Evidencian a Fiscalía de BCS por revictimizar en caso de feminicidio

septiembre 7, 2024
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Ciudad de México.- Jazmín manejaba su auto por el carril de alta velocidad en San José del Cabo, Baja California Sur, frenó y comenzó a caminar sosteniéndose de un barandal del tramo carretero; no podía mantenerse de pie y cayó al suelo a unos metros de una caseta de cobro. Horas más tarde, Jazmín falleció en el hospital local el 7 de agosto; día que pauta el inicio de la lucha de la familia Rosales por esclarecer los hechos para revertir la versión de la Fiscalía local que, sostiene, fue suicidio; en contracara, su hermana y hermanos reviran: es un caso de feminicidio. 

Cimacnoticias conversó con Marisol, hermana de Jazmín; su trabajo ha sido extenuante a lo largo de este tiempo al intentar cuadrar el rompecabezas -sin piezas suficientes- sobre qué sucedió el pasado 16 de agosto cuando la víctima viajaría a Guadalajara, de donde era oriunda, para recoger a sus hijos y llevarlos con ella a vivir juntos en San José del Cabo. 

Desde los hechos, la familia de Jazmín tienen poca o nula información en los avances de la carpeta de investigación y han vivido revictimización, lo que atenta contra los derechos de las mujeres asentados en documentos oficiales del Poder Legislativo.

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La investigación del caso de Jazmín, omite una sentencia histórica, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal del país, en el 2009, conocida como “Mariana Lima Buendía”, a partir de la cual se ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, incluso aquellas que pudieran parecer presuentos «accidentes».

Desde ese momento, cada estado de la República debiera contar con un tipo penal homologado, con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un Protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue de manera científica, con perspectiva de género y debida diligencia, como lo marca la sentencia Mariana Lima de la SCJN y que dichos protocolos cuenten con los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para su efectiva implementación.

El presunto feminicida -y entonces esposo de Mariana– trabajaba como policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, tras perpetrar el asesinato aseguró que Mariana se había quitado la vida, pese a que las pruebas indicaban que él la agredía física, sexual y emocionalmente.

Por años, su versión fue respaldada por las autoridades investigadoras, quienes mostraron en todo momento la falta de debida diligencia, además de omisiones y negligencias. Sin embargo, la familia de Mariana Lima, emprendió un camino para demostrar que la joven abogada había sido víctima de feminicidio y no se había suicidado como afirmaban las autoridades del Edomex.

Fue así como el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se logró que el 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país dictara la sentencia histórica “Mariana Lima Buendía”.

Jazmín

Jazmín iniciaba su mañana muy temprano reportándose en el chat de la familia -pues estaba a 20 horas de su familia jalisciense- y posteriormente, se comunicaba con sus colegas del trabajo para iniciar su jornada laboral. Esa mañana, no se supo nada de ella y sólo unas horas más tarde, se encendieron las alarmas entre sus compañeras y  compañeros del trabajo; esto era un comportamiento atípico en Jazmín. 

«Fue uno de sus compañeros, con quien sostenía una relación, quien fue a buscarla (a su casa), al asomarse, parecía que había movimiento. Yo me imagino que estaban las luces prendidas y su computadora. Él se brincó por la parte de atrás y al ingresar al domicilio, encontró sangre y vidrios rotos», narra Marisol para Cimacnoticias. 

Es así, que en su trabajo se comenzó una búsqueda para saber del paradero de Jazmín, sin embargo, horas más tarde, fueron notificados: Jazmín ya había fallecido en el hospital.

Primera pieza: El trabajo del MP y la información escueta

La reconstrucción de los hechos acontecidos en ese tramo carretero han sido armados por la versión del Ministerio Público, sin embargo, Marisol comparte que todo el tema colateral sobre cómo está la casa de su hermana o qué revelan las cámaras del circuito de la ciudad, se mantienen como información reservada. 

Cuando mis hermanos por fin pudieron ver a mi hermana, dice Marisol, los del Servicio Médico Forense (Semefo) no les enseñaron ningún reporte de lesiones, sólo les mostraron su rostro y no el cuerpo completo; Jazz tenía varios tatuajes y no hubo forma de constatar su estado físico.

Desde el sábado 10 de agosto al día 20, la familia perdió toda pista sobre qué había sucedido con Jazmín y cuál sería el paso siguiente. Según explica Marisol, la abogada a cargo del caso no volvió a informarles nada, ni el MP y tampoco la Fiscalía de Baja California Sur que, supuestamente, les había otorgado un número directo para comunicarse; nunca les respondieron.

La familia salió en busca de apoyo en la Fiscalía Federal y Estatal de Guadalajara, sin embargo, refirieron que no se podía hacer nada en el caso.

¿Y para este punto en qué quedó la investigación?: «Nos dijeron que tenían un sospechoso y que la carpeta estaría abierta como feminicidio». 

Pieza 2: El encuentro con la prensa amarillista y el subprocurador

La familia Rosales permaneció más de una semana sin saber mucho, sólo la versión brindada por el MP y la angustia del presunto sospechoso. 

El caso dio un giro: «¡Salvaje y violento feminicidio en Los Cabos!», se leía en un post informativo de Facebook de «Despertar Cabeño«. 

En el cuerpo del artículo, se encontraron detalles que, siquiera, la misma familia sabía. 

Se incluían fotos de Jazmín y detalles particulares sobre sus lesiones, como por ejemplo, una lesión en la nuca, golpes en la boca, huellas de golpes en ambas manos, heridas en el tórax, heridas profundas en los codos entre otras. 

Fue así, que la familia se enteró, por primera vez, de las presuntas lesiones que tenía Jazmín.

Pero este primer encuentro con la prensa, no sería el último; 10 días después, es decir, el 20 de agosto, a Marisol le llegó la liga de un artículo: El Caso Jazz fue suicidio.  

«Ese 20 de agosto leí la nota de un periodista que decía que, según información de la FGR, mi hermana se había arrojado de un puente y que era suicidio. Nosotros ni siquiera teníamos esa información, la abogada no nos dijo nada, ni siquiera pudimos entrar a su casa, las pertenencias (de Jazmín) están incautadas (…) Nadie nos dijo nada».

Así, el caso comenzó a zanjarse cada vez más y la versión del presunto suicidio se convirtió en el argumento primario de las autoridades californianas. 

Hasta esta primera entrevista, Marisol explicó a Cimacnoticias que la familia se preparaba para una reunión con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Dando seguimiento, la agencia contactó nuevamente a la familia Rosales y el resultado ya se anunciaba: «Están empeñados en decir que es suicidio«. 

Pieza 3: «Heridas autoinfligidas»

¿Realmente hubo perspectiva de género en esta reunión?, ¿qué tanto les mostró la FGR a la familia Rosales? Marisol refirió en una segunda entrevista con Cimacnoticias que, efectivamente, se les mostraron videos de Jazmín saliendo de casa o imágenes de su auto, más no existe secuencia y tampoco videos concretos que muestren los 2 episodios más importantes:

  • Jazmín deambulando por la carretera. 
  • Jazmín arrojándose del puente.

«Los videos que nos mostraron, son por ejemplo el coche de mi hermana saliendo de la casa, después corte y otra imagen. A mí lo que me llama la atención, dice, Marisol, es que las autoridades dicen que el golpe en su cabeza inflamó rápidamente su cerebro, pero Jazmín manejó y maniobró el auto con mucha precisión al salir de la casa. No se aprecia si ella venía sola en el auto y tampoco hay ningún video donde se vea que ella se lance del puente», dice la hermana de Jazmín. 

En materia de perspectiva de género, Marisol refiere que cada vez que la abogada señalaba la importancia de la violencia emocional o de otros factores, los presentes pasaban de largo, «como que eso no les parecía«. 

Asimismo, comparte vía telefónica que no sabe mucho sobre los protocolos en materia de género, sin embargo, existe algo que se ha quedado muy arraigada a ella: Se quedaron sólo con sus pruebas científicas y eso fue todo. 

Aunque, este caso fuera suicidio debería investigarse desde la perspectiva de género. Se debe recordar que hace 3 meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación, produjo el documento para realizar peritajes psicológicos en casos de feminicidio, todo, desde una perspectiva de género e interseccional. Se pauta que, las personas investigadoras, siempre deben de reconocer los contextos emocionales, los escenarios de violencia, salud mental y toda implicación colateral que orbite el caso. 

La académica y maestra de derecho de la UNAM Anahy Rodríguez González señaló en el último conversatorio de la SCJN en materia de género que las y los peritos, a la hora de tener contacto con las víctimas, debe tener un enfoque de interseccionalidad, perspectiva de género y de derechos humanos.

No como una política de aditamento, sino más bien, como una herramienta de análisis que arroja a la luz una visión más compleja de los hechos que, bajo otros parámetros «rígidos o científicos», no es vista. Es reconocer las experiencias de las mujeres, sus necesidades, vidas y aspiraciones de forma diferenciada, y a menudo, asimétrica en comparación con sus congéneres: «Sí tenemos que usar las metodologías, pero también, ponernos las gafas violetas para identificar relaciones de poder».

Alrededor de esto, existe un debate profundo entre las y los peritos que consideran esta práctica como poco fundamentada, sin embargo, las especialistas ante la SCJN apuntan a que este trabajo debe desmarcarse de las viejas prácticas y comenzar a ejercerse desde los derechos humanos; no más dogmas en el sistema y más justicia feminista.

CIMAC Noticias

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