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De acuerdo con información de la organización promotora de Derechos Humanos Tlachinollan, en la Montaña de Guerrero la violencia en contra de mujeres indígenas persiste y al día de hoy desde que inició el presente año se contabilizan 15 matrimonios forzados y aunque las defensoras han hablado con la síndica de Cochoapa el Grande, para evitar que una de las niñas sea vendida por segunda ocasión, les han argumentado “no tener tiempo para ir por la ella” y así evitar la situación.
Detalló que las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero no tienen nada que celebrar. Siguen siendo víctimas de las distintas formas de violencia, las asimetrías e intersección de discriminaciones en su contra son una realidad.
Durante el periodo que comprende el mes de enero a la fecha de este año, Tlachinollan ha documentado más de 635 casos de mujeres indígenas que han padecido algún tipo de violencia de los cuales 200 son por violencia familiar, 200 de violencia económica, 150 de violencia psicológica, 30 son de violencia institucional, 15 de matrimonio forzados, 15 de violencia vicaria, 13 de feminicidios, 12 de desapariciones.
De acuerdo con las investigaciones de Tlachinollan, los principales agresores son los esposos, padrastros, concubinos, padres, tíos, hermanos, vecinos del pueblo, autoridades comunitarias, municipales y estatales.
Aunado a lo anterior las mujeres indígenas siguen sumidas en la pobreza y marginación víctimas de muertes maternas por la mala atención y discriminación que sufren en los hospitales, donde denuncian al personal por “su actitud prepotente y racista que las mira como personas de segunda que no tienen derecho a nada”.
Los casos de matrimonios forzados en la región de la Montaña muestran el abandono, la marginación y vulnerabilidad de las niñas indígenas. Viven a la intemperie y sin el apoyo de las autoridades.
Detallaron que el gobierno del estado atienda situaciones solo cuando los casos adquieren visibilidad mediática como el de Angélica y Nayeli. Las niñas siguen siendo víctimas de matrimonios forzados.
El caso de la niña Nayeli es ilustrativo. Indígena de Joya Real Municipio de Cochoapa el Grande, sus padres “la vendieron” por 200 mil pesos, ella se opuso y por ello la encarcelaron, con la intervención de Tlachinollan y otras autoridades se logró su liberación. Después fue llevada al albergue del DIF estatal donde permaneció un año y cinco meses en condiciones de semi encarcelamiento.
Regresó a su comunidad, pero no tenía con quien llegar. Finalmente la recibió un tío. Recientemente Tlachinollan fue por la niña hasta la comunidad porque desea estudiar. El tío se opuso ejerciendo violencia contra las personas que fueron por Nayeli porque “tiene la intención de venderla de nueva cuenta”.
Por otro lado, en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me’pháá víctimas de tortura sexual por parte de elementos del Ejército Mexicano, como se sabe han obtenido una sentencia de la Corte Interamericana la cual a la fecha no se ha cumplido cabalmente.
Se informó que el Centro comunitario y albergue para niñas indígenas fueron construidos, no obstante carecen de un presupuesto fijo y sin que estén adscritos a alguna institución por lo que no tiene certidumbre jurídica y laboral quienes ahí colaboran.
Por tanto exigen el cese de la violencia contras las mujeres y niñas indígenas, se tracen políticas públicas que acorten las brechas de pobreza y desigualdad social, se proscriban los matrimonios forzados contra niñas indígenas y que haya justicia para Inés y Valentina.
Cada minuto en el mundo 28 niñas ingresan a matrimonios forzados
En el mundo cada año 12 millones de niñas y adolescentes son orilladas a casarse, es decir, 28 niñas por minuto contraen matrimonio como consecuencia de contextos de desigualdades de género estructurales, señala el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en su Informe Hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas.
Tan solo en nuestro país, a nivel nacional, 3.6 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o unieron antes de los 15 años, mientras que 20.7 por ciento se casaron o unieron antes de los 18 años, señala la publicación.
En República Dominicana 24.1 por ciento de las adolescentes contrajeron matrimonio o unión antes de los 15 años, mientras que el 86.5 por ciento se casó o unió antes de cumplir los 18 años. En tanto, en Colombia se reportó que 23.4 por ciento de las mujeres ingresaron en un matrimonio o una unión antes de los 18 años.
El Salvador informó que a nivel nacional, 12.7 por ciento de las niñas y adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años se encontraban casadas o unidas. Situación similar ocurre en Paraguay, donde el 5 por ciento de las mujeres contrajo matrimonio o conformó una unión temprana antes de los 15 años.
Para erradicar los matrimonios infantiles y las uniones tempranas es necesario un enfoque a largo plazo, integral y coordinado que propicie cambios sistémicos. En ese sentido, el Mecanismo recomienda a los estados desarrollar estudios técnicos y colaborativos para entender las causas y consecuencias del matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas en América Latina y el Caribe.
MESECVI también destaca la necesidad de impulsar la generación y recolección de datos oficiales de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados; la importancia de realizar un mapeo de población en riesgo y de los servicios de apoyo disponibles y faltantes a fin de informar intervenciones precisas en el tema.
A lo anterior deben sumarse modificaciones legislativas que incluyan la alineación de marcos nacionales con las normas internacionales sobre la edad mínima de matrimonio y la igualdad de género.
“El enfoque de las reformas debe incluir la conceptualización de las y los adolescentes como sujetos de derechos, garantizando su desarrollo integral y deben tomar como parámetro las recomendaciones y estándares emanados de órganos de vigilancia de tratados”, señala MESECVI.
Dichas reformas, añade el mecanismo, deben ser integrales y no deben limitarse a elevar o modificar legislación sobre la edad de matrimonio, sino que, a la vez, las modificaciones no profundicen desigualdades para las niñas y adolescentes.
Iniciativa contra matrimonios forzados
A finales de abril del 2022, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas al Código Penal Federal para prohibir y castigar los matrimonios forzados con personas menores de edad. Dichas reformas fueron presentadas por las diputadas priistas Norma Aceves Mejía, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Eufrosina Cruz Mendoza quienes exigieron que el Senado ratifique la medida para obligar a todos los estados a adoptarla.
Eufrosina Cruz Mendoza es originaria de Santa María Quiegolani, un municipio del estado de Oaxaca, donde el matrimonio infantil forma parte de los usos y costumbres en varias comunidades. De acuerdo con la Universidad Intercontinental, otros estados donde se enfrentan situaciones similares son Chiapas, Guerrero y Querétaro.
Fue precisamente ante esta situación que Cruz Mendoza y sus dos compañeras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron las reformas al Código Penal Federal. Gracias a ellas se modificó el artículo 205-BIS de dicho código.
Además de esto se añadió el capítulo IX, “Cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”, en el octavo título del Código Penal Federal.
Con estas reformas se estableció una pena de ocho a 15 años de prisión, así como una multa de mil a dos mil quinientos días de multa. Además, la pena aumenta hasta una mitad más si la víctima pertenece a alguna comunidad indígena o afromexicana.
Urge ratificar medida para que sea obligatoria en toda la República Mexicana
Tras la aprobación de la iniciativa propuesta por las diputadas priistas, ahora Eufrosina Cruz pide que el Senado de la República ratifique la medida. Con esto, los congresos de las 32 entidades de la República Mexicana tendrán que modificar sus Códigos Penales Estatales para castigar el matrimonio forzado de menores de edad.
La diputada federal pone énfasis en que esto es urgente, sobre todo, en estados con altos índices de pobreza como Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Yucatán, donde niñas y adolescentes muchas veces son vendidas o cambiadas por animales y otros bienes a conveniencia de sus padres. Lo anterior deriva en diferentes tipos de violencia y embarazos no deseados para las víctimas.
De acuerdo con la organización Save the Children, en México, una de cada 100 niñas de entre 12 y 14 años de edad se encuentran casadas o en unión libre en contra de su voluntad. Esto representa una modalidad de trata que muchas veces tiene fines serviles o de intercambio o compensación.
Homologar las sanciones contra el matrimonio infantil a nivel nacional ayudaría a disminuir estas cifras y a erradicar por completo esta forma de abuso, la cual suele darse en la clandestinidad y vulnera los derechos de las infancias y de las adolescencias en el país.
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