Feminicidio de adolescente y su agresora en reclusión: la responsabilidad de una sociedad rebasada por la violencia

marzo 22, 2023
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FOTOGRAFÍA: CIMACNoticias

Estado de México.- El pasado 13 de marzo, una adolescente (a quien llamaremos Mariana por política editorial) perdió la vida en Teotihuacán luego de que su compañera de secundaria la golpeara en la cabeza en repetidas ocasiones. La presunta agresora ya está en reclusión por estos hechos, los cuales pueden considerarse un feminicidio, mientras la familia de Mariana sigue exigiendo justicia frente a la Fiscalía del Estado de México.

De acuerdo con el artículo 325 del Código Penal Federal, para que el asesinato de una mujer sea considerado feminicidio debe cumplir, mínimo, una de estas siete circunstancias:

  • La víctima presenta signos de violencia sexual
  • A la víctima se le infligieron lesiones o mutilaciones degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida
  • Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral, familiar o escolar de la persona agresora contra la víctima
  • Que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima o la persona agresora
  • Existen datos que establecen que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, así como acoso o lesiones de parte de la persona agresora contra de la víctima
  • La víctima fue incomunicada previo a la privación de la vida
  • El cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en un lugar público

En el caso de Mariana se cumplen cuatro de estas características, lo que permitiría hablar de un posible caso de feminicidio. Algunas de estos elementos han sido corroborados por las y los compañeros de la adolescente. Y es que, de acuerdo con amigas, amigos y conocidos de Mariana, la agresión física propinada por Andrea (de quien también cambiamos el nombre) no fue un hecho aislado: Mariana —también de 14 años— llevaba tiempo sufriendo bullying o acoso escolar, por parte de sus compañeros de la Escuela Secundaria 0518, una escuela anexa a la Normal de Teotihuacán. 

Pero Andrea no era la única detrás de estas agresiones constantes: en casos como estos, la complicidad de compañeras y compañeros también juega un papel central. Así lo comprueban los gritos que se escuchan en ese video revictimizante donde se puede mirar a Mariana intentando defenderse de los golpes de su compañera. “Dale” y “pégale en la cara” son algunas de las frases con las que las y los adolescentes incitan a Andrea a aumentar el nivel de violencia contra su excompañera en esa pelea del 21 de febrero.

Pese a esta complicidad, la única persona que está siendo procesada hasta este momento es Andrea. La menor se encuentra detenida en el Centro de Internamiento para Adolescentes «Quinta del Bosque», en el Estado de México, donde podría pasar hasta cinco años de su vida. Cinco años en otro de los centros penitenciarios en México pese a los cuales, los niveles de violencia no ceden en el territorio nacional.

El caso de Mariana y la falta de prevención

Omar, el hermano de Mariana, ha declarado frente a medios nacionales que lo sucedido con su hermana pudo haberse prevenido si las agresiones que vivía en las aulas se hubieran atendido correctamente. Aquí, quienes debieron haber tomado las medidas correspondientes eran las autoridades escolares. No obstante, fue apenas este 17 de marzo (a casi un mes de que comenzara a difundirse el video de la pelea entre Andrea y Mariana) que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se posicionó al respecto.

En un tuit que no puede considerarse un comunicado oficial, la institución externó su solidaridad con la familia de Mariana y reiteró que “la escuela no puede ser indiferente o tolerante frente al acoso o bullying”. También subrayó “la importancia de fortalecer los valores e integración de las familias”. Fuera de eso, no se habló de medidas concretas para prevenir este tipo de violencias en las escuelas.

Lo anterior habla de una falta de políticas preventivas que no es exclusiva de las instituciones educativas. En diversas ocasiones, organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR) han hecho énfasis en la falta de programas que prevengan la violencia contra las mujeres para evitar las tantas agresiones que derivan en más feminicidios, carpetas de investigación inconclusas y altos niveles de impunidad. 

Pese a esto, a nivel nacional se sigue invirtiendo (y ni siquiera lo suficiente) en medidas de atención a la violencia como la creación de líneas telefónicas de emergencia. Las campañas de prevención en las que se invierte, por otra parte, han demostrado su falta de efectividad: de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de este 2023 se han acumulado un millón 103 mil 359 llamadas de emergencia relacionadas con actos de violencia contra las mujeres.

Aún con esto, en México se sigue optando por el castigo en lugar de la prevención. De esta forma se continúa depositando la confianza en un sistema de justicia punitivo que no garantiza una baja en los niveles de violencia.

¿Qué sigue para Andrea?, ¿qué sigue para nosotros como sociedad?

Tal como explica el doctor en Ciencia Social Gabriel Tenenbaum Ewig, el sistema de justicia del tipo penal que varios países mantienen hasta el día de hoy está basado en diversas contradicciones. Él destaca tres de estos aspectos en su tesis doctoral Infracción y castigo: Los procesos de normalización para adolescentes con medidas en libertad en la Ciudad de México y Montevideo.

En primer lugar, Tenenbaum destaca que la severidad de un castigo no se traduce como un mayor control del delito. En este sentido, afirma que el castigo no controla la delincuencia sino que es una simple reacción de represión; con el castigo no prevenimos ni reinsertamos a alguien en la sociedad, simplemente le imponemos una pena por sus actos. 

Finalmente, Tenenbaum señala que el encarcelamiento no evita la reincidencia delictiva. Así, al solo castigar y no reeducar, el sistema judicial mexicano no está garantizando la no reproducción de la violencia. Peor aún: se fomenta la sobresaturación de penales y cárceles donde las poblaciones están expuestas a violencias físicas y psicológicas por parte de las instituciones. 

Pese a esto, en el caso de Mariana se ha optado por aplaudir este tipo de justicia, sin echar una mirada profunda a los factores detonantes de sus acciones. Estos detonantes han sido identificados por la doctora en Literatura Hispánica Lilia Leticia García Peña.

Según explica la investigadora en su ensayo “Infancias vulneradas: violencia infantil, irrepresentabilidad y normalización en Sylvia Aguilar Zéleny, Marina Herrera y Emiliano Monge”, detrás de las acciones de Andrea y de miles de adolescentes agresores se encuentra la normalización de la violencia que lleva décadas instalándose dolorosamente en la República Mexicana.

A lo largo de todo este tiempo, la violencia ha vulnerado a niñas, niños y adolescentes y ha transformado paulatinamente las dinámicas en las que se desarrollan. A esto se suman, además, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida de diversos sectores de la población. De igual manera, García Piña focaliza el deterioro de las instituciones de seguridad (llámese policías, fiscalías, Guardia Nacional…) y la constante apatía social que ha hecho que casos como los feminicidios en Ciudad Juárez o la gran cantidad de mujeres desaparecidas a nivel nacional pasen desapercibidos.

Todos estos factores, junto con la expansión de la violencia de la delincuencia organizada, han generado una normalización de la violencia en la sociedad. Las consecuencias son palpables y se observan desde niños que han adoptado el sicariato como un juego hasta el hecho de que —de acuerdo con Leticia García— .

Sin embargo, esta complejidad detrás de casos como el de Mariana permanece invisible ante la individualización de la violencia. No se entiende que el contexto turbulento por el que atraviesa México está metiéndose en cada rincón de la sociedad. Tampoco, que castigar es insuficiente: si el Estado sigue sin prevenir todas las formas de violencia, entonces las infancias y adolescencias estarán condenadas a repetir aquello que ya se reproduce descontroladamente en las calles del país.

CIMAC

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