Redacción El Coahuilense
ACAPULCO. Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal de Guerrero, revocó la solicitud de licencia que hizo el pasado 14 de febrero al Congreso local para permanecer en el cargo.
“Informó al público en general que con esta fecha presenté ante el citado Congreso mi escrito de desistimiento de la referida petición de licencia”, expuso Valdovinos Salmerón a través de un comunicado.
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La funcionaria señala que como el Congreso no le informó si su solicitud de licencia fue aprobada o rechazada, no ve un impedimento legal para permanecer en el cargo.
El pasado 15 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado en que informó que Sandra Luz Valdovinos Salmerón se separaría del cargo por seis meses para atender temas personales y familiares.
Más tarde, ese mismo día, circuló un documento en el que Valdovinos Salmerón presentaba su renuncia con fecha del 13 de febrero.
“He decidido presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero a partir del 13 de febrero del presente año”, se indica en el documento.
Guerrero atraviesa una profunda crisis de inseguridad como parte de una guerra entre grupos del crimen organizado, que lo mismo se disputan el control de municipios de difícil acceso en la Sierra, como San Miguel Totolapan, así como pugnan por las ganancias de la extorsión a transportistas en las ciudades más importantes —Acapulco, Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo y Chilpancingo—.
La Fiscalía General de Guerrero no resolvió ninguna de las mil 408 carpetas de investigación por homicidio doloso que abrió en 2023. Sólo 12 fueron judicializadas con un detenido como probable responsable, pero no logró ninguna condena, de acuerdo con una solicitud de transparencia.
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Horas antes, aún sin haber comunicado su regreso al cargo, la fiscal cesó al encargado de la institución, Zipacná Jesús Torres Ojeda, quien se desempeñaba como fiscal de investigación.
En un oficio firmado por Valdovinos Salmerón enviado al ahora exencargado de despacho no se precisan las causas por las que lo separó del cargo.
El documento fue filtrado a medios de comunicación y señala que “con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 139 y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero se le comunica que dejó de tener cualquier vínculo laboral con la Fiscalía”.
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