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Ciudad de México.- El papel de los fiscales transexenales ha vuelto a ser puesto en duda frente a los señalamientos en contra de uno de ellos, el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara —herencia del Gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu—, cuyo desempeño ha sido cuestionado a raíz de las deficiencias en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz.
No es la primera vez que el actuar de un Fiscal, con señalamientos de haber sido impuesto por un Gobernador saliente, enfrenta cuestionamientos. El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que los fiscales “longevos” o transexenales renuncien si no dan resultados.
Si bien la polémica que enfrenta Carmona Gándara es la más reciente, lo mismo ha ocurrido con el Fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, quien fue herencia del panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, hoy detenido y vinculado a proceso por desaparición forzada.
Otro caso es el del Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien ya lleva al menos 13 años en el cargo mientras esa entidad es una de las más violentas del país.
Expertos en materia de seguridad y analistas entrevistados por SinEmbargo coincidieron en que las reformas para transformar a las procuradurías del país y tratar de convertirlas en fiscalías autónomas tenían buenas intenciones, sin embargo, en la práctica no han funcionado porque persiste la corrupción política y el pacto de impunidad en donde los gobernadores siguen usándolas como el “brazo para revanchas políticas”.
“Al final el gran problema que tenemos es que hay un diseño institucional que choca con la cultura organizacional de nuestra clase política. Tenemos a una clase política que viene desde el viejo régimen, es una herencia del viejo régimen que está acostumbrada a hacer un uso político de la justicia, es decir, el problema que nosotros tenemos es del viejo régimen y que no se ha roto el pacto de impunidad que hay en la clase política”, expresó Daniel Vázquez, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Por su parte, Jorge Reyes Peralta, expresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, expresó que “las fiscalías siguen sirviendo a los intereses políticos, de los mandatarios. Siguen siendo el brazo de las revanchas políticas, por lo que estamos muy lejos de alcanzar lo que queremos: una procuración de justicia alejada de la política, cuando los políticos siguen interviniendo en la procuración de la justicia”.
Guanajuato, Morelos y Tamaulipas no son los únicos estados que cuentan con fiscales electos por periodos de tiempo que trascienden a los sexenios. También están los de Puebla, Gilberto Higuera Bernal; de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, y de Tabasco, Nicolás Bautista Ovando.
LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS
Los casos más señalados y considerados como fiscales incómodos son los de Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y, ahora, Morelos.
Uno de los primeros ejemplos de fiscales transexenales que terminan en polémica y hasta en detención es el de Mariano Francisco Herrán Salvatti, el Zar antidrogas en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Herrán Salvatti se convirtió en Procurador de Justicia de Chiapas en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía y luego fue Fiscal General, cargo que ocupó hasta el 31 de octubre del 2007, ya en el Gobierno de Juan Sabines Guerrero.
Herrán Salvatti fue detenido en el año 2009 por cargos de asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público. Duró tres años en prisión y desapareció de la vida pública hasta el año 2017, cuando se conoció que era el abogado del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid (1993-1999), también acusado de nexos con el crimen organizado. En ese mismo año, Herrán Salvati falleció.
Actualmente, el Fiscal de Chiapas es Olaf Gómez Hernández, quien en diciembre de 2020 fue designado al cargo por un periodo de nueve años, tras la renuncia de Jorge Luis Lláven Abarca.
Veracruz
El caso de Veracruz es uno de los más emblemáticos, uno de los que el Presidente más ha mencionado como ejemplo de los estados en donde han llevado a cabo cambios de fiscales, pero que no ha provocado que mejorara la situación en materia de seguridad pública.
“Hay veces que está muy mal la situación de seguridad en un Estado, sale el Fiscal o Procurador y las cosas mejoran, y se puede probar, el caso de Veracruz. Estaba mal, mal, mal. Salió y desde luego hubo muchos cambios, pero es notorio que cambió la situación de seguridad”, expresó el Presidente el 19 de octubre pasado.
Jorge Winckler fue elegido como Fiscal General en la entidad por el anterior Congreso, entonces de mayoría panista y priista, a finales de 2016 y por nueve años, cuando aún Miguel Àngel Yunes Linares era Gobernador. Los críticos lo consideraron no sólo una imposición, sino una jugada política del mandatario local para cubrirse la espalda.
En mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación en la que señaló que Winckler y el Fiscal para Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, habían cometido actos de tortura y tratos crueles en contra de una persona inocente:
“Es aterrador pensar que las autoridades encargadas de protegernos y procurar justicia cometen este tipo de delitos”, pronunció el organismo.
En diciembre de ese mismo año, en su campaña a la gubernatura, el morenista Cuitláhuac García señaló al exfiscal de Veracruz por sus supuestas ligas con el crimen organizado y por su parcialidad a la hora de juzgar delincuentes, lo cual influyó en la escalada de violencia en la entidad, que heredó el panista Miguel Ángel Yunes, esto fue luego de la matanza de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de agosto de ese año.
En marzo de 2020, fue separado definitivamente del cargo luego de que el Congreso local aprobó por mayoría un Proyecto de Punto de Acuerdo que establecía que no cumplió con las tareas designadas en la Constitución para el cargo desde su nombramiento. En pasado 25 de julio, Jorge Winckler fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de estar prófugo de la justicia por más de tres años.
Guanajuato
El Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre es otro de los ejemplos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado para reprochar la permanencia de los fiscales transexenales y que siguen sin dar resultados.
Carlos Zamarripa es un policía que se formó desde muy joven en la Fiscalía estatal de Guanajuato cuando era Procuraduría, recorrió casi todos los cargos para hacer una carrera policiaca en la entidad que lleva al menos de 30 años gobernada por el PAN y que, a pesar de los señalamientos en su contra y presiones desde Palacio Nacional, mantiene el respaldo y apoyo del actual Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para mantenerse en el cargo.
Zamarripa Aguirre fue nombrado Procurador General de Justicia en febrero de 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva. Posteriormente, el entonces Gobernador Miguel Márquez Márquez lo ratificó con el argumento que “había hecho un buen trabajo” y que tenía enormes calificaciones en instancias internacionales, sobre todo en agencias norteamericanas, como el FBI y la DEA.
En 2018, el actual Gobierno de Diego Sinhue nuevamente lo ratificó y en el año 2019, en medio de manifestaciones y severas críticas, Zamarripa fue propuesto y designado como primer Fiscal de la entidad, con una duración de nueve años en el cargo.
Tamaulipas
Irving Barrios Mojica, mejor conocido por orquestar el llamado “michoacanazo” —como se conoce a la captura de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez de Michoacán que luego fueron absueltos del delito de narcotráfico, cuando era Ministerio Público del Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa— es otro de los llamados “fiscales carnales” que también han sido exhibidos en las conferencias matutinas del Presidente.
Fue en octubre de 2016 cuando el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, ahora con investigaciones abiertas en su contra por lavado de dinero, nombró al ahora Fiscal como Procurador General de Justicia del Estado. Dos años después, en diciembre de 2018, el Congreso de Tamaulipas lo designó Fiscal por un período de siete años, mismo que terminan en 2025.
No obstante, en junio de 2021, el Congreso de Tamaulipas, entonces de mayoría panista, aprobó un dictamen para ampliar el periodo de Barrios Mojica hasta el año 2027 y además le dio poder para proponer a los fiscales especializados, con lo que deja al margen de esa decisión al nuevo Gobernador, el morenista Américo Villarreal.
Sin embargo, la intención de Francisco Javier García Cabeza de Vaca de blindarse dejando a su Fiscal con una “superfiscalía” y con el poder de elegir a fiscales especializados no prosperó porque el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) invalidó en –agosto pasado– las reformas aprobadas en junio por el PAN y el PRI en el Congreso, entre ellas, la que extendía el periodo a Barrios Mojica.
Morelos
Uriel Carmona Gándara fue nombrado Fiscal de Morelos por nueve años. La designación fue hecha por el Congreso de Morelos con un total de 22 votos a favor el 15 de febrero de 2018, durante el periodo del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien acusaron de imponerlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado para cubrirle la espalda luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades.
Desde la llegada al Gobierno de Cuauhtémoc Blanco se ha enfrentado al mandatario, quien lo acusa de estar vinculado con el crimen organizado, ligas que también fueron exhibidos en un reporte de inteligencia naval enviado al Ejército Mexicano y filtrado por el grupo de hackers “Guacamaya”, así como denuncias de simulación frente a casos como el asesinato del activista Samir Flores.
Ahora también enfrenta más señalamientos por el manejo que dio al feminicidio de Ariadna Fernanda López, la joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México la semana pasada y cuyo cuerpo apareció horas después en Tepoztlán, Morelos.
Las acusaciones llevaron al Gobernador Cuauhtémoc Blanco a pedir al Congreso de Morelos su destitución, la cual, fue rechazada por el legislativo la tarde del pasado miércoles. Los diputados determinaron la no destitución porque consideraron que los señalamientos que enfrenta por el caso de Ariadna Fernanda López, son carentes de veracidad y sin pruebas.
No obstante, esa no ha sido la única ocasión en que el Fiscal ha enfrentado un proceso para que lo retiren del cargo. En el año 2018, el Congreso de Morelos trató de removerlo, pero no lo logró y en diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la separación al cargo por incumplir con los exámenes de control de confianza; además, también ha sido acusado de nombrar al Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez, otro colaborador cercano de Graco Ramírez, sin que cumpliera con el mismo requisito de los exámenes de control de confianza.
El caso llegó hasta la llegara a la Suprema Corte luego, que admitió a trámite una controversia constitucional promovida por el Poder Legislativo de Morelos para se definiera si Uriel Carmona contaba o no con fuero.
En marzo pasado, la Corte determinó suspender la ejecución de la resolución emitida por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como su notificación a la fiscalía general de la República, para que esta autoridad se abstuviera de proceder penalmente contra el Fiscal General de Morelos, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional. Además, al analizar el caso, la Sala concedió la suspensión solicitada al establecer que el Fiscal “cuenta con la inmunidad procesal penal federal a que se refiere el aludido artículo constitucional”.
Otros fiscales que también son transexenales son el Fiscal de Tabasco y Puebla, Nicolás Bautista Ovando y Gilberto Higuera Bernal. El Congreso de Puebla ratificó en febrero de 2020, a Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del Estado desde entonces hasta el 25 de febrero de 2027. Fue en septiembre de 2018 cuando Gilberto Higuera, Fiscal Metropolitano, asumió la titularidad de la Fiscalía luego de que Víctor Carrancá renunció definitivamente.
El nombramiento de Higuera sucede en medio de las manifestaciones que desde ayer se llevan a cabo en Puebla por parte de universitarios de la BUAP y la UPAEP, quienes piden que se aclare el homicidio de tres estudiantes de Medicina y un chofer de UBER.
En tanto que, en febrero del año pasado, el Congreso de Tabasco designó a Nicolás Bautista para ocupar el cargo de Fiscal en el periodo 2019-2028.
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