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Ciudad de México.- Una mujer de 16 años que se encontraba embarazada fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional (GN) tras un operativo en el que permeó la ilegalidad y uso excesivo de la fuerza. Lo anterior en medio de un contexto en que las decisiones políticas han dado poder a las fuerzas armadas en México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación luego de que la joven de 16 años -con dos a tres meses de gestación- fuera agredida en la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara. El día de los hechos la mujer viajaba a bordo de un vehículo que no portaba placas, entonces los elementos de la Guardia Nacional iniciaron una persecución para lograr que el vehículo se detuviera.
Sin embargo, durante dicha persecución elementos de la GN dispararon a los neumáticos, pero en medio de esta ráfaga la mujer perdió la vida.
Derivado de lo anterior la CNDH inició el expediente de queja CNDH/2/2021/10770/VG, y se realizaron recomendaciones a la GN entre las que se incluyen:
Brindar atención psicológica y tanatológica a familiares de las víctimas.
Que inicie el procedimiento administrativo que corresponda en contra de las personas servidoras públicas involucradas, a efecto de que dicha instancia realice la investigación respectiva y resuelva lo que conforme a derecho.
Se diseñen e impartan, dentro del término de tres meses, cursos sobre el Manual del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, específicamente sobre el uso legítimo de las armas de fuego, dirigido a los elementos de la Guardia Nacional adscritos a la Dirección General de Carreteras e Instalaciones, Estación Guadalajara, que participe en tareas de seguridad pública.
Militarización en México no brindará paz: reiteran organizaciones
Las recientes modificaciones aprobadas por el Senado de la República que encaminan a la militarización del país no benefician a la paz: así lo han acusado diversas organizaciones.
Recordemos que el 9 de septiembre y a más de 12 horas de discusión, el Senado de la República votó a favor del dictamen que desvincula la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que ahora sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, el 4 de octubre, el Senado también aprobó una reforma para extender la presencia de las fuerzas armadas en la seguridad pública de México hasta el 2028.
En este contexto cabe destacar que la organización Amnistía Internacional (AI) señaló que la CNDH ha recibido más de seis mil denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas mexicanas desde el final de 2006.
Lo anterior aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido una serie de resoluciones contra México exigiendo que todas las violaciones de derechos humanos.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha reiterado que la estrategia militar no ha funcionado para disminuir la violencia en México desde sexenios pasados, colocando como ejemplo el caso Ayotzinapa, mismo que evidenció la relación de las fuerzas militares con grupos del crimen organizado y el de la propia Valentina Rosendo Cantú, quien fue golpeada y abusada sexualmente por militares en febrero de 2010.
Al igual que en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, para Valentina Rosendo Cantú, el acceso a la justicia estuvo plagado de irregularidades por parte de las autoridades mexicanas y también del personal médico que la atendió poco después del ataque perpetrado en su contra.
En ese momento el Estado no brindó justicia a Valentina, por lo que en 2019 el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ordenó reabrir el caso y finalmente el 7 de junio de 2018, la Jueza Federal Iliana Contreras condenó a los responsables de la violación a 19 años de prisión.
Estos casos recuerdan que, aún con el paso de los años, siguen perpetrándose agresiones contra la ciudadanía por parte de fuerzas armadas, quienes permanecerán en las calles hasta el año 2028.
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