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La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de la Presidencia de la República presentó una impugnación en contra de la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán que suspendió la parte del llamado «Plan B» electoral que promovió la administración de Andrés Manuel López Obrador para que no sea aplicable en los procesos electorales de este año en el Estado de México y en Coahuila.
La Consejería argumentó que “sólo la determinación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general”. Consideró “preocupante” que el ministro Pérez Dayán otorgara la suspensión sin que exista indicio que demuestre una afección irreparable al sistema democrático, como lo determinó en su fallo.
“Los juzgadores, como todas las autoridades del Estado, están obligados a fundar y motivar sus decisiones, por lo que el ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, se lee en el comunicado difundido por la Consejería.
El ministro Pérez Dayán concedió la suspensión en contra de parte del “Plan B” electoral para que no sea aplicable en los procesos electorales que se están desarrollando en el Estado de México y en Coahuila, argumentando que la aplicación de dichas reformas en esos procedimientos afectaría irreparablemente al sistema democrático y los derechos fundamentales.
Consideró que la reforma fue promulgada una vez que comenzó la veda para hacer modificaciones legales en materia electoral.
“Resulta preocupante que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación”, se lee en el documento.
“Por estas razones, el Ejecutivo federal solicitó a la SCJN revocar la medida suspensiva al resultar contraria a los principios fundamentales del Estado de derecho, pues constituye un fraude a la Constitución que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, se separe indebidamente de las reglas del procedimiento”, explicó.
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