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Ciudad de México.- Las tareas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) siempre estuvieron llenas de obstáculos. Desde su llegada a México, en 2015, sus integrantes han sufrido recortes presupuestales, presiones y hasta espionaje. Todo ello complicó su labor: que es la de investigar qué fue lo que le ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Parte de esa hostilidad vino de los elementos del Ejército, que desde su titular al momento de esta desaparición, el General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, se opusieron a que el Gobierno y el GIEI investigaran o, por lo menos, interrogaran a militares.
Los asesores de esa época intentaron transmitir esa incomodidad al actual Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González en 2019. Así lo muestra una carta que le envió Sergio González Gálvez, Embajador Emérito de México ahora fallecido y que fue asesor del “alto mando” de esta dependencia del año 2000 al 2018.
La etiqueta de “alto mando” se usa dentro del Ejército para referirse únicamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. González Gálvez habría sido asesor de Clemente Ricardo Vega García, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos, los “altos mandos” de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
Las notas periodísticas publicadas por el fallecimiento de González Gálvez, el 30 de marzo de 2020, lo describen como uno de los más renombrados representantes del Servicio Exterior Mexicano; alcanzó el rango de Embajador Emérito desde 1998.
En la carta, que SinEmbargo obtuvo como parte de la revisión de los archivos que fueron hackeados presuntamente por el colectivo “Guacamaya”, pueden leerse las alertas a Sandoval sobre algunos de los integrantes del GIEI, exaltando elementos como su nacionalidad y asegurando que en sus investigaciones hay “un sentimiento más de venganza que un deseo legítimo para averiguar qué pasó con los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos”.
La carta catalogada como “Urgente” y “para información exclusiva del General Secretario” fue enviada desde el correo de González Gálvez a la cuenta de correo de asesores de Luis Cresencio Sandoval y se deriva de un artículo publicado en la revista Proceso titulado “Debe investigarse a obstructores de la indagatoria: ex miembros del GIEI”. En el texto se entrevistó a Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes señalaron que “es fundamental investigar a los funcionarios que obstaculizaron y manipularon las pesquisas” y en interpretación del asesor los expertos “abiertamente sugieren que nuestras fuerzas armadas cometieron hechos ilícitos”.
Esta afirmación quedaría acreditada en agosto de 2022, en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que de acuerdo con González Gálvez, se aceptó “por decreto”.
Sobre la CoVAJ, González Gálvez le dice a Sandoval que ésta no debe estar integrada por los integrantes del GIEI porque desde el 27 de abril de 2016 él mismo le enlistó a Salvador Cienfuegos en un memorándum “todos los vicios que caracterizaron la actuación del GIEI en México”, ya que en el convenio con el que se aceptó la llegada de los expertos no se acordó que estos publicaran informes.
Desde que ocurrió la desaparición, a la fecha, los informes del GIEI han sido fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y para poner en duda las versiones oficiales; mientras Jesús Murillo Karam hablaba de una “verdad histórica”, el GIEI de inmediato lo desestimó y así ocurrió en más ocasiones, incluso ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La carta deja ver la molestia por las publicaciones del GIEI y González Gálvez, en su memorándum a Cienfuegos, agregó: “su misión es estrictamente coadyuvar, que según el diccionario de la lengua española significa: ‘contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo” y no crear controversia ni buscar, sin autorización —como lo hizo el GIEI— el apoyo del Papa y del Parlamento Europeo para presionar al Gobierno Mexicano en algunos temas específicos de su trabajo”.
El 9 de julio de 2017, el periódico The New York Times publicó que los integrantes del GIEI fueron blanco de una “tecnología sofisticada de espionaje”, es decir, de Pegasus. En el texto escrito por Azam Ahmed, se detalla que los investigadores sufrieron una campaña de acoso e interferencia que terminó por obstaculizar sus indagatorias sobre el caso de los 43 normalistas.
“Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo”, puede leerse en el The New York Times.
MÁS DETALLES DE LA CARTA
El Embajador Emérito le plantea al General Secretario Cresencio Sandoval una serie de prejuicios contra los investigadores: “A juicio de [Ángela] Buitrago, una dama de origen colombiano y líder del citado grupo que siempre demostró de manera personal su especial hostilidad hacia México y lo mexicano” y más adelante asegura que tiene “controvertidos antecedentes como Fiscal en su país”.
Esos “controvertidos antecedentes” que refiere González Gálvez podrían ser las tareas de justicia de Buitrago hizo en Colombia en donde la nombraron “Fiscal de hierro” por encarcelar a políticos relacionados con paramilitares.
Luis Hernández Navarro escribió sobre ella en 2016 lo siguiente: “Uno de los casos más fuertes que enfrentó fue el juicio a varios militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia por el Ejército en 1986. Ella lo desenterró después de más de 20 años de ominosa impunidad”.
A Carlos Beristain se refiere como “español” y resalta la declaración que le dio a Proceso en 2019: “Al ser cuestionado sobre sus expectativas de que la llamada Comisión de la Verdad por crearse, atienda los señalamientos del GIEI, sobre el supuesto papel de los miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército, con base en Iguala, la noche de la desaparición de los normalistas, Beristain refiere que precisamente esas y otras puertas que se cerraron son las que tienen que ‘desbloquearse’; de lo contrario explica ‘no tendría ningún sentido seguir con las mismas limitaciones que el GIEI tuvo que enfrentar entonces (marzo de 2015 y abril de 2016)’” [sic].
Después señala en la carta los hallazgos del GIEI durante su primera etapa de trabajos en México y que apuntan a que “el exsecretario de la Defensa Cienfuegos, faltó —según ellos— al derecho a la verdad; que el Ejército sabía de los nexos de las autoridades y cuerpos locales de seguridad con el crimen organizado y que la PGR negó el acceso a partes sustanciales del caso Ayotzinapa y a la posibilidad de participar en los interrogatorios a los militares que presenciaron el ataque a los estudiantes en Iguala”.
Los tres señalamientos serían verificados, años después, por la CoVAJ.
Lee el texto original en SinEmbargo
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