Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- El Gobierno de México celebró el Encuentro Justicia Agraria para Mujeres Rurales e Indígenas, con el objetivo de identificar los fallos sistémicos y comenzar a trabajar en el desarrollo de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos agrarios para las mujeres.
En este tenor, es importante señalar que la justicia agraria ha sido una deuda histórica con las mujeres de nuestro país; trabajadoras, más no dueñas de la tierra.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), participaron en esta discusión reuniéndose con mujeres ejidatarias y comuneras de todo el país, encauzando a una conclusión: La desigualdad se mantiene vigente en el ámbito agrario.
Las mujeres tienen un papel fundamental en sus comunidades como administradoras del recurso, trabajadoras, cuidadoras y defensoras del territorio; sus labores son esenciales para la sostenibilidad de la vida, sin embargo, se ven atravesadas por las asimetrías del poder y la feminización de la pobreza.
Sobre esta misma línea Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres refirió:
“La idea es llevar la justicia a todas las mujeres, que tengan la propiedad de la tierra, puedan elegir y ser parte de los órganos de participación agraria, tengan acceso a programas sociales y de financiamiento en las mismas condiciones que los hombres”.
En respuesta a los avances que se tienen en este sexenio, según se dio a conocer, de 2021 a 2024 se realizaron más de 15 mil juicios sucesorios intestamentarios en beneficios de las mujeres en todo el país.
Asimismo, el Gobierno de México refiere que en este sexenio se han aprobado a nivel asamblea un aproximado de 7 mil estatutos comunales con perspectiva de género, esto como parte de una serie de esfuerzos conjuntos para impulsar el programa «Estrategia Integral para el acceso de las mujeres rurales a la tierra, al territorio y al reconocimiento de sus derechos agrarios», vigente desde el 2021.
«Estas acciones garantizan la regularización de documentos y el acceso a la tierra para miles de mujeres, fortaleciendo su seguridad jurídica y autonomía»
Primer punto: Reconociendo el trabajo y la desigualdad
¿Por qué es tan necesario poner la lupa en las acciones que está haciendo el Estado en beneficio de la justicia agraria? Cuando se habla de la justicia agraria, es inevitable no señalar las disparidades que se mantienen vigentes y es que, se debe recordar que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres representan el 43% de la fuerza agraria, por ello, se debe cuestionar: ¿las mujeres tienen el privilegio de acceder a la tierra y de tomar las decisiones ejidales?
Aunque las mujeres cuidan de las cosechas, se hacen cargo del trabajo del hogar y de cuidados y apoyan a sus esposos en el trabajo agrario, no perciben ninguna remuneración por sus jornadas laborales extenuantes. Al no existir un fondo de ahorro, ni una fuente de recurso, resulta en un escenario muy complejo donde ellas no se puedan hacer de un terreno propio para cosechar y percibir una derrama económica directa por su trabajo; las mujeres no son dueñas de la tierra a pesar de trabajarla.
Se debe recordar que la tierra ha sido nombrada el recurso más preciado y con mayor disparidad para las mujeres por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura (PLACA) en su agenda 2030.
«Pero las mujeres heredan la tierra de sus esposos…»
Carmen Diana Deere y Magdalena León, abordan esta problemática en su obra «La brecha de género en la propiedad de la tierra en América Latina», donde se refiere que existe la perpetuación de la precarización a causa de factores estructurales, como el rol de género, la familia como institución y las tradiciones comunales.
Por un lado, refieren las autoras, esto responde a la lógica de la reproducción campesina, donde son los hijos varones -o el único hijo varón- quien usualmente hereda las tierras tras la pérdida del padre. Por su parte, las hijas pueden heredar animales, bienes domésticos o dinero, pero no la tierra; al menos, no las parcelas más grandes.
Entre tanto, son las esposas en viudez quienes ahora dependerán del trabajo de sus hijos que administrará la riqueza de la tierra, a pesar de que, usualmente, sean ellas quienes tengan el conocimiento suficiente para hacerlo, trabajar, administrar y construir el recurso, sus habilidades son invisibilizadas.
«El trabajo agrícola de las mujeres, por ende, tiende a ser invisible, y es considerado simplemente como una “ayuda” a su esposo o como una función secundaria a la función primaria de la mujer que es la de cumplir con el trabajo doméstico.
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La ausencia de la mujer en la agricultura o su invisibilidad y la falta de reconocimiento social a su labor sirven como mecanismo de exclusión de la mujer a los derechos a la tierra. Esta diferenciación de género se refuerza cuando la herencia de la tierra se considera un derecho “adquirido”, siguiendo el principio de que la tierra es de quien la trabaja o de quien la gana» (Diana Deere y Magdalena León).
Así, las esposas no heredan las tierras que trabajaron durante todo su matrimonio y sus hijas, tampoco lo harán, pues se persigue la lógica de que las mujeres jóvenes contraerán matrimonio y el hombre será el responsable de proveer a través de su propiedad de las tierras. Finalmente, Diana Deere y Magdalena León, refieren que existen cinco puntos medulares para entender a qué se debe la baja propiedad de la tierra a manos de mujeres:
- Preferencias masculinas sobre herencia
- Privilegios para el hombre cuando este contrae matrimonio
- El mercado de venta de tierras posee un fuerte sesgo patriarcal que excluye a las mujeres de adquirir propiedades; no son consideradas con seriedad en la venta
- Sesgos sexistas en la comunidad
- Programas del Estado sin perspectiva de género, perpetuado así, la distribución inequitativa de la tierra entre las personas de la comunidad
La justicia agraria: Un arma contra la violencia doméstica
Ahora bien, el poseer una parcela amplia y fértil para las mujeres e hijas, resulta en una lucha monumental contra el sistema campesino, obtener el título como ejidataria o comunera resulta, entonces, aún más complejo.
De acuerdo con información del Gobierno de México en «Desigualdad en Cifras: Las mujeres y el acceso a la tierra, 2020» de los 14.6 mil ejidos y comunidades con órganos de representantes, sólo el 7.4% fue presidido por una mujer en 2019. Un año antes, en 2018, sólo 2 de cada 10 títulos ejidatarios o de comuneras le pertenecían a las mujeres.
Es decir, que el sistema ejidal, de toma de decisiones y repartición de tierra continúa poseyendo una línea intrínsecamente patriarcal. Con esto, advierte el Gobierno de México, las mujeres no son beneficiarias de subsidios, créditos, ni equipamiento.
En pocas palabras, su autonomía y libertad financiera está coptada. Y esta asimetría, trae consigo otro síntoma preocupante: La violencia doméstica, la codependencia y la subordinación.
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Carmen Diana Deere y Magdalena León, refieren en «La brecha de género en la propiedad de la tierra en América Latina», que cuando las mujeres son dueñas de la tierra, participan activamente en la toma de decisiones y poseen propiedades, tienen menor posibilidad de verse atravesadas por la violencia doméstica, pues se encuentran en una posición más autónoma para abandonar a su cónyuge agresor.
Además, advierten las autoras, las mujeres propietarias además de gozar de menores tasas de violencia, también obtienen beneficios durante su vejez, pues al alcanzar la autonomía económica, pueden gozar en plenitud de sus derechos alimentarios, de protección y vivienda, no sólo para ellas, sino también para sus hijas.
Es decir, que hablar de justicia agraria, es también hablar de una revolución que tiene el poder de romper con el paradigma de la feminización de la pobreza de las madres y sus hijas. De esto deviene, que los esfuerzos por cerrar estas brechas deben ser redoblados y prioritarios para el Estado, especialmente, cuando la futura presidenta, Claudia Sheinbaum ha enfocado su discurso de género en las mujeres indígenas y de comunidades rurales; la deuda histórica sigue pendiente y la lucha por el reconocimiento del trabajo agrario de las mujeres se mantiene en pie.
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