Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Tras el hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas, los días 5 y 11 de marzo, respectivamente, no solamente ha generado indignación entre la población sino que ha puesto en el foco, la ausencia del Estado mexicano, porque son las madres y las colectivas buscadoras quienes emprenden esta labor.
“El Estado mexicano ha sido el gran ausente en el problema de la desaparición forzada en México. De ahí la existencia de colectivos de personas buscadoras, la gran mayoría integrados por mujeres, que han logrado ubicar a centenares de cuerpos de personas desaparecidas. Su trabajo ha generado confianza, por lo que personas con familiares desaparecidos acuden a ellas para pedir su ayuda en lugar de acercarse a las autoridades. El Estado no puede eludir su obligación de reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, que llevan a cabo su labor con gran dignidad y debe proporcionarles las garantías para que lo sigan realizando”, agregó Edith Olivares Ferreto de Amnistía Internacional.
Además, afirman que estos descubrimientos realizados por colectivas de esos estados amerita que el Estado mexicano abra una investigación inmediata, independiente e integral, que permita identificar los restos localizados y entregarlos con el debido respeto y cuidado a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos.
Así como brindar todas las medidas de protección necesarias a las buscadoras que localizaron ambos sitios, ante los eventuales riesgos a su integridad.
Amnistía Internacional ha documentado que las mujeres buscadoras en las Américas, y particularmente en México, enfrentan un alto riesgo por su labor de búsqueda. De 2011 a la fecha, 24 familiares de personas desaparecidas (14 mujeres) han sido asesinadas.
La crisis humanitaria
México sigue enfrentando una grave crisis de desapariciones vinculada al contexto de violencia e inseguridad que se ha acrecentado en el país en las últimas décadas, como lo demuestra el hecho de que en México desaparezcan 30 personas diariamente, de acuerdo con los datos del propio gobierno.
La información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, revela que en el periodo del primero de enero de 1950 al 10 de marzo de 2025 hay 122 mil 821 personas desaparecidas o no localizadas. Jalisco figura con 15 mil 013 personas desaparecidas. Los estados del país que le siguen son el Estado de México con 13 mil 625, personas desaparecidas y Tamaulipas con 13 mil 307.
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada expuso en su informe del año 2021, que la desaparición de personas registró en México un crecimiento exponencial entre 2006 y 2021. Fue justamente en el año 2006 cuando la administración del Presidente Felipe Calderón tomó la decisión de desplegar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, proceso que se institucionalizó en septiembre de 2024, el último mes del sexenio pasado.
Amnistía Internacional ha denunciado que la decisión de militarizar e institucionalizar la seguridad pública en México contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Amenazas previas
El 18 de julio del 2023, Cimacnoticias reportó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había solicitado medidas cautelares en favor de la defensora de Derechos Humanos Indira del Socorro Navarro Lugo e integrantes del Colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, quienes han enfrentado amenazas con ser privadas de la vida, “por lo que se encuentran en una situación de riesgo y con temor de sufrir agresiones en contra de su integridad y de su seguridad personal”, aseguró el organismo.
A través de un comunicado la CNDH solicitó a la Guardia Nacional la implementación de medidas cautelares en favor de las denunciantes, “que se instrumenten medidas suficientes e idóneas, y se apliquen los protocolos adecuados a efecto de salvaguarda la vida, seguridad física e integridad de las integrantes del Colectivo”.
En ese sentido, el organismo reiteró que las autoridades del estado de Jalisco deben cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales, con el objetivo de garantizar que las personas pueden ejercer sus derechos a la búsqueda de personas desaparecidas.
Las madres buscadoras expusieron que la administración de Andrés Manuel López Obrador «no quiso reconocer la crisis de desapariciones y fosas clandestinas en el país», ejemplo de ello es que el ex presidente pidió pruebas “fehacientes” al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) durante su visita a México, que las desapariciones son una problemática en el país.
El Comité respondió que las desapariciones existen, son sistemáticas, generalizadas, y prevalecen debido a la impunidad que es ejercida por las autoridades.
Por eso, llevaron hasta Palacio Nacional tierra y fotografías de sus familiares desaparecidos para que pudiera ver la situación de cerca.
En ese momento detallaron que ya habían solicitado una reunión con el presidente en diversas ocasiones, sin embargo éste nunca aceptó, a pesar de que las desapariciones no paran, más fosas clandestinas son localizadas, y más familiares son obligados a sumarse a la búsqueda porque el Estado no cumple con sus obligaciones y el acceso a la justicia es ineficiente. “
Nuestra vida se basa en buscar a nuestros seres queridos entre miles de personas desaparecidas, buscarles en vida en sitios de exterminio, hemos sido testigas del horror”.
Cabe señalar que durante este sexenio, la presidenta Sheinbaum Pardo tampoco las ha recibido.
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