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Ciudad de México.– A cinco años de su creación, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos como la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, la trama de corrupción Odebrecht, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa o el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas y a quien acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En este tiempo, además, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero ha judicializado 78 mil 797 carpetas, en 336 mil 687 determinó el no ejercicio de la acción penal, 197 mil 181 están en trámite y 93 mil 853 fueron enviadas al archivo temporal, de acuerdo con la solicitud de información número 330024623003041 proporcionada por la dependencia a SinEmbargo vía transparencia.
Fue el 14 de diciembre de 2018 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que desapareció la PGR y se creó un órgano de justicia autónomo, mientras que el Senado ratificó a Alejandro Gertz Manero al frente de la dependencia el 18 de enero de 2019. Gertz Manero (Ciudad de México, 1939), quien logró la mayoría calificada con las dos terceras partes en el Senado, fue electo por un periodo de nueve años y será hasta 2028 cuando deje el cargo.
Lo cierto es que la FGR arrastra vicios de la PGR como la apertura de carpetas de investigación endebles que no logran que un Juez dicte la vinculación a proceso de los acusados, consideraron expertos de las organizaciones Tojil y Borde Político al destacar la falta de justicia en casos insignia, como la corrupción en Pemex y la desaparición de los 43 normalistas.
“Al final del día se perdió una oportunidad histórica de hacer esta transacción hacia una institución que no tuviera dependencia de intereses políticos del Ejecutivo, se ha visto claramente que Gertz no es del todo autónomo y ha sumado escándalos, incluso a nivel personal, durante estos cinco años de gestión”, consideró Susana Camacho, consultora en temas de justicia penal y una de las encargadas de elaborar junto con organizaciones civiles el balance ciudadano de los dos primeros años de gestión del Fiscal Gertz Manero.
Ernesto Peralta, director Ejecutivo de la organización Borde Político, coincidió al destacar que hay dos grandes rubros en donde no se avanzó nada: “Uno es en el plan de transición, no cambiaron los modelos de gestión de la institución, al contrario, bajo mucho la cantidad de casos atraídos por la FGR, y el segundo es que bajaron los casos que se resuelven. Ahora lo que vemos es una institución empequeñecida y tenemos a un Fiscal escondido en su despacho sin interlocución con la ciudadanía”.
La información obtenida vía transparencia por este medio mostró que casi 100 mil carpetas que fueron enviadas al archivo temporal sin que se precisaron los motivos. “No se cuenta con ese nivel de detalle solicitado, ya que los datos que se proporcionan son únicamente estadísticos”, respondió.
No obstante, los expertos consideran que enviar una carpeta al archivo temporal abona a la impunidad porque los delitos pueden prescribir.
“Dentro de estas figuras está lo que se llama archivo temporal, que es cuando los datos o indicios son insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuentan con pruebas que ayuden al avance. Entonces un poco se frena la investigación, pero no quiere decir que se cierra, se puede reabrir esta investigación si hay nuevas denuncias”, explicó Adriana Greaves, cofundadora de Tojil.
Diversas organizaciones y activistas han pedido al Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitar la remoción del Fiscal, pero la respuesta del Ejecutivo ha sido la misma: “Yo considero, y ese es mi criterio, que el Fiscal no ha cometido delitos graves”.
“La FGR ha cometido actos ilegales cuando a estos grandes casos les aplica un acuerdo reparatorio o figuras como el criterio de oportunidad, me parece que hay una mala labor que simula justicia”, opinó Adriana Greaves, de la organización Tojil.
La abogada también consideró que en los casos insignia de corrupción, en donde no se ha sancionado a nadie, el Poder Judicial ha quedado a deber en justicia. “Por ejemplo, en el caso de Lozoya, su defensa argumentó que como ya se había reparado el daño por parte del empresario Ancira en el caso de Agronitrogenados, ellos ya no tenían que repararlo, combinaron toda la teoría del caso porque una cosa era por lo que estaba siendo investigado el empresario (venta de un sobreprecio) y otra era el soborno que recibió Lozoya a cambio de esa venta. Eran delitos distintos y evidentemente la reparación del daño de sobreprecio no tenía nada qué ver con los sobornos. Ese criterio me parece lamentable”.
EL CASO AYOTZINAPA
Uno de los grandes pendientes de la dependencia son las sanciones penales a funcionarios relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, un caso del que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió justicia desde antes de iniciar su sexenio.
El pasado 27 de septiembre, la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa reveló en un informe que la mal llamada “verdad histórica” sobre lo que le ocurrió a los normalistas fue una construcción que llevó a cabo el Gobierno de Enrique Peña Nieto y en la que participaron, además del expresidente, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el exprocurador Jesús Murillo Karam, el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Marina Vidal Francisco Soberón, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; el director del Cisen, Eugenio Imaz; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.
Pero hasta el momento sólo Murillo Karam ha sido detenido y tiene abiertos dos procesos, de los cuales en uno el Juez de Control José Rivas González, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, le otorgó el pasado 1 de noviembre la pasión domiciliaria con brazalete electrónico.
La decisión del Juez se basó en la salud y edad avanzada de quien fuera exprocurador en el sexenio de Peña Nieto.
La FGR, quien lo señala por tortura y de ser responsable del encubrimiento de la desaparición de los estudiantes, impugnó esta resolución del Juez el pasado 5 de noviembre argumentando que, horas antes de un día feriado y de un puente vacacional, fue notificada por el Juez dándoles menos de dos horas y media de tiempo para realizar los trámites correspondientes.
Por su parte, Tomás Zerón de Lucio, inculpado por ayudar a construir la narrativa de la “verdad histórica”, además de estar acusado de los delitos de tortura y alternación de pruebas, ha evadido la justicia mexicana al haber viajado a Israel y aquí en México ha logrado que su nombre no se mencione en el Caso Ayotzinapa.
Así lo reveló el pasado 27 de septiembre Alejandro Encinas al presentar el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa detalló que un Juez del Séptimo Juzgado de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional a Tomás Zerón para que las autoridades responsables se abstengan de difundir información o comunicaciones en las cuales se sugiera que “es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”.
Ya desde el año pasado, la renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa puso en evidencia las fallas de la FGR, pues se concretó tiempo después de que la dependencia desistió de 21 de 83 órdenes de aprehensión solicitadas por dicha unidad contra militares. El exfuncionario reveló en una entrevista con Quinto Elemento que desde la Fiscalía trataron de cercar su investigación y obstaculizar el hallazgo de la verdad.
LOZOYA CASI LIBRE Y SIN PAGAR UN PESO
Un Juez federal suspendió en agosto pasado el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el caso Agronitrogenados, donde se le acusaba por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y también se libró de pagar un acuerdo reparatorio.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Presidente y la propia FGR criticaron la decisión, las irregularidades no sólo recaen en el juzgador Genaro Alarcón López, también en las fallas cometidas por la Fiscalía, que abrió la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio pese a ser un tema de interés público, como ha destacado la organización Borde Político.
“Lo hicieron tan mal en el caso Lozoya, o sea están perdiendo el caso, él en realidad ya no va a tener que reparar casi nada, de 30 millones de dólares que le pidieron ahorita están en 3 millones de dólares, es triste la situación. Yo pensaría que no van a ganar un solo caso y eso es porque Gertz además de ser un mal Fiscal es un mal negociador. El caso de Lozoya muestra con toda claridad las ganas de perder un caso”, criticó Ernesto Peralta, director Ejecutivo de Borde Político.
Hasta el momento sólo el empresario Alonso Ancira Elizondo, señalado de sobornar a Lozoya, está obligado a pagar 216.6 millones de dólares a la petrolera, de los cuales ya había entregado 104 millones hasta inicios de este año.
Ancira Elizondo concretó en abril de 2021 un acuerdo reparatorio con Pemex y Emilio Lozoya, actualmente detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, buscó sin éxito un acuerdo similar.
Para el 31 de agosto sus abogados pidieron suspender el proceso porque el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) ya se encontraba reparando el daño; esto lo justificaron con una tesis aislada publicada días antes en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 2027042. El argumento fue aceptado por el Juez Alarcón López.
Organizaciones también han criticado la otra investigación que mantiene a Lozoya Austin en la cárcel, la relacionada con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, donde el exfuncionario busca un criterio de oportunidad pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales plantea que esta figura legal no puede aplicarse en casos de interés público.
A esto se suma el revés que la FGR recibió en la investigación por Odebrecht, donde acusa al exfuncionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto de recibir sobornos. En septiembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México rechazó información bancaria obtenida por la dependencia, clave para demostrar los sobornos por 10.5 millones de dólares que Lozoya Austin y sus familiares habrían recibido de la constructora brasileña a través de una red de empresas fachada radicadas en Suiza. Con ello, el exfuncionario buscará anular el proceso, incluso su abogado Miguel Ontiveros pronóstico en una entrevista con Carmen Aristegui que “se va a caer el caso”.
Esta semana, en un intento por avanzar en los casos que se le siguen a Lozoya, la Fiscalía General de la República impugnó el fallo de una Jueza federal que impedía la extinción de dominio de la residencia del exdirector de Pemex ubicada de la colonia Lomas de Bezares de la Ciudad de México y, por lo tanto, impedía que ésta se convirtiera en propiedad de la Federación.
COLLADO, SIN SENTENCIA
Otro caso por el que se ha cuestionado a la FGR de Gertz Manero por la falta de resultados es el de Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Peña Nieto y el exgobernador Mario Villanueva Madrid, a quien acusa de los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Aunque fue detenido en julio de 2019, sigue sin sentencia.
La última semana de septiembre dejó el hospital donde estaba internado para seguir su proceso en libertad, luego de un cambio de medida cautelar. El caso destaca porque además de las acusaciones en México, reportajes del diario El País han revelado que Collado Mocelo gastó millones de pesos en distintos países europeos que en realidad habrían estado destinados a políticos mexicanos.
Al menos 855 mil dólares –unos 14.78 millones de pesos– fueron abonados por el abogado entre 2008 y 2015 en hoteles exclusivos, como el Four Seasons, el Ritz o el Westin, además de un depósito de 213 mil dólares –unos 3.7 millones de pesos– en diversas joyerías exclusivas y 80 mil 840 dólares destinados a tratamientos contra el envejecimiento en clínicas suizas, de acuerdo con información publicada en septiembre por los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil.
CABEZA DE VACA LOGRA AMPARO
Otro revés para la FGR ocurrió el pasado 6 de diciembre, cuando la Jueza federal Adriana Yolanda Marroquín concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que ordena la cancelación de la orden de captura.
El amparo deja insubsistente la orden de aprehensión girada el 4 de octubre de 2022 y obliga a que se dicte una nueva resolución en la que se establezca que no existen datos que prueben que Cabeza de Vaca cometió el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Que establezca que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que [Cabeza de Vaca] los cometió o participó en su comisión”, detalla la sentencia.
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