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Ciudad de México.- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México es uno de los países más peligrosos a nivel mundial para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) documentó entre enero de 2019 y octubre de 2023 al menos 41 asesinatos de periodistas, 6 de trabajadores de medios y 90 de personas defensoras en posible relación con su labor, además de 13 desapariciones (ocho personas defensoras y cinco periodistas).
De estas 150 víctimas, prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes previos y más del 30 por ciento habían presentado formalmente denuncias que no habrían sido adecuadamente consideradas ni tramitadas.
Por ello y en atención a la constante violencia que padecen periodistas y defensores de derechos humanos en el país, la ONU-DH México elaboró el informe Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la finalidad de fortalecer las actuaciones de las fiscalías.
El documento destaca la falta -en la mayoría de los casos-, de priorización y agotamiento de líneas de investigación relacionadas con la labor periodística o de defensa de derechos humanos de las víctimas. Sin embargo, también reconoce que en México existe capacidad, tanto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), como de las fiscalías estatales, para realizar investigaciones conforme a los principios generales de debida diligencia, pero no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar.
“Tomar medidas para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para investigar las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo debe ser una prioridad en el proceso de fortalecimiento democrático. No hacerlo implica que la violencia no cesará”, señala el informe.
Desde el 2019, cuando la misma entidad realizó el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección, solicitado al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), comprobó que el Mecanismo juega un papel importante y ha logrado salvar vidas, lo mismo puede salvar vidas una correcta investigación procesal y la comprensión, por parte de los funcionarios de las fiscalías, del rol social de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al momento de la presentación de denuncias.
El informe resalta las prácticas que contribuyen a la justicia y aquellas que aportan a la impunidad e incluye recomendaciones concretas para las 33 fiscalías del país. Para su elaboración, se eligieron nueve casos enfocados en los delitos de desaparición, homicidio y amenazas, los dos primeros por su gravedad y el último por ser la agresión más común y, se analizaron las actividades investigativas y procesales llevadas a cabo, tres de ellos con sentencias condenatorias.
Se identificaron buenas prácticas relacionadas con los procedimientos para: la inspección del lugar de los hechos; identificación de testigos y realización de entrevistas; obtención de videograbaciones; desarrollo de peritajes en distintos rubros de medicina forense, criminalística y balística; elaboración de dictámenes de mecánica de hechos; análisis de contexto; análisis jurídico de la conducta de amenazas; participación de víctimas y familiares; y otorgamiento de medidas cautelares de protección cuando fue pertinente.
Por otro lado, se identificaron omisiones, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los principios de debida diligencia de oportunidad, competencia y exhaustividad, evidenciadas en: deficiencias en la preservación del lugar de los hechos; pérdida de videograbaciones por retrasos injustificados en su identificación y obtención; carencias en el seguimiento a solicitudes de diligencias; y que no se agotaron las líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas o el potencial involucramiento de servidores públicos.
Para el informe, ONU-DH desarrolló una metodología de análisis de expedientes de investigación penal a través de la definición de 88 indicadores cualitativos, basados tanto en los estándares internacionales en materia de investigación criminal, como en jurisprudencia e instrumentos jurídicos mexicanos, lo que permitió evaluar el cumplimiento de los principios generales de debida diligencia en la actuación de las fiscalías.
Los casos seleccionados comprenden delitos cometidos a partir de 2016 que son investigados bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Las víctimas son cuatro personas defensoras de derechos humanos (Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, Isidro Baldenegro López, Meztli Sarabia Reyna, Arnulfo Cerón Soriano) y cinco periodistas (Edgar Daniel Esqueda Castro, Agustín Silva Vásquez, Amir Ibrahim Mohamed Alfie, Gloria Ruiz García y Camelia Muñoz Alvarado) de Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Con este informe, más los otros que ha desarrollado al respecto, la ONU-DH confía en que sus recomendaciones, podrán contribuir a reforzar el acceso a la justicia para quienes han sufrido agresiones por informar y por defender los derechos humanos.
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