Redacción El Coahuilense
CDMX.- Aunque fue subsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Fernando Aportela Rodríguez ha encontrado en la Cuarta Transformación un terreno fértil para los negocios. Su consultora financiera, Altor, ha acumulado contratos millonarios con el gobierno federal y estados gobernados por distintas fuerzas políticas, incluidos varios cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según reveló el portal EL CEO, Altor ha sido contratada más de 30 veces durante el sexenio de López Obrador. Destacan asesorías en proyectos clave como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, ambos bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por esos servicios, la firma obtuvo ingresos superiores a 40 millones de pesos.
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Lo que llama la atención no es solo el monto, sino el contexto: en 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Altor, mientras que la Cofece la sancionó por prácticas indebidas. Además, la Auditoría Superior de la Federación señaló que la empresa figuraba en los registros del SAT como contribuyente incumplido. Pese a esto, los contratos públicos no se detuvieron.
El modelo de Altor se expandió del sector público al financiero. En 2024, su casa de bolsa fue la única autorizada durante esta administración por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante un Certificado de Capital de Desarrollo listado en la BIVA, logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura promovida por el propio gobierno federal.
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Entre los rostros detrás de la firma no solo aparece Aportela. También participa Marcela Andrade Martínez, quien fue jefa de coordinación con entidades federativas en Hacienda, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño vinculado al círculo obradorista. Es decir, Altor ha sabido tejer redes con perfiles de distintos orígenes políticos.
La consultora también ha sido contratada por ocho gobiernos estatales para reestructurar deuda pública. En total, ha recibido más de 134 millones de pesos por estos servicios. El caso más representativo es Jalisco, donde firmó un contrato por casi 79 millones. En Oaxaca, por ejemplo, su labor consistió en asesorar la contratación de créditos de corto plazo por los que se pagaron 3.4 millones.
No todo ha sido asesoría. En 2023, Altor se metió de lleno en la compra de empresas en crisis. A través de sus fondos Altor Capital I y II, adquirió derechos litigiosos del Ingenio Puga y Copaco, en Nayarit. Pagó cerca de 5 millones de dólares y se convirtió en acreedor mayoritario, lo que le dio control en el proceso concursal.
Esa operación fue impugnada por otros acreedores, como Sucroliq, quienes acusan a Altor de utilizar su posición para quedarse con los activos, desplazando a otros interesados. El conflicto sigue en tribunales, y se espera una resolución sobre un convenio concursal que favorecería a la consultora.
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