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Ciudad de México.- En el marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF 2024) 80 organizaciones de la sociedad civil en la que también participaron feministas hicieron pública su exigencia para que “de forma urgente e impostergable” sea efectiva la asignación de recursos suficientes y progresivos para garantizar la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SSRMN).
Afirmaron que a pesar de que la Constitución Política de México, diversas leyes nacionales e instrumentos internacionales, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible obligan al Estado mexicano a garantizar la SSRMN, entre 2018 y 2023, los recursos del Ramo 12 y Ramo 33 FASSA que financian el Programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva (PSMSyR) fueron fluctuantes y regresivos.
Y aunque se propuso que el presupuesto del 2024 (PPEF) tiene como propósito aumentar estos rubros en comparación con el 2023, éstos “son insuficientes para garantizar la SSRMN de su población” objetivo, que son 34 millones de adolescentes y mujeres en mayor vulnerabilidad y que se ven afectadas por la prevalencia de altos niveles de muerte materna, embarazo adolescente no planificado, violencia obstétrica, y criminalización y violencia por ejercer su derecho a decidir.
Basta señalar que, de acuerdo con datos de INEGI y CONEVAL, en 2022, 36.9% de las mujeres mexicanas (24.1 millones), vivía en situación de pobreza y 38.7% (25.2 millones) no tenía acceso a los servicios de salud.
La mayor asignación para ambos Ramos fue en: 2019, hace cuatro años: $3 mil 224 millones de pesos (mdp), para el Ramo 12 y $1 mil 161 mdp para el Ramo 33, que son los recursos transferidos a las entidades para operar este Programa.
Mientras que, el año 2022 fue el de menor asignación también para ambos Ramos. El PPEF 2024 propone un aumento de 17.5% de recursos para el Ramo 12 respecto al 2023, con $2 mil 758 mdp y un aumento de 38.6% para el Ramo 33 respecto del 2023 con $1 mil 481 mdp.
Ambos Ramos suman un monto de $4 mil 239 mdp; recursos que son insuficientes. Además, en el caso del Ramo 12, el aumento propuesto no compensa los recortes que ha tenido desde 2019.
En el estado de Guerrero, Zihuame Xotlametzin y el Comité Promotor por una Maternidad Segura han documentado serios problemas de calidad, disponibilidad de personal de salud y abasto de insumos esenciales para la salud reproductiva.
Esto se agrava aún más, ya que Guerrero ocupa el primer lugar de Mortalidad Materna, con 58 muertes maternas por cada 100 mil 000 nacidos vivos. Y en Oaxaca, el monitoreo realizado por Mano Vuelta A.C., en las clínicas comunitarias, identificó que no se garantiza el aborto seguro por falta de personal capacitado, infraestructura, medicamentos, insumos, y servicios de traducción, además de que no se asignan recursos para materiales de difusión dirigida a personas con alguna discapacidad auditiva o visual.
Por su parte, la Colectiva de mujeres con discapacidad, En Primera Persona A.C., ha visibilizado que hay una carencia de accesibilidad en servicios e información de salud sexual y reproductiva para adolescentes y mujeres con discapacidad. Ante estos contextos, debe ser una prioridad del Estado asignar un presupuesto progresivo y con enfoque de derechos para SSRMN.
Actualmente, se está transitando a un nuevo modelo de salud implementado por el IMSS-BIENESTAR, que propone un esquema centralizado de manejo financiero y provisión de servicios, en el que las entidades federativas transferirán sus recursos a esta nueva instancia.
Lo anterior, requerirá mayor transparencia, rendición de cuentas y seguimiento del gasto, particularmente de los recursos del Ramo 33 FASSA. Esto cobra relevancia porque algunos estados destinan pocos o nulos recursos a componentes esenciales de SSRMN. Por ejemplo, en 2021 y 2022, los gobiernos de Guerrero y Oaxaca no destinaron recursos del Ramo 33 FASSA para aborto seguro.
Asimismo, resultan preocupantes los recortes adicionales al presupuesto aprobado, realizados por el Ejecutivo en el transcurso del año fiscal, ya que disminuyen aún más los recursos disponibles.
En 2022, el Legislativo aprobó $2 mil 335 mdp para el Ramo 12 para SSRMN, pero el Ejecutivo los redujo en más de 30%, por lo que al final se gastaron solo $1 mil 574 mdp.
Por tanto, las organizaciones firmantes reconocieron que “los recortes en un contexto de presupuesto insuficiente son incomprensibles, injustos y atentan contra el derecho a la salud de las adolescentes y mujeres en todas sus diversidades y personas con capacidad de gestar”.
Por ello, hicieron un llamado al Poder Legislativo, y en particular a las comisiones de salud, igualdad de género, presupuesto y cuenta pública, para que:
- Durante la discusión del PPEF 2024, promuevan y escuchen las demandas y necesidades de las adolescentes y mujeres en todas sus diversidades y personas con capacidad de gestar y de las organizaciones feministas y las incorporen en sus propuestas y dictámenes.
- Incrementen los recursos para el Ramo 12 y Ramo 33 FASSA que el PPEF 2024 propone para concretar un presupuesto progresivo, ya que éstos son insuficientes para proveer servicios de SSRMN.
- Cumplan un rol de control y seguimiento durante todo el año, asegurando que los recursos se ejerzan de manera transparente, eficiente, con rendición de cuentas y en los términos en que se aprobaron.
- Garanticen que la política presupuestaria tenga un enfoque de derechos humanos y de género, poniendo al centro a las adolescentes y mujeres en todas sus diversidades.
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