimestres de ese año la Dirección de Comunicación Social aseguró que no destinó recursos para ninguna campaña publicitaria.
Pese a la falta de información, en el mensaje de la FGE publicado el 31 de diciembre para despedir a Zamarripa Aguirre en la red social X se lee: “Su legado se distingue por la eficacia, la transparencia y la modernidad”.
El único dato disponible en el portal de transparencia de la Fiscalía relacionado con el Quinto Informe de labores del exfiscal es sobre el “servicio de coffee break” el día de la presentación, por el que la dependencia pagó 55 mil 680 pesos. En ese evento, el entonces Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo defendió a Zamarripa Rodríguez conmovido hasta las lágrimas. “No podríamos tener la mejor Fiscalía del país sin tener al mejor Fiscal”, expuso.
Al recibir recursos públicos, la FGE está obligada a reportar los recursos que destina para comunicación social y publicidad oficial, desglosar el tipo de medios, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. Pero de 2019 a 2024, durante el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, la Fiscalía expuso en su portal de transparencia que no asignó recursos a campañas publicitarias aunque en su presupuesto sí avaló recursos para este rubro; y en los trimestres que reconoció gastos no difundió los contratos.
Por ejemplo, en 2024 la dependencia detalló en sus informes presupuestales que aprobó el uso de 2 millones 500 mil pesos para el rubro “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, pero en los primeros tres trimestres del año no reportó pagos para campañas publicitarias o mensajes.
En 2023, la Fiscalía también publicó que designaría 2 millones 500 mil pesos para comunicación, pero en sus informes trimestrales no reportó gastos en esta materia.
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Algo similar se observó en 2022, cuando la Fiscalía aprobó gastar 2 millones 800 mil pesos para “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, aunque en los datos trimestrales, en el apartado de gasto ejercido, se muestran “0.00” pesos.
Para 2021, los informes trimestrales de la Fiscalía de Zamarripa mostraron que de julio a septiembre aprobó destinar 300 mil pesos para publicidad, pero usó 300 mil 600 pesos. Mientras que para octubre y diciembre, de 300 mil pesos aprobados se habría gastado 600.
Sin embargo, la información desglosada de esos trimestres coincide: de julio a septiembre la dependencia expuso que “no se destinó recurso para campaña publicitaria”; mientras que el cuarto trimestre la Dirección de Comunicación Social se dijo “sin información que reportar en el período”.
En el caso de 2020, la FGE transparentó en sus informes financieros que ejerció 65 mil 559 pesos de los 800 mil aprobados para los primeros seis meses del año, pero la Dirección de Comunicación Social declaró en sus informes que no tenía información que reportar en ese período y, expuso, “no se destinó recurso para campaña publicitaria”.
Lo mismo pasó en 2019, cuando la FGE reportó haber ejercido 83 mil 925 para comunicación en el último trimestre del año, pero no detalló en qué contratos se usaron.
Zamarripa deja a Guanajuato sumido en violencia
Además de la falta de transparencia durante su gestión, Zamarripa Aguirre dejó una ola de violencia en Guanajuato. Cuando fue nombrado titular de la extinta Procuraduría de Justicia en 2009 por el entonces Gobernador Juan Manuel Oliva había una tasa de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes; ahora, al dejar la Fiscalía, la tasa es de 59 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En 2018, cuando Rodríguez Vallejo ratificó a Carlos Zamarripa como Fiscal, los homicidios se dispararon drásticamente, alcanzando 3 mil 290 víctimas, un aumento del 152.28 por ciento en comparación con el año anterior, cuando se reportaron mil 423, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2019, el número de víctimas se elevó a 3 mil 590, y en 2020 se registró otro incremento significativo, con 4 mil 490 víctimas, lo que representó un aumento del 25 por ciento respecto a 2019.
A partir de 2021, al igual que con las carpetas de investigación, se comenzó a observar una reducción en las cifras. Ese año cerró con 3 mil 516 víctimas de homicidio doloso. En 2022, la cifra descendió a 3 mil 260, y en 2023 se registraron 3 mil 104 víctimas. Esta semana, el SESNSP confirmó que Guanajuato concentró el 49 por ciento de los homicidios dolosos en el país, lo que lo convirtió en el estado más violento.
Previo a su salida, Carlos Zamarripa también realizó modificaciones al reglamento interno de la FGE, sin consultar al Congreso local, con la finalidad de aumentar 33 por ciento su pensión.
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